Justicia y banca igual para todos los endeudados

Semana para el recuerdo la que ahora termina, periodo en el que dos de los poderes que sostienen a un Estado democrático han tomado dos polémicas medidas que han exasperado el ánimo, ya de por si atropellado, del sacrificado ciudadano. Por una parte, la Audiencia de Palma de Mallorca ha suspendido la imputación de la Infanta Cristina por presunta corrupción. Por otra parte, el Senado aprobó la Ley Antidesahucios en medio de una oleada de embargos y escraches.

La primera decisión ha encendido el debate sobre la igualdad de todos los españoles ante la ley, ese principio elemental de convivencia que los poderes públicos han vilipendiado a su antojo para provocar el descrédito de la diosa de la balanza. La segunda ha generado una gran controversia porque el Gobierno, que sacó la normativa adelante en solitario, asegura que protege al hipotecado mientras los afectados consideran que a quien se defiende es a los bancos, a los que hipotecan.

Sobre si la justicia se reparte de forma equitativa o parcial, las opiniones son muy variadas. Solo hay que cambiar el dial de la radio para escuchar en la SER que la familia real tiene trato preferente, en Onda Cero que la Infanta es una mártir ingenua del marido y en la Cope que habría que santificar al padre de la víctima y suegro del listillo del yerno. Ustedes eligen.

En relación al segundo asunto, no cabe duda que la banca no se comporta igual con según qué clientes, no imparte la misma justicia a la hora de determinar si un prestatario es un moroso o tan solo un presunto moroso, si al hipotecado se le debe o se le puede dar una segunda oportunidad en función de su capacidad de pago. En este terreno, la arbitrariedad es manifiesta, con unos beneficiarios muy selectivos y unos perjudicados a granel. Las entidades financieras no tratan por igual al que le debe un euro como al que le adeuda 100, injusticia que el Gobierno va camino de corregir

Partiendo de la base inequívoca de que a ningún banco le agrada embargar a ningún deudor, hay casos que ponen de manifiesto que determinados nombres de nuestra quebrada patria tienen trato especial. Así ha ocurrido con ACS, al que BBVA y Bankia, en mayor medida, y Santander y Caixabank, como escuderos,  le refinanciaron en hasta tres ocasiones –entre 2006 y 2012- los créditos por más de 6.000 millones de euros con lo que pagó la ruinosa inversión en Iberdrola. El grupo de Florentino Pérez palmó más de 3.000 millones con esa operación, en la que el activo no cubría ni un tercio del pasivo, pero, ahí lo tienen, disfrutando en el salón de relaciones públicas del Santiago Bernabéu.

Similar privilegio le fue concedido a empresas como Sacyr Vallehermoso cuando le prestaron 5.000 millones para jugarse el pescuezo en la aventura de Repsol. Perdió hasta la camisa, pero como no, los gestores de la constructora siguen gozando de una nueva prórroga hasta 2015. Situación que se repite en compañías como FCC, NH Hoteles, Hesperia, Metrovacesa, Reyal Urbis, Realia, Uralita, Grupo Planeta, Prisa, Cortefiel, Bodybell y tantas otras a las que la banca les perdona la vida porque de lo contrario se las comerían con patatas. Hacen la vista gorda porque lo último que quieren es tener que gestionar una hotelera, una azulejera, un grupo de medios de comunicación o una cadena de perfumerías.

El enojo crece cuando se conoce que las exenciones también se otorgan a apellidos de rancio abolengo, que financiaron sus ansias de grandeza sin rascarse el bolsillo: todo a crédito. Si en la banca hubiera justicia, a la familia Koplowitz ya le hubieran quitado su 50% de FCC (Dios no lo quiera) porque le debe a BBVA y a Bankia unos 1.100 millones de euros cuando su activo apenas vale 500. Le refinanciaron sus préstamos hasta… tic, tac. tic, tac… 2018, para que tengan tiempo más que de sobra para que las acciones suban y se corrija el desfase patrimonial.Nombres ilustres, como los que se sientan en los consejos de ACS, Sacyr, BBVA, Uralita, Prisa, Antena 3 y otras similares disfrutan de bula financiera

No se sabe todavía como los amigos de Florentino Pérez mantienen aún sus participaciones en ACS, que llegaron a comprar en el caso de los Fluxá a más del doble de como cotizan ahora y hasta casi cuatro veces si se toma como referencia el precio al que se pagaban en julio de 2012. Los dueños de Iberostar no tienen nada de qué preocuparse: su fecha de pago será alargada hasta que les venga bien. Lo mismito que le sucede a Manuel Manrique, el presidente de Sacyr, que disfruta del trato preferente de Novagalicia, es decir, de un banco nacionalizado. 

En esta lista de favorecidos se pueden incluir desde López Jiménez, el hombre de confianza del presi de ACS, hasta los Alcocer y los Cortina, los Serratosa, los Del Pino en su día (ahora ya no), Jové y los Benjumea, así como muchas otras grandes fortunas que picaron como cualquier otro común inversor en la trampa del boom del ladrillo y de la bolsa. Los primeros están casi todos salvados. Los segundos están muertos porque a un don nadie que hubiera comprado Iberdrola, Repsol o FCC a crédito le habrían ejecutado en cuanto la garantía de las acciones no cubriera lo prestado.

Por suerte, esta desigualdad va camino de corregirse si el Gobierno obliga por fin a que la banca a gestionar con el mismo criterio al que debe un euro como al que le adeuda 100. Quizás no será un alivio para el ciudadano al que le sigan dejando en la calle porque el desempleo o sus excesos no le permiten pagar su crédito. Probablemente no será un desahogo para ese pequeño empresario al que le niegan cualquier línea de liquidez. Pero al menos será un consuelo al ver que no hay una discriminación insultante. No se trata de ser de ningún partido político ni de ninguna asociación popular. Solo de que las oportunidades y los castigos sean iguales para todos.

Sean felices