Pongamos la cartera a salvo, que cerramos Garoña

El Sr. Rodríguez, Presidente del Gobierno, sigue deshojando la margarita.

No sabemos todavía cuál será su decisión final. Sin embargo, debería darse cuenta que si clausura la central nos va a costar un dineral a todos. Y como nos lo podemos permitir, seguimos siendo un país de nuevos ricos, pues nada, a perseguir quimeras aunque acabemos ahogados en deudas. Ay, síndrome de Pinocho.

Primero fue el sector privado el que se endeudó hasta las cejas. Ahora, con la política indiscriminada de subvencionar gasto corriente y de cambiar las aceras de sitio, a los mal llamados empresarios que están hundiendo el país o a los caciques de las diferentes tribus que mangonean las cajas de ahorro, el Gobierno está llenando de deudas la Hacienda Pública, a nosotros otra vez. Con tanto papel sobre cubierta, el barco se acabará hundiendo. Estamos doblemente empeñados, con lo que la salida a la crisis será doblemente larga, con brotes o sin brotes.

Y si el Sr. Rodríguez cierra Garoña, la deuda continuará subiendo.

El cierre de la central nuclear costaría a todos los españoles más de 1.500 millones de euros los próximos 10 años…

En el año 2008 la central facturó unos 257 millones de euros; si consideramos un 60 % de beneficio puro y duro y que con el otro 40 % hay más que suficiente para pagar los costes relacionados con el combustible, el mantenimiento y normal funcionamiento de la central y la necesaria modernización, más un beneficio para los dueños de la central –está amortizada-, el resto, al menos 154 millones de euros anuales, deberían ir, de una forma u otra, al bolsillo de todos nosotros.

En pura justicia, esos ingresos deberían revertir en forma de canon al Estado, dejando a los dueños de la central un beneficio razonable pero en ningún momento escandaloso. La razón es simple. En España las compañías eléctricas han estado, y están, tradicionalmente protegidas por el Estado que las ha sacado de los apuros en que se han metido, asegurándoles la rentabilidad aunque gestionasen mal. Por esa razón, desde el momento en que han invertido sin riesgo, de que se han beneficiado de un mercado hiperprotegido, no han tenido más riesgo empresarial que el derivado de la deficiente gestión de algunas de ellas. Por lo tanto, ese beneficio extra correspondería, en buena lógica, a los eternos aseguradores de su rentabilidad y de su riesgo, es decir, a nosotros.

¿Qué se podría hacer con ese dinero? Se podría, por ejemplo, reducir el déficit de tarifa, ese 30% de mayor coste que el precio que estamos pagando anunciado por la comisión Nacional de la Energía y que de momento sigue en un limbo contable, aunque el Gobierno está trabajando duramente para hacernos un mayor agujero, tanto a los bolsillos de las empresas consumidoras, como al de cada uno de nosotros.

…y aumentaría la contaminación y las emisiones.

Si de todas formas el Sr. Rodríguez decide cerrar la central, la alternativa inmediata es la generación de electricidad mediante gas natural, que nos empobrecerá todavía más: producirá una importante salida de divisas para pagar el gas de importación; generará CO₂ adicional que además de costarnos dinero nos alejará todavía más de Kioto; y aumentará el riesgo de abastecimiento. Y todo ello al módico precio de 1.500 millones de euros.

Para ser justos, estos días se ha publicado en la prensa que el cierre de Garoña podría aumentar la tarifa eléctrica hasta un 10 %. Esto no es cierto desde el momento en que el precio final que cobran todas las fuentes de generación excluyendo las de régimen especial es el correspondiente al precio más caro ofertado al pool. Sin embargo, el cierre de Garoña aumentará los costes de generación del país, aunque no tenga una repercusión inmediata en la tarifa.

O podrían alcanzar los 10.000 millones.

La alternativa a medio plazo, tal como lo está planteando el gobierno, es reemplazar los 466 MW de Garoña por una potencia equivalente de energía termosolar - la energía de moda- para beneficio exclusivo de los oligopolios amigos. Entonces, a los anteriores 1.500 millones habría que añadir las primas, según fuentes generalmente bien informadas, de  240 €/MW-h.  El monto a pagar por el Estado –nosotros- con tales primas sería de al menos 800 millones de euros anuales, 8.000 millones de euros en diez años que se sumarían a la cantidad anterior. En total, pagaríamos en diez años cerca de 10.000 millones de euros adicionales. Y aunque usted pueda pagarlo dudo que España, tal como se encuentra la pobre, pueda.

Ese sobrecoste, de momento, tampoco se trasladaría a la tarifa. Pero da lo mismo. En ese traje apolillado llamado España, el agujero lo puede usted tener en el bolsillo izquierdo vía primas o en el derecho vía aumento de tarifas -o llámelo mercado liberalizado, otra quimera para seguir rellenando bolsillos privilegiados-.

Por cierto Sr. Rodríguez, no se entiende que si tanto le apasionan las energías renovables, en su progresismo, legisle usted de manera tan restrictiva. ¿Por qué no permite el desarrollo de la naciente industria, de las pequeñas y medianas empresas, que no por casualidad suelen ser las más innovadoras, en vez de beneficiar, descaradamente, a los oligopolios amigos? Como la reciente publicación del Real Decreto-ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que deja fuera de una manera sibilina y torticera a la mayoría de las empresas potencialmente más innovadoras. Como con la promoción de la energía termosolar para escogidos o con los concursos eólicos solo para unos pocos.

Señores militantes -que no simpatizantes- del antes llamado Partido Socialista Obrero Español. Esa España que encabeza el nombre, otrora orgullosamente, iría un poquito mejor cuándo ustedes dejasen de ser simples convidados de piedra en su centenario partido, secuestrado por los intereses particulares de unos cuantos. ¡Si D. Pablo Iglesias levantara la cabeza!

Esos 10.000 millones de Euros que el gobierno pretende que pasen directamente del bolsillo de los ciudadanos al bolsillo de sus amigos se podrían dedicar a desarrollar de una forma racional y razonable las energías renovables; a fomentar la generación distribuida, esa gran asignatura pendiente en España; la innovación. Y, de paso, a potenciar el desarrollo de muchas pequeñas y medianas empresas. A los auténticos empresarios que cada día arriesgan su dinero y no pueden acceder al crédito reservado para unos pocos.