Siguiendo el maravilloso ejemplo de dignidad cívica que nos dio David Thoreau con la práctica de la desobediencia fiscal contra el pago de impuestos injustos, creados y utilizados contra el interés de los ciudadanos, ahora más que nunca se hace indispensable acabar con la partidocracia de la mentira y la corrupción. Y hacerlo mediante una acción ejemplar de abstinencia fiscal contra el enriquecimiento sin causa de las oligarquías políticas y financieras, a través de unos impuestos creados y una deuda asumida para defender sus intereses, y que sean ellos quienes devuelvan esta deuda o respondan de las consecuencias de su impago.

Durante los últimos años el pueblo español está siendo sometido al mayor expolio fiscal en términos de PIB de toda su Historia. Una parte significativa de estos impuestos injustos y de la deuda contraída, que supera ya todo imaginable –121% del PIB  según el Protocolo de Déficit Excesivo y 165% de deuda total sobre el PIB, ya que el producto interior bruto de España no es el oficial de 1,02 billones, sino alrededor de 800.000 millones, por lo que utilizar el PIB oficial  es una ficción, como ocurría con Grecia entes de la crisis– y que será la ruina de las generaciones futuras, lo ha sido en claro detrimento y perjuicio de los intereses de los ciudadanos y, lo que es infinitamente peor, de la unidad de la nación española.

En la España del Siglo de Oro, fue la Escuela Cuantitativista de Salamanca, con Francisco de Vitoria al frente, quien afirmó que la alteración de la ley de la moneda era un delito capital merecedor incluso de la pena de muerte del monarca, porque era “robar el dinero en sus bolsillos a los pobres”, algo equivalente a la exacción fiscal injusta y a la deuda ilegítima actuales.

Impago de deuda ilegítima y condena de los responsables

El concepto de deuda ilegítima es algo perfectamente definido en la doctrina y fácilmente identificable en la práctica. Según la interpretación más aceptada del jurista ruso Alexander Sack, una deuda ilegítima no obliga a la nación. Es una deuda del régimen, una deuda personal del Gobierno que la ha contraído, porque no cumple los requisitos esenciales de una deuda legítima, como sería haber sido contraída en beneficio exclusivo del pueblo. Además, “si el acreedor conoce que dicha deuda se está empleando en actividades contrarias al interés general –como es el caso del BCE–, ha cometido un acto hostil contra los ciudadanos de ese país y, en consecuencia, no puede esperar que la deuda le sea devuelta”.

España no está obligada al pago de esta deuda y, si lo hace, es por la maldad de los gobernantes, que prefieren cometer un delito de lesa patriaLa mayor parte de esta deuda ilegítima ha sido financiada por el BCE, siendo inconcebible que se haya desentendido del destino de sus ingentes préstamos, sabiendo que España ya no está en condiciones de soportar ni un solo euro más de deuda. Sin embargo, siendo perfectamente consciente del despilfarro y de la corrupción generalizada con que se estaba utilizando el dinero de la Eurozona, no ha hecho absolutamente nada, porque buena parte de ese dinero ha ido destinado al mal llamado “rescate bancario”, es decir, a saldar los préstamos contraídos por las cajas de ahorros controladas por políticos irresponsables o corruptos, con entidades financieras alemanas, francesas y holandesas, cuya actuación en el control de riesgos fue nula, concediéndolos con una insensatez pasmosa.

Esa actuación del BCE –y la más específica de los 40.000 millones otorgados por Bruselas para ese fin y con el aval del Estado español– ha sido un acto premeditadamente hostil contra el pueblo español, por lo que España no está obligada al pago de esta deuda y, si lo hace, es por la maldad de los gobernantes, que prefieren cometer un delito de lesa patria antes de servir al interés de los gobernados. Son las entidades financieras que los han recibido las responsables de su devolución y, si no pueden hacerlo, que no podrán, ese es un tema a resolver entre ellos y los acreedores. El rescate bancario indiscriminado, sin pararse ni un segundo a analizar qué entidades eran rescatables y cuáles no, ha sido un acto político, aparte de único en el mundo, radicalmente contrario a los intereses de la nación y de los ciudadanos, un verdadero delito de lesa patria.

Los depósitos de hasta 100.000 euros de las entidades que deberían haber sido cerradas estaban más que garantizados por la venta de los activos de las mismas. Lo que no estaba garantizado, y jamás se debió pagar con dinero público, eran los préstamos insensatos de las entidades alemanas, francesas y holandesas. Nadie lo ha hecho en ningún país del planeta. Han expoliado sin contemplaciones a los pequeños bonistas y preferentistas españoles, que fueron engañados por las entidades financieras respecto a la seguridad de su inversión, pero han devuelto todo a quien no fue engañado, sino un irresponsable absoluto concediendo préstamos sin las garantías debidas.

