A walk on the wild side

Todo lo que obtenemos, aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza, ha de ser pagado de una u otra manera. H. Hazlitt.

Tenemos una sanidad pública fantástica, no cabe duda; más kilómetros de autopistas que nadie en Europa; en los de alta velocidad ferroviaria sólo nos supera China y en aeropuertos públicos sin actividad o quebrados no tenemos parangón. De nuestras universidades (51 de las 79 existentes son públicas) salen más licenciados o ingenieros que de ninguna otro país de Europa, a pesar de no contar con ninguna universidad entre las 150 primeras del mundo, aunque toda población española de al menos 50.000 habitantes puede presumir de ser ciudad universitaria.

Todo es un derecho y, como tal, debe ser protegido y financiado con cargo al erario público por cualquiera de las administraciones central, autonómica o local, cuando no por las tres de forma simultánea. Una financiación denominada pública y que no es más que una asignación de recursos privados detraídos coactivamente mediante un sistema impositivo que, a estas alturas, ya es el cuarto más alto de Europa.

¿Es esto una aplicación de políticas neoliberales de las que tanto se llenan la boca algunos? Más bien es una aplicación casi de manual de las políticas keynesianas por los sucesivos gobiernos de la democracia y del último franquismo.

Y entonces, ¿es cierto que, como señala el Gobierno, “no hay alternativas”? Por supuesto que sí, pero exigen replantearnos todo. Desde el modelo de Estado (la clave de la profunda crisis en la que estamos sumidos) al volumen de gasto del Estado central. En una asignación de 137.385 millones de euros siempre hay alternativas. Debemos partir de la base que el dinero es un recurso escaso, y que el coste de nuestra financiación (imprescindible) depende de la capacidad de devolución de esa deuda percibida por los inversores, lo que exige reducir gasto ante el error monumental que supone fiarlo todo a subidas de impuestos en una situación de depresión de la actividad como la actual. En este sentido ya habló Nacho Cardero. Yo les propongo a continuación un paseo por el presupuesto de gastos de la Administración Central. Un paseo por el lado salvaje.

La Corporación de Radio Televisión Española tiene un presupuesto para 2012 de 937,2 millones de euros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dedica 104,2 millones de euros a la cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (programa 144A); el de Interior dedica 110,3 millones de euros a financiar partidos políticos (924M). El de Educación y Cultura, por su parte, da 71 millones al cine, 45 al teatro, 89,7 a la danza, 24,6 a Promoción Cultural, 29,5 a Fomento de Industrias culturales o 5,6 millones a Evaluación Educativa -programas 335C, B, A, 334A, C y 466A-, lo que suma un total de 265,4 millones.

No importa que pueda haber discrepancia con las partidas. Lo que realmente importa es que todos y cada uno pensemos en si nuestro sistema de derechos es viable; y que antes de considerar una partida como imprescindible pensemos si lo es más o menos que un tratamiento sanitario, por ejemplo

El Ministerio de Fomento cuenta con casi 7.400 millones de euros para gastar e invertir. De ellos, 100 millones se van en subvenciones por reducción de ingresos a concesionarias privadas de autopistas de peaje, 58 en subvenciones y apoyo al transporte marítimo y 288 al aéreo (programas 441M, N y O); no entro en la partida de RENFE (850 millones) y FEVE (50 millones). Otros 780 millones son para Promoción, administración, ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda (programa 261N). El programa 441M, de la Sección 32 de los PGE (Otras relaciones financieras con entes territoriales), destina otros 250 millones de euros a subvenciones al transporte terrestre (a los consorcios de transporte de Barcelona y de Madrid, y la Comunidad Autónoma de Canarias). Y 1.782,3 millones de euros se dedicarán a la creación (no conservación) de nuevas carreteras (453B). Asimismo, el programa 451N recoge inversiones en activos financieros (préstamos concedidos, participaciones de capital y aportaciones patrimoniales) por un total de 1.023 millones de euros.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por su parte, dedica 5.662,5 millones de euros en transferencias corrientes del programa de Fomento de la Inserción y estabilidad laboral (241A), básicamente lo que se conoce como medidas de políticas activas de empleo; otros 8,8 millones de euros van al Consejo Económico y Social (912P), 2,5 millones a cooperación para el desarrollo (143A), 5,2 millones a desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas (241N).

El Ministerio de Industria efectúa transferencias de capital por importe de 575,1 millones para reconversión y reindustrialización (422M), 423,5 millones al programa de desarrollo industrial (programa 422B), 507 millones en transferencias corrientes a la explotación minera (423N), 438,1 millones a Coordinación y promoción del turismo (432A), 140 millones de apoyo a las PYMES (433M) y otros 70,8 millones a Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (491M).

El Ministerio de Agricultura podría replantearse al menos 231,8 millones de los tres programas de competitividad, el de desarrollo rural sostenible y las actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático (412C, D, 413A, 414C y 456M). El de Economía y Competitividad, por su parte, destina 489,9 millones de euros a promoción comercial e internacionalización de la empresa (programa 431A).

El Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos está actualmente dotado con 2.322 millones de euros (Programa 929N), mientras que el de Imprevistos y Funciones no Clasificadas cuenta con 1.980,3 millones adicionales (929M)

Por último, las transferencias a diputaciones y cabildos insulares ascenderán este año a 4205 millones (programa 942M de los Sistemas de Financiación de de Entes Territoriales).

Las Relaciones Financieras con la Unión Europea incluyen una partida de 300 millones de Cooperación al desarrollo a través de Fondo Europeo de Desarrollo (943N)

Esta es una opción muy conservadora, en la que no se han tocado partidas a la Casa de su Majestad el Rey, las Cortes generales, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado (que nos cuesta la friolera de 10,1 millones de euros por funciones de Alto Asesoramiento al Estado), el Consejo General del Poder Judicial, ni los ministerios de Justicia, de Defensa, del Interior, de Presidencia, de Sanidad ni en la Seguridad Social. Ni, por supuesto, se ha abordado el desbocado gasto autonómico ni el local. Algo más dura es la planteada hace tiempo por el profesor Rallo.

Sólo de ahí salen más de 23.000 millones de euros, superiores a los 22.104 que el Ejecutivo espera recaudar con la subida del IVA. No importa que pueda haber discrepancia con las partidas. Lo que realmente importa es que todos y cada uno pensemos en si nuestro sistema de derechos es viable; y que antes de considerar una partida como imprescindible pensemos si lo es más o menos que un tratamiento sanitario, por ejemplo.

Esos 23.000 millones serán detraídos en un momento u otro del bolsillo del contribuyente. El individuo es la fuente de esa riqueza, pues de él salen los impuestos que financian todo. Devolvámosle le palabra y la capacidad de decidir.