Banco Sabadell encargó a Seeliger  y Conde la revisión del equipo directivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que compró a principios de diciembre por el módico precio de 5.000 millones de euros pagados contra las arcas del Estado en un principio y contra el bolsillo del resto de bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Una factura que se encarecerá en 8.000 millones más, que son los que el Gobierno se comprometió a digerir si en el futuro se descubría más basura de la que se veía en esos momentos. Es lo que se llama Esquema de Protección de Activos (EPA).

Lo que descubrieron los auditores de personal de Seeliger y Conde tras recorrerse toda España fue para echarse las manos a la cabeza. Unos directores territoriales, de área, de oficinas, con escasos conocimientos técnicos, poco respeto al cliente y menos ética. Tipos que ahora han sido aniquilados de la nueva estructura directiva y que, eso sí, seguían instrucciones de sus jefes de arriba, un tal Roberto López Abad. Este es un señor que se pasea impunemente por la Explanada de Alicante con sus más de cinco millones de euros en el bolsillo y que el día que 'sedujo' a miles de ahorradores de su caja con la salida a bolsa de sus cuotas participativas –julio de 2008- apenas supo responder a dos preguntas incisivas de algún que otro periodista con ganas de poner al descubierto la trama.

Lo de Bankia es algo similar. Miguel Blesa ordenó a todo director de zona conceder hipotecas a cualquier ser vivo, con papeles o sin ellos, que se acercara a una oficina de Caja Madrid, con contratos laborales de seis meses en las obras de soterramiento de la M-30, sin que los responsables de riesgos pudieran decir ni media palabra. Como premio, nombró al jefe del área de Vallecas, barrio humilde donde las haya en Madrid, director general del banco en Miami con el que don Miguel quería conquistar Estados Unidos.

Atrocidades contra el sentido común que no se acabaron con la llegada de Rodrigo Rato. El exministro tenía una flota de Audi A-8 en el parking de la sede de la institución al final del Paseo de la Castellana que, cuando un invitado le visitaba, pensaba que se trataba del headquarter de Citi en Nueva York. El despilfarro era de un calibre similar al que disfrutaba ese alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ascendido por su buen quehacer a Ministro de Justicia. Y las cárceles vacias…

José Ignacio Goirigolzarri ha ordenado hacer desaparecer todas esas prebendas, empezando por los coches de alta gama, cuyo destino es incierto. Y también ha pedido revisar el contrato de Rato para evitar que “el mejor ministro de Economía de la historia de España” se lleve 1,2 millones de euros en concepto de gratificación por su gestión. El error del presidente vasco es que ha contratado a Garrigues para saber las vías de escape del aspirante a banquero. Garrigues, que dio validez al sueldo de Rato y compañía en diciembre, ahora tiene que justificar que no tiene derecho a la indemnización

Porque fue la propia Garrigues la que validó todos los sueldos y contratos del antiguo consejo y equipo directivo de Bankia. Y en diciembre del pasado año, a la excelsa firma de talentos, la pasta que se levantaban Rato y sus compinches le parecía acorde a los estándares de mercado. Ahora, Garrigues tendrá que decir lo contario para intentar que este señor cargue contra las cuentas del Estado –de todos nosotros- una factura vergonzosa.

Es decir, los pájaros disparando a las escopetas o las zorras cuidando el corral. Axioma que se le puede aplicar a esa presunta asociación que cuida de los intereses de los accionistas minoritarios, AEMEC, que ha contratado a los abogados de Cremades y Calvo Sotelo para denunciar al antiguo equipo gestor de Bankia. Curiosamente, entre los abogados de esa firma estaba hasta hace un mes y medio Manuel Lamela -nadie sabe por qué dejó el despacho dos semanas antes de la intervención del banco-, un consejero del Grupo BFA, presidente del comité de auditoría de Bankia, un político del PP metido a comisionista.

Nada nuevo bajo el sol, aunque decepcionante, porque se suponía que los tecnócratas de Génova  eran unos tipos honestos. Falso. Valga un ejemplo. Que el PP proponga ahora mantener los blindajes en las empresas cotizadas es demencial. Que lo hiciera el PSOE, con un ratio histórico de indocumentados por metro cuadrado, tenía pase. Pero que el partido que defiende el liberalismo ponga trabas para que una compañía pueda ser objeto de una OPA para beneficio de todos los accionistas es para sospechar.

La maniobra, ideada por Soraya Sáenz de Santamaría, es burda como pocas y solo persigue que los presidentes y consejeros de Telefónica, Iberdrola y Repsol sigan en sus poltronas, pagados como pocos –entre 8 y 10 millones de euros por barba-, blindados hasta que Dios los llame a su gloria.  La vicepresidenta del Gobierno se pone a los pies de Alierta, Galán y Brufau tras los fichajes de su marido y otros afines a las chicas de Génova

¿Tendrá que ver que Telefónica haya contratado al marido de Soraya como experto jurista? ¿O Iberdrola a Ángel Acebes e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, como consejeros? ¿O Repsol poniendo de segundo de a bordo al que fuera número dos de Energía en la etapa de Aznar?

¿Quién será el siguiente? Apunten a Rato, que ya está buscando cobijo en Lazard, el banco donde antes trabajaba. ¿Saben quién fue el que diseñó la construcción de Bankia y de BFA a cambio de unas jugosas comisiones? Correcto. Lazard. Tampoco descarten a Endesa, donde ya se encuentran Aznar, Elena Salgado o David Madí, el hombre de confianza de Artur Mas.

Como ven, un país viciado, cuya cura solo está en las manos de los ciudadanos. Sean felices y sopesen rebelarse.