Es sabido que el conocimiento financiero de la población española raya el suspenso más categórico, como demuestran los miles de afectados por las participaciones preferentes de Bankia, La Caixa, Novagalicia, CAM o los bonos convertibles de Banco Santander, BBVA o Banco Popular, entre otros. Un corralito diseñado con conocimiento de causa por los bancos y cajas, incapaces de financiarse entre inversores profesionales, los cuales desde hace años no les fían ni un euro. Ahí estaban los parvos españolitos que picaban con el anzuelo del 7%, sin sospechar que nadie da duros a cuatro pesetas.

Pero sorprende bastante que un magistrado de la Audiencia Nacional también tenga importantes lagunas sobre una materia tan delicada como probar que los consejeros de un grupo financiero como Bankia cometieran delitos que acarrean penas de cárcel. Porque el juez Fernando Andreu ha imputado a 33 miembros del órgano de gobierno del banco nacionalizado, pero ha dejado fuera a los que ejecutaron el atropello a los casi 400.000 incautos que compraron acciones en la Oferta Pública de Suscripción (OPS), una operación llevada en volandas por los medios tradicionales, ahora muy críticos. Es, para entendernos, como si el juez solo llamase a los autores intelectuales del atraco y dejase libres a los que habían entrado en los domicilios a saquear las carteras.

No es que los 33 enchufados de Rodrigo Rato, del PP en gran medida y del PSOE y de los sindicatos en segunda instancia, no se merezcan condena pública, amén de ejemplar, necesaria para purgar a tanto mangante y lo que es peor, a una forma deshonesta de ganarse la vida sin pegar un palo al agua. Pero al letrado habría que exigirle que, como buen profesional, se leyese el folleto de la citada salida a bolsa, en concreto ese apartado donde dice “PERSONAS RESPONSABLES” e Identificación de las personas responsables de la Nota sobre las acciones.

En las páginas 321 y 322 del documento (430 en total), aparecen los nombres que validan el precio al que los títulos se vendieron, empezando por el ínclito Francisco Verdú, el consejero delegado que llegó a Bankia un 16 de junio y, ni corto ni perezoso, firmó el día 29 el folleto que ahora le incrimina, como si en apenas dos semanas le hubiera podido dar tiempo a entender la maquiavélica estructura de la operación. Ni Deutsche, ni JP Morgan, ni Merrill Lynch ni UBS; los que fijaron el precio de las acciones, han sido llamados a declarar por desconomiento del juez.

Por debajo del ya dimitido directivo están los responsables de los bancos que colocaron las acciones, Deutsche Bank, JP Morgan, Merrill Lynch y UBS, como coordinadores de la fiesta macabra, con Iñigo de Areilza Roxas, Manuel Esteve, Oliver Gerald y Juan Monte, en representación de sus presidentes en España, Antonio Rodríguez Pina, Enrique Casanueva, Ricardo Paz y Javier Salaverri. En un segundo escalón también están Barclays (Ignacio Jaime Moreno), BNP Paribas (Ramiro Mato) y Banco Santander (Iñigo Bastarrica), los cuales se repartieron unos 30 millones de euros en comisiones por vender las delictivas acciones. Miren lo que ha pasado con Facebook y sus bancos coordinadores, demandados a las primeras de cambio.

El juez debería leer que estos bancos declararon que habían “efectuado las comprobaciones que, razonablemente, según criterios comúnmente aceptados, han sido necesarias para contrastar que la información contenida en la presente nota sobre las acciones… no es falsa, ni se omiten datos relevantes requeridos por la legislación aplicable”.  Todos miraron para otro lado, incluso cuando, conscientes de que no había demanda para sacar la OPS adelante, alteraron el folleto de la salida a bolsa, con la connivencia de la CNMV, un instrumento legal podrido, que, como ya contamos aquí días antes de perpetrarse el pillaje, miró para otro lado cuando veía a los corderitos caminos del matadero.

Como la conciencia periodística y ciudadana le lleva a uno a colaborar con la justicia a sabiendas del riesgo que se asume al hacer una lista con tanto abolengo, hay que apuntarle al señor Andreu que la OPS fue asimismo certificada por los despachos de abogados de Uría y Menéndez, Davis Polk & Wardwell, Linklaters y Deloitte, como auditor de cuentas. Para que no se sientan ofendidos, es necesario recordar que el mentor de toda la estructura fue Lazard, el banco en el que trabajaba Rato antes de incorporarse a Bankia, la entidad americana dirigida en España por Jaime Castellanos –ex presidente de Recoletos, Marca y Expansión- y Pedro Pasquín, la misma que emitió el informe (fairness opinión) que validó la fusión entre Caja Madrid y Bancaja. Lazard, el banco en el que trabajó Rato y que validó la fusión entre Caja Madrid y Bancaja, fue el que estructuró el monstruo de Bankia y BFA

Sin pretensión de juzgar a nadie, que para eso están los letrados, me temo que todos estos señores se irán de rositas porque el magistrado se centrará en el show mediático que será ver circular por la Audiencia Nacional al exministro de Economía, al presidente de la CNMV, al exgobernador del Banco de España o al auditor de Deloitte. Unos y otros se echarán el muerto con argumentos tan fáciles como que el propio Rato invirtió 240.000 euros en comprar acciones –no se iba a hacer un fraude a si mismo-, que otros consejeros metieron hasta 20 millones, que la Comisión sólo supervisa la documentación que le daba Deloitte, el cual al mismo tiempo le pasaba la que le entregaba el Banco de España. Y dentro de cinco años saldrá la sentencia, que será recurrida hasta que los hechos prescriban como sucedió en los casos de presidentes de grandes empresas de lIbex por todos conocidos.

La noticia sería que algunos de los imputados y escaqueados pagaran por la tropelía. Me temo que no lo verán mis ojos.

Que sean felices