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La dulce derrota de Monzón a manos del 'amigo' Alierta
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José Antonio Navas

Capital sin Reservas

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José Antonio Navas

La dulce derrota de Monzón a manos del 'amigo' Alierta

La salida de Monzón estaba cantada, pero el ministro Morenés ha tenido que tragar con la solución planteada por Alierta para situar a Fernando Abril en Indra

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Una retirada a tiempo es una victoria y por eso César Alierta ha decidido salir pies pa’ qué te quiero de su aventura en el Reino Unido. Con los british no se juega y la fallida alianza con BT ha dado lugar a una venta forzada de O2 que permitirá a Telefónica (ver cotización) tomar carrerilla en el saneamiento del balance para consolidar su liderazgo imperial con otro tipo de inversiones. La primera no es otra que la incursión en el capital de Indra (ver cotización), que va a permitir aparentemente al Ministerio de Defensa doblar el pulso de Javier Monzón. Al final será Fernando Abril-Martorell el encargado de relevar al presidente de la compañía tecnológica. Una solución que nada tiene que ver con la que habían diseñado los barreneros del llamado ‘clan de los Pedros’ protagonizado por el propio ministro Morenés y su lugarteniente Argüelles en el papel estelar de secretario de Estado.

Hacía mucho tiempo que el mundo cañí de los negocios y las altas finanzas no asistía a una campaña orquestada de tamaña naturaleza para asaltar el trono de un gerifalte del Ibex 35. Después de los episodios empresariales padecidos por Antonio Brufau con Luis del Rivero o Ignacio Galán con Florentino Pérez, la ‘movida’ de Javier Monzón en Indra es quizá el mayor y más convulso conflicto de agencia que se ha planteado entre un socio de referencia y el equipo gestor de una de las grandes sociedades cotizadas en España. Con el agravante de que el empujón lo promovía esta vez el Estado, que con un 20% de las acciones se sentía legitimado para adueñarse de toda la propiedad como si los demás accionistas privados hubieran accedido a la empresa puestos por la Guardia Civil.

La faena de aliño con que Bankia (ver cotización) ha ido soltando lastre de sus participaciones industriales constituye un histórico sarcasmo en el estrambótico caso de Indra. Una empresa nacida del sector público que se las arregló para salir de la garras de la SEPI en 1999 con el amparo de Caja Madrid y los ‘Albertos’, pero a la que el capricho del destino jugó la mala pasada del volver al redil estatal cuando José Ignacio Goirigolzarri se puso flamenco en el verano de 2013 y decidió vender su posición de dominio. Entre el viaje de ida y el de vuelta la entidad privatizada por obra y gracia de José María Aznar se ha convertido en una multinacional de primer nivel en el mercado de las tecnologías de la información con un volumen de ventas hasta los 3.000 millones de euros y más de 40.000 empleados, casi la mitad fuera de España.

Sin comerlo ni beberlo el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, se vio obligado hace año y medio a asumir la custodia de Indra para evitar que el banco nacionalizado cayera en la tentación de transferir sus acciones a un fondo buitre o algún otro inversor desalmado y contrario a los intereses patrios. La compañía es uno de los proveedores tradicionales de sistemas informáticos para el Ministerio de Defensa, aunque lo cierto es que en los últimos años y, como consecuencia de las restricciones presupuestarias, las ventas militares de Indra a duras penas alcanzan el 15% del volumen total de negocio. Así y todo, la consideración de empresa estratégica ha jugado una mala pasada a la compañía que Javier Monzón creó en 1993 a partir de la fusión entre la pública Inisel y la privada Ceselsa de José Antonio Pérez-Nievas.

