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El futuro de la federación motociclista depende del juzgado
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Juan Pedro de la Torre

Historias del paddock

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El futuro de la federación motociclista depende del juzgado

Un conflicto electoral en la Federación Motociclista Española no es algo nuevo. Lo extraño es que las elecciones se desarrollen sin sobresaltos. La lucha es entre Casado y Viladoms

Foto: Manuel Casado, candidato a la presidencia de la RFME.
Manuel Casado, candidato a la presidencia de la RFME.

La paralización de las elecciones a la Asamblea General de la Real Federación Motociclista Española (RFME) devuelve al máximo rector del motociclismo español a tiempos convulsos. Echando la mirada atrás comprobamos que la realidad es que este tipo de conflictos ha sido una constante en los 31 años de elecciones democráticas en esta federación. Cuesta encontrar un proceso que se desarrollara sin sobresaltos. Empezando por la primera elección democrática que desbancó del cargo a Luis Soriano en 1985, tras 18 años al frente de la RFME, para investir presidente al infame Toni López, apartado forzosamente del cargo en 1987 por irregularidades en la gestión económica de la federación. En aquellas primeras elecciones de 1985 fue eliminado de la carrera electoral Pablo Arranz, que recurrió contra el proceso ante los tribunales, y en 1990 estos le dieron la razón, generando otra nueva disputa.

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La primera elección de Juan Álvarez, presidente de 1993 a 2007, tampoco estuvo exenta de conflictos, aunque sus posteriores reelecciones recibieron el beneplácito de una apaciguada Asamblea General. Y la llegada al poder del actual presidente Àngel Viladoms, en 2012, presentó complicaciones, ya que la Junta de Garantías Electorales tuvo que paralizar el proceso en dos ocasiones, y sólo a la tercera se consiguió completarlo sin alteraciones. En todos estos años, sólo Oriol Mauri (1987-1993) y Juan Moreta (2007-2012) accedieron a la presidencia sin disputas, así que la situación que actualmente vivimos con este proceso electoral hay que reconocer que no es un caso singular.

placeholder Àngel Viladoms (RFME)
Àngel Viladoms (RFME)

Un caso judicializado

La situación que ahora se da, con la paralización y suspensión del proceso por orden del Juzgado número 12 de Valencia, saca a la luz una serie de irregularidades que merecen una severa reflexión. El hecho denunciado que desata el conflicto son las presuntas irregularidades en la confección del censo electoral en la Federación Territorial Valenciana de Motociclismo, presidida por José Luis Berenguer, afecto al único candidato que ha presentado su candidatura a la presidencia de la federación, Manuel Casado. Se da la circunstancia de que Casado concurrió en 2012 a las elecciones frente a Viladoms, que en esa ocasión contó con el respaldo de Berenguer. Éste se incorporó a la directiva de Viladoms, pero los desacuerdos entre ambos fueron continuos y Berenguer salió de la directiva. Es interesante ver cómo ha sido este proceso electoral para entender sobre quién recaen las responsabilidades de las posibles irregularidades, si las hubiere.

A la federación valenciana se le acusa de haber inflado fraudulentamente el censo electoral. Para poder ser elector deben concurrir varias condiciones: haber tenido licencia y actividad deportiva en 2015, y contar con licencia en 2016. La confección del censo electoral es competencia de la propia RFME, no de las territoriales, y ésta debe hacerlo público de forma provisional para que se puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas. El 21 de julio fue la fecha en la que se publicó el censo definitivo. Según el artículo 13.4 del Reglamento Electoral, “contra el Censo Electoral definitivo no podrán realizarse impugnaciones de ningún tipo en otras fases del proceso electoral”.

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Es decir, que más allá del 21 de julio no cabía impugnación alguna contra el censo. No obstante, la denuncia de presunto fraude contra el censo de la federación territorial valenciana se produce, a instancias de la Junta Electoral, el 29 de septiembre, por parte del secretario general de la Federación Española, ante la Fiscalía de Valencia, órgano ajeno a las entidades deportivas, en virtud del artículo 16.g del Reglamento Electoral, que contempla como competencia de la Junta Electoral “el traslado a los organismos disciplinarios competentes de las infracciones que eventualmente se produzcan en el proceso electoral”. En este caso, habría de ser el Tribunal Administrativo del Deporte el receptor de la citada denuncia, que debía remitirse por parte de la propia Junta Electoral, no de la RFME.

Además, se da la circunstancia de que para que la Junta Electoral pueda tomar decisiones válidas, como por ejemplo trasladar una denuncia, ha de contar con un quórum mínimo de tres miembros. Pero uno de sus miembros abandonó la reunión donde se decidió enviar la denuncia a la Fiscalía y el acuerdo fue adoptado únicamente por dos miembros, lo que incumple el artículo 17.2 del Reglamento Electoral, y por tanto invalida la decisión.