Ese era un problema entre los necios y corruptos que habían malversado el dinero y los insensatos que se lo prestaron. España ni está obligada ni debe asumir jamás la deuda derivada de esta tropelía. Son los responsables políticos del Gobierno, del BdE y del FROB, quienes deberán dar cuenta de sus actos ante los acreedores y ante la justicia. Exactamente igual a como ha ocurrido en Islandia, cuyo proceso de impago de deuda ha sido aplaudido con entusiasmo por el FMI, ante la desesperación de los bancos ingleses, que son quienes han perdido todo, no los islandeses.     

¿Es acaso deuda legítima aquella contraída para seguir financiando obras faraónicas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos una vez que los ingresos se habían desplomado?Aparte el tema de las pérdidas que se deriven del rescate bancario, que superarán de largo los 100.000 millones, la totalidad de la deuda contraída a partir de 2008 está bajo sospecha. Y estamos hablando de más de 500.000 millones de euros. ¿Es acaso deuda legítima aquella contraída para seguir financiando obras faraónicas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos una vez que los ingresos se habían desplomado? ¿Es acaso deuda legítima aquella contraída para seguir enchufando a cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios, todos ellos absolutamente inútiles, cuando ya no había dinero para pagarles? ¿Y contra quién iría el impago? Contra el BCE, que tan irresponsablemente facilitó la financiación para este despilfarro masivo sin control alguno para favorecer los intereses de Alemania y Francia, aun a costa de arruinar a España para generaciones. 

Bien, ¿y quién llama a filas ciudadanas para el impago de la deuda ilícita? Dado el grado de sumisión del pueblo español, incapaz de reaccionar ante una situación que destruye no sólo su futuro, sino sobre todo el de sus hijos, donde incluso muchos van a legitimar con sus votos a la chusma que son los dos grandes partidos –uno llamado nacional y otro abiertamente antinacional–, un gesto de tanta dignidad sólo cabe imaginarlo en los nuevos partidos. Unas formaciones que dicen querer distanciarse de la partidocracia, incluyendo en sus programas el compromiso firme de que, en caso de llegar al poder, analizarán con lupa la deuda contraída en claro perjuicio al pueblo español, y que, una vez identificada la parte ilegítima de la misma, no será devuelta y los responsables procesados.  

“No hay nada que sea bueno o malo”

Hay, sin embargo, una parte de esa deuda ilegítima que merece una mención aparte. La deuda contraída para financiar la destrucción de España y, en concreto, la deuda con la que se financia el funcionamiento de la Generalitat de Cataluña en la parte correspondiente a su escalada secesionista, como TV3 , las embajadas, el CAC y todo el aparato de agitación y propaganda destinado a este fin. La pasada semana Artur Mas presentó el nuevo aparato fiscal de una Cataluña independiente, donde abriría 54 oficinas y contrataría a 7.000 personas con el dinero de los españoles.

Son los responsables políticos del Gobierno, del BdE y del FROB, quienes deberán dar cuenta de sus actos ante los acreedores y ante la justiciaY aquí hay que referirse muy especialmente al relativismo moral con que se pronunció la  pasada semana Mariano Rajoy, que resulta sencillamente pavoroso. “No hay nada que sea bueno o malo, depende”. Ha demostrado carecer por completo de ideales, salvo el de ocupar los lugares que aparentan el poder. Decir que no se cree en nada es decirle a los gobernados que son unos imbéciles si creen en algo. De ahí a la corrupción no hay espacio que salvar y se entiende a la perfección su falta instintiva de amor a la Patria. No tiene siquiera el instinto territorial de los animales, es peor que un bruto: en su caso se trata de una bestialidad moral. Ese es Rajoy.

En referencia al desafío secesionista, Rajoy dijo que “unos dicen que moverse es bueno y otros que es mejor no moverse”. Todo es bueno si produce el bien o evita el mal, pero Rajoy no quiere promover el bien. Si ese fuera el caso, no habría tolerado ni un solo día de vigencia en Cataluña de un presidente que declara permanentemente su decidida voluntad de separar a dicha comunidad del resto de España. La voluntad de cometer un delito de sedición es un mal absoluto y no moverse ante esa realidad pudiendo y debiendo hacerlo un mal absoluto aún mayor.

Permitir que los separatistas catalanes cometan impunemente graves delitos previstos en el Código Penal, que se jacten de no cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, que discriminen y rechacen todo lo español, no sólo es un mal absoluto desde el punto de vista del sentimiento nacional, sino un claro quebrantamiento de los principios universales del derecho. Según la jurisprudencia, “quien calla otorga, si puede y debe hablar”. Si Rajoy puede y debe y, sin embargo, calla, está otorgando, con su silencio y con su inacción ante la flagrantes violaciones de la ley, la independencia de Cataluña que proclama Artur Mas.

No hay antecedentes en la historia europea de un rey o presidente de la República que haya permanecido impasible ante las palabras y los hechos tendentes a destruir la nación. Artur Mas ha pasado ya a la historia de la felonía acompañado de Rajoy y con los mismos títulos de honor, con absoluto desprecio a su deber de proteger el bien absoluto que le ha sido confiado, España. Y volviendo al tema de desobediencia fiscal al pago de lo indebido, ¿acaso un gobernante puede exigir a su pueblo que pague impuestos y asuma una deuda ilegítima para autodestruirse?