Más regeneración, menos lamentos

El secretario de Estado de Cultura no debe ser un lector habitual de Shakespeare, si lo fuera sabría que no conviene generar grandes expectativas cuando se accede al poder. Es más fácil recibir el reconocimiento si uno realiza buenas acciones partiendo de una mala reputación que si siempre ha contado con una buena fama, como nos enseña el personaje de Enrique V: “Una regeneración al relucir sobre mis faltas… atraerá más miradas que una reputación sin mancha”.

José María Lasalle accedió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte precedido por unas declaraciones en las que anunciaba que su llegada iba a resolver definitivamente la situación de indigencia económica de nuestro sector cultural. Todo gracias a una Ley de Mecenazgo que activaría la generosidad dormida de cientos de mecenas, y nos introduciría de lleno en la modernidad más ilustrada. Han transcurrido tres años de acelerones y marcha atrás para que finalmente nos enteremos que la famosa, y tantas veces anunciada norma, se reducirá a un conjunto de disposiciones de incentivos fiscales, de deducciones sobre el impuesto sobre la renta y en el impuesto de sociedades.

El mito de la fiscalidad

La reforma fiscal anunciada introduce importantes novedades: en el ámbito del IRPF, incrementa los porcentajes de deducción general del 25% al 30%, con efectos desde el ejercicio 2016. Introduce el micromecenazgo, estableciendo dos tramos de deducción en el IRPF. En los primeros 150 euros se aplica un tipo del 75%, y en los restantes un tipo general del 30%.

Además, para aquellas aportaciones que permanezcan durante tres o más ejercicios consecutivos por igual o superior cuantía al del ejercicio anterior realizados a favor de un mismo beneficiario, se aplicará un 5% adicional, hasta situarse en un 35%. En el ámbito del Impuesto de Sociedades, también se favorece la fidelización del inversor en cultura, ya que los beneficiarios podrán disfrutar de bonificación adicional de 5 puntos hasta el 40%, en 2016, sobre la ordinaria en éste impuesto que actualmente es del 35%.

Para algunos, estas mejoras resultarán insuficientes. La cuestión sobre las deducciones fiscales a actividades filantrópicas, sin embargo, se reduce a valorar qué es más beneficioso para la sociedad: ¿Obligar a sus ciudadanos a pagar impuestos o permitirles que se deduzcan ciertas cantidades a cambio de donar a organizaciones que disfrutan de determinados exenciones fiscales?

En los dos supuestos se produce un gasto, de lo que se trata es de analizar cuál de ellos genera resultados más positivos para la sociedad. Como declaró William Gladstone en 1863, cuando, siendo ministro de finanzas y del tesoro, intentó eliminar las exenciones fiscales de las organizaciones no lucrativas en la declaración del impuesto sobre la renta: “Es preciso tener en cuenta que las exenciones o deducciones fiscales suponen siempre una decisión de aliviar a A, a costa de B”. Como los ministros de finanzas suelen ser mucho menos populares que las organizaciones no lucrativas, al final la propuesta del ministro no salió adelante.

Por mucho que se quiera vender la idea de que una mejora del régimen fiscal contribuiría significativamente a resolver los problemas de financiación de la cultura no hay que dejarse engañar. No existe una correlación directa positiva entre las ventajas fiscales y el aumento de las donaciones. El régimen impositivo fiscal, en la balanza de motivaciones de los donantes, nunca ha tenido ni tendrá el peso que le conceden, con cierta ingenuidad, el secretario de cultura Lasalle o lobbys como la Asociación Española de Fundaciones.

Otro mundo

La generosidad anglosajona, que se quiere importar a España, no descansa tanto en los incentivos fiscales, que ni son ni han sido nunca tan altos como se dice, sino en un conjunto de factores entre los que destacan: la existencia de una cultura que ha incentivado desde sus orígenes el protagonismo de la sociedad civil y de un puñado de prácticas dirigidas a impulsar la transparencia; el buen gobierno y la rendición de cuentas de las instituciones a la sociedad.

La prueba de que el régimen fiscal en los EEUU no es muy diferente al de España es que las deducciones fiscales a instituciones culturales en los EEUU tienen como límite el 10% de la base imponible (igual que en España), y la propuesta de Michael Royce, director de New York Foundations for the Arts es, simplemente, elevarla al 15% (“Incentives for prívate support”; The New York Times, mayo 2012).

Uno de los últimos informes de la Asociación para el Desarrollo del Mecenazgo en Francia (Admical) muestra que el mecenazgo cultural francés está muy lejos de ese milagro que nos quieren vender: representó un 19% del mecenazgo total (380 millones de euros) en 2010, frente al 39% en 2008 (975 millones de euros). Una caída de 20 puntos en apenas dos años (Le mécénat d’enterprise en France; Admical, octubre 2010). Todo eso pese a la reforma de la Ley de Mecenazgo en el año 2003, que aumentó las deducciones de los particulares al 66% y de las sociedades al 60%.