Posteriormente, el 29 de octubre tuvieron lugar las elecciones, en las que se elegían representantes en tres estamentos diferenciados: clubes (46 miembros), deportistas (26 miembros), y cargos oficiales (8 miembros). La candidatura que promueve Manuel Casado, contó con el respaldo mayoritario en todos los estamentos. En el caso del estamento de pilotos –el afectado por las presuntas irregularidades-, sobre un censo de 1.088 participantes, Casado obtuvo 270 votos frente a los 68 de Viladoms. Como podemos ver, la participación en los comicios es bajísima, inferior al 35 por ciento.

Como ya sabemos, la investigación de la Fiscalía trasladó sus conclusiones al Juzgado número 12 de Valencia, que acordó el 15 de noviembre la suspensión del proceso electoral, que se debía haber culminado el 3 de diciembre con la elección de Presidente y Comisión Delegada, órgano de gobierno de la RFME. Se da la circunstancia que la Comisión Gestora de la RFME, órgano que rige la federación durante el proceso electoral y el único con capacidad ejecutiva para tomar decisiones, no tuvo conocimiento hasta el 22 de noviembre del informe jurídico sobre el que se sustenta la denuncia presentada, casi dos meses después de que ésta se realizara. Casado ha presentado un recurso contra la suspensión, y esta misma semana se ha citado a declarar a los pilotos que, presuntamente, fueron incluidos en el censo de manera irregular. Una de las alegaciones que se presenta es que la reclamación se basa sólo sobre una parte de la Asamblea (26 de los 80 miembros), lo que no da lugar a mora procesal.

placeholder Casado, rodeado de presidentes de territoriales.
Casado, rodeado de presidentes de territoriales.

Amenazan con no hacer carreras del CEV

El conflicto se complica porque al procedimiento judicial abierto se suma la posición de las federaciones territoriales que respaldan a Casado, doce de las 18 que componen la RFME, que han amenazado con no convocar carreras del Campeonato de España en 2017:Estamos madurando la posibilidad de no alojar ninguna prueba de Campeonatos de España 2017 de ninguna especialidad si no se desbloquea la situación y se respeta el resultado electoral, que ha sido abrumador”, decían en un comunicado.

Viladoms replicó asegurando que la actividad en 2017 está garantizada y que el próximo 17 de diciembre la Comisión Gestora se reunirá para confeccionar el calendario y aprobar el presupuesto de 2017. Sin embargo, no está claro que la Comisión Gestora tenga competencias para ello. Según los estatutos, es competencia exclusiva de la Asamblea General la aprobación de presupuestos y calendarios. La Junta Directiva de la federación quedó disuelta una vez convocadas las elecciones, pero no así la Asamblea General de 2012, por lo que la Comisión Gestora no se puede atribuir esas funciones y cualquier propuesta de esta índole ha de someterse a la Asamblea.

La situación de la federación está enquistada. Viladoms defiende la legalidad de sus actos y pretende optar a un nuevo mandato, aunque aún no lo ha manifestado oficialmente, pero sus decisiones al frente de la Comisión Gestora condicionan sin lugar a dudas los acontecimientos. De momento sólo hay un candidato a presidente, y ése es Casado. El Reglamento Electoral establece que quienes presenten su candidatura a los órganos de gobierno y representación de la RFME no podrán ser miembros de la Comisión Gestora, y deberán cesar al presentarse.

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Si Viladoms busca su reelección, debería dimitir. Es legal que siga al frente de la Comisión Gestora porque todavía no se ha presentado como candadito a la presidencia, pero seguramente no es legítimo que obre así, porque desde su actual posición condiciona claramente las elecciones. Lo justo sería que ambos candidatos se encuentren en igualdad de condiciones y que ninguno tuviera influencia alguna sobre los órganos de gobierno durante el proceso electoral, pero las lagunas del reglamento electoral permiten que Viladoms ejerza de juez y parte. Ahora todo queda a expensas de lo que determine la jueza sobre las medidas cautelares impuestas, y es una incógnita si este proceso será breve o no.

La paralización de las elecciones a la Asamblea General de la Real Federación Motociclista Española (RFME) devuelve al máximo rector del motociclismo español a tiempos convulsos. Echando la mirada atrás comprobamos que la realidad es que este tipo de conflictos ha sido una constante en los 31 años de elecciones democráticas en esta federación. Cuesta encontrar un proceso que se desarrollara sin sobresaltos. Empezando por la primera elección democrática que desbancó del cargo a Luis Soriano en 1985, tras 18 años al frente de la RFME, para investir presidente al infame Toni López, apartado forzosamente del cargo en 1987 por irregularidades en la gestión económica de la federación. En aquellas primeras elecciones de 1985 fue eliminado de la carrera electoral Pablo Arranz, que recurrió contra el proceso ante los tribunales, y en 1990 estos le dieron la razón, generando otra nueva disputa.