La declaración de guerra de Argüelles

El pasado mes de julio, y sin mediar de nuevo aviso ni conocimiento previo por parte de la SEPI, el Consejo de Ministros tuvo también la feliz idea de asignar al Ministerio de Defensa una especie de derecho de pernada sobre las participaciones industriales del sector público vinculadas con empresas del sector. Las directrices aprobadas por el máximo órgano colegiado del Gobierno se fundamentan en la necesaria colaboración con otros departamentos ministeriales, incluyendo Hacienda e Industria, pero las huestes de Pedro Morenés decidieron tomar el rábano por las hojas lanzándose de bruces al abordaje de Indra. Morenés llamó a su despacho a Monzón y le conminó a abandonar Indra por la puerta falsa el pasado mes de agosto, provocando el malestar del consejo de administración que se sintió ninguneado por la descarada pose intervencionista del ministro.

Casi todos a una, los miembros del máximo órgano de gobierno de la compañía respaldaron al presidente de Indra en su negativa a ceder el cargo, provocando la consiguiente declaración de guerra por parte del número dos de Defensa, Pedro Argüelles. El secretario de Estado se lanzó en tromba contra Monzón el pasado mes de octubre con una salida de pata de banco en la que desafiaba el espíritu de la ley de Sociedades de Capital y exigía públicamente el alineamiento en primer tiempo de saludo de la empresa tecnológica con la política industrial de su departamento ministerial.

A falta de conocer los detalles de esa hoja de ruta, las declaraciones del secretario de Estado suponían un claro desprecio de los más elementales principios de buen gobierno corporativo, sobre todo teniendo en cuenta que los dos representantes del Estado en el máximo órgano de administración de Indra habían avalado previamente con su voto favorable la gestión de la compañía. Ni el ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ni el más cercano a las tesis ministeriales, Adolfo Menéndez, se han atrevido a levantar formalmente la voz contra Monzón dentro del consejo de la compañía. Una actitud que pone de relieve el alambicado juego de intereses de esa conspiración a mandíbula batiente con que una vez más se ha intentado hacer leña de un árbol que se daba desde hace tiempo por caído.

Craso error porque el presidente de Indra ha resistido como un legionario en su Álamo particular hasta que la alargada sombra de Telefónica ha considerado el momento de hacerse visible en el horizonte de la compañía. Las grandes batallas corporativas de los últimos años han demostrado que hace falta algo más que una participación relativa de control para doblegar la resistencia de gestores mucho más expertos en el manejo de las sociedades cotizadas en España. Desde que Manuel Pizarro patentó su incomparable defensa numantina en Endesa (ver cotización) todo el mundo en este país ha aprendido que el mejor ariete para derribar las fortalezas en bolsa pasa por rascarse el bolsillo con una OPA al por mayor. El 20% sirve de poco si no se tienen posibles para alcanzar el 51% y de ahí la aparición en escena del que fuera presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha.

El ilustre abogado extremeño, que hasta no hace mucho se paseaba por la Casa Blanca con la misma libertad que lo hace ahora por La Moncloa, ha conseguido que Robert Hanson, presidente del fondo británico del mismo nombre, le firme una carta de presentación como tarjeta de visita para hacer llegar hasta el despacho de Ramón Aguirre una oferta por Indra que el presidente de la SEPI se suponía que no debía rechazar. La propuesta se resumía en una inversión de 500 millones de euros para hacerse con un 60% aproximadamente del capital de la empresa líder en el sector español de las tecnologías de la información, incluyendo dentro de esta cuota la participación en poder del Estado.

El plan ‘serrano’ de Hernández Mancha

La operación empezaba así a tomar forma virtual en el plano financiero mientras era impulsada realmente en los ambientes políticos por un grupo nucleado en torno a la figura de Eduardo Serra, el ex ministro de Defensa, antiguo jefe de su ahora sucesor Pedro Morenés. El proyecto ‘serrano’ de Hernández Mancha contaba también entre sus incondicionales a un viejo conocido de Indra, como Santiago Foncillas hijo e incluso había quien señalaba detrás de las mismas bambalinas al dimisionario presidente del Canal de Isabel II, el ínclito Ildefonso de Miguel. Los cazarrecompensas y demás actores de reparto no han escaseado a la hora de dar color y sabor a este asalto a las tres, (por tierra, mar y aire), con que el Ministerio de Defensa pretendía justificar la creación de un gran grupo de industrias militares que satisfaga los intereses de las Fuerzas Armadas.

