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Otro gran escándalo de espionaje: ahora son los abogados los que roban secretos
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Iván Gil

Empecemos por los principios

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Iván Gil

Otro gran escándalo de espionaje: ahora son los abogados los que roban secretos

Las informaciones periodísticas que desvelaron la trama de espionaje en Cataluña puso a la vista de toda la sociedad española la generalización de un tipo de prácticas sin encaje

Foto: Un grupo de abogados a la entrada del Parlamento británico antes de participar en una comisión. (Corbis)
Un grupo de abogados a la entrada del Parlamento británico antes de participar en una comisión. (Corbis)

Las informaciones periodísticas que desvelaron la trama de espionaje en Cataluña puso a la vista de toda la sociedad española la generalización de un tipo de prácticas sin encaje moral ni legal. Desde empresarios a políticos, sin importar su condición de aliados o enemigos, sufrieron la invasión de su intimidad por parte de la empresa de espías Método 3. Ayer mismo, la prensa inglesa se hacía eco de un nuevo escándalo de espionaje basado en el robo de datos e informaciones personales.

Esta vez, y sin que todavía se haya tirado demasiado de la manta, los implicados son, oficialmente, una veintena de prestigiosos despachos de abogados. Sin embargo, la lista confidencial entregada a los parlamentarios británicos por la SOCA (Serious Organised Crime Agency) estaba compuesta por 102 clientes que habrían encargado los robos a distintas agencias privadas de espionaje. La pasada noche los máximos responsables de la SOCA fueron presionados para publicar el dosier y responder a otras preguntas sobre las informaciones de las que disponían, ya que los parlamentarios sospechan que existen más detalles sobre otras corporaciones ‘blue-chip’.

Algunos de los diputados británicos que tuvieron acceso a dicho informe ya han revelado que el escándalo puede ser mayor que el de las escuchas telefónicas del rotativo de Robert Murdoch News of the World. Las amenazas del Gran Hermano siempre estuvieron al acecho, pero cada vez son más sofisticadas, a la par que perversas. Y es que entre las prácticas denunciadas se incluyeron acciones de piratería informática e interceptación de conversaciones telefónicas.

A nadie se le escapa que se trata de una golosa herramienta para los abogados, los mejores clientes de los espías privados. Pero, ¿cuáles son los límites, ya no solo legales, sino morales? ¿Dónde está la deontología profesional?

El analfabetismo digital ha facilitado el auge de estas prácticas

Para intervenir las llamadas de un smartphone o crackear los mensajes telefónicos de la aplicación ‘WhatsApp’ ya no hace falta acudir al CNI, por mucho analfabetismo digital que impere entre las generaciones analógicas. Véase el caso de los mensajes sin encriptar del presidente del Gobierno Mario Rajoy con el extesorero popular Luis Bárcenas que hicieron tambalear nuevamente los cimientos del sistema. Muy revelador es también el hecho de que el término encriptación no esté incluido en el diccionario de la RAE.

Muy revelador es también el hecho de que el término encriptación no esté incluido en el diccionario de la RAE

Las primeras filtraciones a la prensa ya hablan de que en la lista de supuestos delincuentes se encuentran principalmente bancos y aseguradoras, además de farmacéuticas y empresas de distinto perfil que espían y recopilan datos confidenciales sobre sus trabajadores y clientes para extorsionarlos o situarse en una situación negociadora ventajosa cuando se dé la ocasión. De momento solo ha asomado la punta del iceberg.

La discusión entre los parlamentarios se está reduciendo a la legitimidad o no de publicar toda la lista y el tipo de casos investigados. Por un lado se defiende el derecho a la información, mientras que por otro se apela a los riesgos que implicaría para la seguridad nacional y la estabilidad del sistema económico de revelar informaciones que pueden llevar a la cárcel a los banqueros más importantes del país y hacer desaparecer la credibilidad ciudadana en las instituciones.

Keith Vaz, el presidente de la comisión parlamentaria a la que se filtró el informe (Commons Home Affairs Select Committee), preguntó al director general de SOCA, Trevor Pearce, por qué la lista está siendo censurada y sugirió que el comité debe publicarla, ya que se trata de algo de interés público. En una carta  Pearce escribió: “Debe ser consciente de que los detalles de las compañías y los individuos que constan en su investigación tienen un impacto en las vidas de la gente cada día, por lo que hay un legítimo interés público en quién ha tomado la decisión de ocultarlo”. Asimismo, Vaz se preguntaba “con qué autoridad y con qué razón esa información ha sido clasificada como confidencial”.

Hasta el momento, no parece que ninguna de las personas que aparecen en la lista negra haya sido encarcelada o imputada, tal y como informó el diputado conservador James Clappison, quien escribió a la SOCA preguntando por esta cuestión, pero sin obtener respuesta alguna. La única versión oficial de esta agencia es que la publicación de la lista podría provocar daños comerciales a las empresas implicadas y violar los derechos fundamentales de los individuos investigados.

Las informaciones periodísticas que desvelaron la trama de espionaje en Cataluña puso a la vista de toda la sociedad española la generalización de un tipo de prácticas sin encaje moral ni legal. Desde empresarios a políticos, sin importar su condición de aliados o enemigos, sufrieron la invasión de su intimidad por parte de la empresa de espías Método 3. Ayer mismo, la prensa inglesa se hacía eco de un nuevo escándalo de espionaje basado en el robo de datos e informaciones personales.

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