La medicina JP Morgan y la ruta Banesto para saldar cuentas en Bankia

Da mucha envidia ver cómo en los países desarrollados resuelven en cuestión de días o meses los presuntos fraudes o posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos. El último caso ha sido el de JP Morgan, el banco de inversión estadounidense que ha despedido a tres ejecutivos por originarle un agujero de 2.000 millones de dólares. En menos de 24 horas, su consejero delegado, Jamie Dimon, reconoció el error, que calificó de mayúsculo, admitió llevar a cabo una estrategia de inversión incompetente, y pidió disculpas a sus inversores, que vieron cómo sus ahorros se desplomaban más de un 15%.

Por si fuera poco, el FBI ha abierto una investigación para conocer si el banco ha cometido algún tipo de infracción que merezca la sombra de los barrotes para los responsables, mientras que varios inversores ya han puesto demandas por malgastar activos, enriquecimiento ilícito y provocar pérdidas de miles de millones de capital y de capitalización bursátil. No hace falta recordar  donde acabó un tal Madoff, el cual tres meses después del colapso de su firma de inversión ya vestía el traje a rayas. El banco americano ha despedido a los tres directivos que le han ocasionado un agujero de 2.000 millones de dólares

Aquí, dos semanas después de la nacionalización de Bankia, ninguno de los responsables se ha tomado la molestia ni de dar la cara, de explicar al conjunto de los ciudadanos que pagaremos la intervención del banquito del PP qué ha pasado, de contar con pelos y señales por qué se ha tenido que adoptar tan drástica medida. Al contrario. El expresidente Rodrigo Rato se despidió con un comunicado de prensa en el que decía que su labor había sido excelsa y que, con un par, se otorgaba el derecho a nombrar a su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri.

El sucesor tampoco ha considerado oportuno salir a explicar quién le ha puesto y con qué encargo, no ha tenido a bien detallar cómo está de supuestamente podrida Bankia y su matriz, BFA, y qué futuro espera a los 400.000 banqueros -¿se acuerdan de aquella macabra campañita de publicidad?- que han perdido 2.500 millones de sus santos ahorros, los que metieron en la famosa Oferta Pública de Suscripción (OPS) del pasado verano. Como su antecesor, se ha limitado a fotos oficiales, con una sonrisa con más ocultismo que la de la Gioconda. ¿Qué les debe hacer tanta gracia?

Uno, que duda de todo, interpreta que la risita la provoca el saber que, como dijo Luis de Guindos el viernes de la semana pasada, no se les pedirá ningún tipo de responsabilidades, especialmente al presidente, el señor Rodrigo Rato, y a sus miembros del consejo, los cuales están desaparecidos ¿Dónde se ha escondido Arturo Fernández que días antes de la nacionalización decía que Bankia podía seguir en solitario? Este hombre es el vicepresidente de la CEOE, que Dios nos coja confesados.

A nadie le puede extrañar porque los presidentes y consejeros de CCM, CajaSur, CAM y Banco de Valencia siguen en libertad, disfrutando de la buena calidad de vida que les proporciona la pasta que recibían por provocar la quiebra de todas y cada una de estas entidades. Ninguna autoridad pertinente les ha pedido cuentas más allá del típico expediente del Banco de España para cumplir con la farsa.

Y no será que no tenemos un fantástico ejemplo que poner en práctica si se considera, como se intuye, que más de uno ha llevado a cabo una gestión cuanto menos irregular. ¿Se acuerdan de Banesto? ¿Y de su presidente, un tal Mario Conde? Le mandaron de vacaciones forzadas a la cárcel por provocar un agujero patrimonial de 3.600 millones de euros, similar al que ahora, casi veinte años después, ha aflorado Bankia a la espera de conocerse el boquete real.

Aquella intervención se hizo de un día para otro, se suspendió la negociación de las acciones y en cuatro meses se vendió la entidad a Santander por 1.800 millones. Emilio Botín puso a Alfredo Sáenz al frente de la institución, echó a todos los directivos y aquí paz y después gloria. En el caso de Bankia, todavía no sabemos cuáles son sus constantes vitales -silencio total de los gestores- en el supuesto de que esté viva, ni cuánto nos va a costar  porque el Gobierno ha decidido dar al menos tres años a Goirigolzarri para arreglar el entuerto.

Una concatenación de medidas para eludir cualquier tipo de culpabilidad que soslaya, una vez más, la credibilidad de los inversores en España y el descrédito de la ciudadanía hacia los políticos. No es un asunto de izquierdas o derechas. Tan solo de que el que la hace, la paga, como en JP Morgan, en Banesto o en cualquier empresa de cualquier polígono industrial de España. Más aún cuando el estropicio corre a cuenta del erario público, del bolsillo de todos.

Sean felices