Un caso práctico para justificar un ajuste laboral en la Administración Pública

El Gobierno, además de incumplir su programa electoral y decepcionar a sus propios votantes, ha llevado a cabo numerosas reformas con un gran impacto económico. No se le puede achacar falta de determinación.Obligado por la amenaza de bancarrota y laespada de la Comisión Europea, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha metido en cintura a la banca y al sector eléctrico, dos de los lobbys empresariales que durante los últimos treinta años habían disfrutado de un estatus privilegiado.

Sin embargo, si hay algo con lo que le ha temblado la mano al equipo de Rajoy ha sido el ajuste de la Administración Pública, un ejército de empleados a dedo, asesores, utilleros, subalternos y otras lapas de la patria cuya nómina es pagada por una mayoría de ciudadanos que, en general, tiene la sensación de que sobran tres de cada cuatro privilegiados.

Un caso práctico que refleja esta percepción ocurrió hace unos días en un municipio de Madrid. Una persona perdió la tarjeta sanitaria de su hija, por lo que fue el centro de salud de la zona para solicitar una nueva, ya que se trata de un documento esencial para que su niña pudiera ser atendida en caso de enfermedad. El amable señor del ambulatorio le comentó que intentaría hacérsela el mismo para no tener que acudir a la oficina de la Seguridad Social y pagar 10 euros por la renovación por pérdida, una tasa nueva para recaudar.

Un dinero que años atrás parecía pecata minuta, pero que ahora, en la España donde miles de niños no tienen ni para comer tres veces al día, diez euros dan para comprar un kilo de arroz, otro de garbanzos, azúcar y alguna fruta, alimentos básicos que en muchas casas escasea. Sobre todo después de que los Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ana Botella, Artur Mas y compañía hayan duplicado el precio del transporte público, el Impuesto de Bienes e Inmuebles o las tasas de basuras para tapar los agujeros de sus dispendios.

Pero la buena voluntad del administrativo del centro de salud se topó con el sistema informático, que no le permitía solicitarte la tarjeta directamente. Sin otra alternativa, nuestra ciudadana anónima se dirigió a las oficinas centrales de la Seguridad Social, donde se encontró con el habitual panorama desolador de la última semana de julio. Varios funcionarios con los brazos cruzados sin nadie a quien atender.

-¿Qué quiere usted?

- Solicitar la tarjeta de mi hija, que la he perdido

- Pero para eso tiene que pedir un número

-¿Qué número?

- Llame al 90110 65 70y ahí le darán cita

- ¿Pero no me pueden atender ustedes hoy mismo, si tienen todos los mostradores vacíos, no hay nadie?

- Ya, pero es que no le puedo atender sin número

Tras la decepción, volvió a casa y llamó al teléfono que le habían dado, donde le salió el típico servicio autómata que le indica marque 1, 2 o 3 si lo que quiere usted es el turno para un sencillo papeleo o una operación a corazón abierto. Con la cita concertada vía telefónica, nuestra amiga volvió a las oficinas de la SS. Le habían dado para la 1,52 horas. Al llegar allí, la señorita, que recuerda su cara le dice:

- Viene usted a pedir la tarjeta de su hija

- Si, claro

- Muy bien. Pero no se lo puedo hacer. Le han dado un número para una jubilación, no para runa tarjeta sanitaria, por lo que tendrá que volver otro día.

- ¡Cómo! ¿Se está usted riendo de mí? Tengo el número que me han dado por teléfono.

Ante el enfado monumental de la ciudadana, cuya cara se enrojecía por momentos, la asistente le dice que va a intentar solventarlo.”Venga conmigo a ese otro mostrador, que mi compañera se lo arregla”, le conminópara evitar que el intercambio de palabras subiera de tono. Pero la sorpresa fue que al llegar al otro despacho, su compañera de la SS advierteque son las 1,58 horas y que no puede atender a nadie más puesto que a las 2.00 acaba el servicio, las puertas del edificio se bloquean y el ordenador no admite trámites. Literal.

La indignación de la contribuyente alcanzó máximos históricos, por lo que su enojo se convirtió en cabreo monumental Lo que salió por su boca evitamos reproducirlo, pero seguro que está en la mente de muchos lectores que habrán sufrido un trato humillante similar en alguna Administración Pública, donde el término eficiencia no existe y, por tanto, no se exige.

Doy por seguro que entre los 2,58 millones de empleados públicos que pagamos religiosamente el resto de ciudadanos de a pie hay muchos con vocación de servicio, profesionales de carrera que sudaron tinta para sacar su oposición y que van a su trabajo con el ánimo de solucionar problemas en lugar de creerlos. Personas que creen en el concepto anglosajón del funcionario, a los que se conoce como civil servant o sirviente de los civiles. Pero la sensación general es que el relato de este caso práctico es bastante habitual, nada excepcional.

Al Estado le cuesta 3.181 millones de euros la masa salarial del personal que debería estar al servicio público. Una cifra que, pese a haber bajado en 370 millones en el último año por la salida de algo más de 109.000 eventuales, sigue siendo superior a lo que nos gastábamos en nóminas de funcionarios en 2007 (3.056 millones).

Un importe excesivo a todas luces al que el Gobierno tiene que meter mano tal y como prometió antes de irse de vacaciones. Con el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016, un importe que Soraya Sáénz de Santamaría multiplica hasta los 37.700 millones con otras medidas estructurales sobre el empleo público como mantener a cero la tasa de reposición del personal, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.

La vicepresidenta se mordió la lengua al hablar de un más que posible ERE en la Administración Pública, pero los números y el servicio así lo demandan. Nada que no haya sufrido ya el trabajador privado en estos cinco años de ejecuciones masivas de empleados los viernes por la tarde.

Buen verano.