La importancia del ecosistema

El “fracaso” de la Ley de Mecenazgo francesa, y el relativo éxito que la filantropía tiene en los países anglosajones, nos revela que la generosidad de los donantes y mecenas, en realidad, depende de un conjunto de factores heterogéneos y relacionados, es decir, de un ecosistema que hay que crear y desarrollar bien si se quiere tener resultados. Cada vez existe un mayor consenso sobre la necesidad de identificar y desarrollar ecosistemas que permitan abordar de manera integral los problemas.

Sólo descubriendo las interconexiones entre las diferentes variables que afectan a los problemas y coordinando los esfuerzos entre los diversos actores, será posible diseñar una estrategia eficaz. Si no se identifican adecuadamente las palancas que hay que empujar para desarrollar un ecosistema que facilite la creación de mecanismos de financiación más eficientes en favor de las iniciativas culturales, cualquier intento de resolver el problema estará condenado al fracaso.

Más transparencia, más donaciones

¿Cuáles son esas palancas? Algunas ya las hemos mencionado, pero no está de más volver a recordarlas en el marco de las iniciativas legales que están en marcha. Lo primero que se requiere es contar con instituciones públicas y privadas que ofrezcan confianza a los potenciales donantes/mecenas. Eso sólo se consigue incrementando los niveles de transparencia de las organizaciones y su rendición de cuentas.

Pero la posibilidad de afectar las donaciones no es suficiente. El Museo del Prado y el Museo Reina Sofía son dos de las instituciones que disfrutan de una ley especial que les permite recibir directamente donaciones, pero también son dos de las instituciones que “disfrutan” de órganos de gobierno (patronatos) más condescendientes e ineficaces.

Las fundaciones mal acostumbradas

El nuevo anteproyecto de ley de fundaciones, aprobado a finales del pasado mes de agosto, constituye un intento de mejorar este ecosistema reforzado las exigencias de transparencia y buen gobierno en el sector fundacional. Sin embargo, paradójicamente, ha recibido unas críticas durísimas por parte de la Asociación Española de Fundaciones, que lo ha tachado de intervencionista y controlador. No nos sorprende.

Si uno se toma la molestia de analizar las web de las fundaciones que forman parte de la junta directiva de la AEF y comprobar cuántas de esas fundaciones proporcionan información económica financiera actualizada, empieza a intuir las reticencias de su órgano de gobierno. Únicamente 10 fundaciones de las 26 que forman parte de la junta directiva publican información actualizada sobre sus estados financieros y el informe de auditoría.

Nos encontramos, por tanto, con un sector de organizaciones sociales y culturales acostumbrado a reclamar incentivos fiscales y ayudas, pero muy poco proclive a exigirse y elevar sus estándares de transparencia y prácticas de gobierno. Nuestro sector fundacional (gran parte de las organizaciones sociales y culturales adoptan esta estructura jurídica) es el único sector que no cuenta en la actualidad con un código de buen gobierno, a diferencia del sector empresarial (Código Unificado) y del sector público (Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del estado).

España es de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con iniciativas de este tipo. Estados Unidos es el país en donde las prácticas de buen gobierno están más extendidas. Las iniciativas de autorregulación más importantes son los Principles for Good Governance and Ethical Practices. A guide for charities and foundations impulsadas por el Panel on the Nonprofit Sector. En el ámbito iberoamericano Brasil, el Grupo de Institutos y Fundaciones Empresariales (GIFE) publicó la Guía de las mejores prácticas de Buen Gobierno para Fundaciones e Institutos Empresariales. En México, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) ha elaborado la Acreditación de Indicadores de Institucionalidad y Transparencia (ITT).

En estos últimos años hemos asistido impasibles al saqueo del Palau, bajo la atenta mirada de unos patronos, que no saben, no quieren o no pueden. Hemos mantenido y nutrido las cerca de 40 fundaciones políticas que no rinden cuentas de las ingentes subvenciones que reciben cada año. Hemos presenciado atónitos la apatía de los patronatos de nuestras instituciones culturales más importantes (Museo del Prado, Reina Sofía) y sancionado las 69 fundaciones públicas de la antigua Xunta de Galicia o de Andalucía que, en realidad, constituyen una administración paralela para eludir el control administrativo.

Cabría haber esperado que el propio sector hubiese reaccionado ante estas corruptelas tomando la iniciativa e impulsando actividades de autorregulación en las áreas de la transparencia y el buen gobierno. Lamentablemente, no ha sido así. Quizás ha llegado la hora de dejar de lamentase y regenerarse. Enrique V decidió abandonar a Falstaff y a su cuadrilla y, en poco tiempo, se convirtió en el mejor rey que nunca tuvo Inglaterra. Todavía estamos a tiempo.