‘Cosas veredes que te llenarán de asombro’ que decía Don Quijote, máxime en un momento de la legislatura en el que se recomienda a los servidores públicos abstenerse de cualquier ejercicio caprichoso de poder. Además la SEPI no podía vender Indra a pérdidas porque el desplome del valor en bolsa le hubiera obligado a contabilizar minusvalías de casi 100 millones de euros. Por todo eso ha sido indispensable apoyarse sobre las anchas espaldas de Telefónica, la gran esperanza blanca que lo mismo vale para un roto que para un descosido. El desgarro de Defensa en Indra amenazaba con llegar a las entretelas y la llamada a la puerta del siempre voluntarioso Alierta ha terminado por arreglar el desaguisado. Ha sido el jefe de la operadora, con el beneplácito directo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha tomado la iniciativa para sacar a Monzón de su madriguera y situar al frente de Indra a un hombre de su entera confianza, como es Fernando Abril-Martorell.

Con Telefónica en este país todo es más fácil. La primera multinacional española se ha convertido también en el primer poder fáctico que puebla la península carpetovetónica y el hábil presidente de Indra no ha resistido el embate de la tropa aragonesa constituida por el maño ‘special one’ que dirige desde hace quince años la empresa heredera del antiguo monopolio. Monzón intentó primero dilatar el relevo de una manera ordenada hasta la junta de accionistas de junio pero a principios de semana comprobó que sus días estaban contados y lo más que le quedó fue pedir una última voluntad para retrasar hasta el próximo miércoles la salida de la compañía. Ni por esas, Telefónica es mucha Telefónica para andar con malabarismos de última hora y si no qué se lo pregunten también a todos los que han estado haciéndose los dedos huéspedes a lo largo del último año convencidos de que la presidencia de Indra caería tarde o temprano como fruta madura.

Así ha sido en efecto, pero no en el sentido que estaba previsto por el Ministerio de Defensa y su ejército de Pancho Villa. Morenés ha tenido que tragar con la solución urdida por Alierta y que fue certificada el pasado lunes en una reunión a la que asistieron también el ministro Montoro y Juan March, este último en calidad de socio de referencia con el 10% de Indra. Puestos a dejar la compañía en las mejores manos el relevo viene avalado también por la exquisita relación que mantienen Fernando Abril-Martorell y Javier Monzón, dos ejecutivos que han hecho mucha ‘mili’ juntos en la élite empresarial de los últimos años. La llegada de un sucesor amigo es un primer y pequeño consuelo para el destituido presidente de Indra. El segundo y mucho más grande se sustancia a partir de ese ‘finiquito’ de 16 millones de euros que, se pongan como se pongan en el Gobierno, tiene garantizado por la resolución del contrato con la empresa que ha dirigido durante más de 25 años. Está visto que nadie es eterno, pero las penas con pan son menos. Quizá algunos pretendan ahora desmentir a Cela en ese viejo aforismo de que en España quien resiste, gana. Esta vez no se ha cumplido del todo, pero el ex presidente de Indra ha sabido perder y, sobre todo, ha vendido bien cara la derrota.

Una retirada a tiempo es una victoria y por eso César Alierta ha decidido salir pies pa’ qué te quiero de su aventura en el Reino Unido. Con los british no se juega y la fallida alianza con BT ha dado lugar a una venta forzada de O2 que permitirá a Telefónica (ver cotización) tomar carrerilla en el saneamiento del balance para consolidar su liderazgo imperial con otro tipo de inversiones. La primera no es otra que la incursión en el capital de Indra (ver cotización), que va a permitir aparentemente al Ministerio de Defensa doblar el pulso de Javier Monzón. Al final será Fernando Abril-Martorell el encargado de relevar al presidente de la compañía tecnológica. Una solución que nada tiene que ver con la que habían diseñado los barreneros del llamado ‘clan de los Pedros’ protagonizado por el propio ministro Morenés y su lugarteniente Argüelles en el papel estelar de secretario de Estado.

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