Propuestas para sacar de la crisis a España (y III)

En vísperas de la invasión de Irak, Sadam Hussein sometió su liderazgo sobre la nación a un referéndum. Más del 99% de la población apoyó su continuidad. Obviamente ningún lector dio crédito a la naturaleza democrática de semejante plebiscito. Sin embargo, los líderes de los principales dos partidos de España tienden a ser elegidos por porcentajes superiores al 90% de los “compromisarios”, generalmente por el feudal sistema del “dedazo”, tan criticado en el México Priísta. La Constitución española obliga a que los partidos políticos tengan carácter democrático. Ahora bien ¿lo son en realidad o son tan democráticos como la malograda República Democrática Alemana?

 “Es fundamental pensar como nación, no como facción”, afirmaba en mi anterior columna como requisito previo para poder dinamizar la sociedad en búsqueda de soluciones ante las gigantescas proporciones de la crisis. En sus amables comentarios del foro, se han vertido dos críticas (individuales) contra mis contribuciones, a) que el articulista que firma esta columna “no se moja” y b) que muchas de las propuestas son “brindis al sol”, útiles pero impracticables por culpa de la inmovilidad en la que están inmersos los partidos políticos.  En esta última saga de estas tres columnas dedicadas a la propuesta de soluciones ante la crisis intentaré hacer frente a estas dos críticas analizando el tema clave a abordar como elemento previo para iniciar la regeneración social y económica: la democracia interna de los partidos políticos.

Primero: se establecerá una ley electoral que fuerce las listas abiertas como el mejor garante de la pluralidad y democracia en los partidos políticos, y como elemento necesario para la búsqueda del bien común por encima del interés partidario. “No hay una forma demócrata y otra republicana de recoger las basuras” decía un alcalde de los EEUU. De igual forma, no hay una política “socialista” o “popular” de educar a los niños, hace falta una educación de calidad, que ha brillado por su ausencia. Las listas abiertas forzarán a que el diputado que quiera ganar su reelección trabaje por este objetivo por encima de la lucha partidista, amén de disminuir el peso de los partidos bisagra en los acuerdos de gobierno.

Segundo: los partidos tendrán una naturaleza genuinamente democrática. Esto implica un sistema de primarias como forma de elección de sus líderes y candidatos. El Tribunal Constitucional será garante de la democracia interna en los partidos, de forma que no sea “democracia sobre el papel”, con potestad de cerrar aquellos partidos que no operen democráticamente. Para evitar las presiones partidistas, los miembros del Constitucional serán nombrados hasta la jubilación.

Tercero: en una época de sacrificios, el poder político no puede seguir inmune al común de la ciudadanía. Dado que ha sido incapaz durante casi treinta años de dotar de funciones efectivas a una cámara sin atribuciones prácticas como el Senado, se procederá a cerrarlo, de forma que el erario ahorre el gasto improductivo de su funcionamiento. 

Cuarto: en un régimen de listas cerradas, la estructura actual en la que los diputados tienen meses sin sesiones para “tomar contacto con los electores” es un insulto a la inteligencia (¿quién es capaz de nombrar a “su” diputado?). El Congreso de los Diputados tendrá un calendario de funcionamiento igual que una empresa privada: once meses, en jornadas de ocho horas de lunes a viernes. El cargo de diputado será incompatible con cualquier otra actividad de ámbito privado. Los diputados que se ausenten de las sesiones verán reducido su emolumento mensual y dietas proporcionalmente al tiempo no asistido a sus funciones, y a partir de ciertos mínimos, perderán su acta. El Congreso publicará en su web un listado de tiempo de asistencia e iniciativas legislativas por cada diputado, así como los salarios, dietas y beneficios (como fondos de pensiones) asignado a cada uno. 

Quinto: se prohibirán por ley las “cuotas” de los partidos en órganos clave de la nación, como el consejo de la CNMV, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de la Energía, las Cajas de Ahorro o el consejo de RTVE. Para asignar las vacantes e volverá a acudir a un criterio de meritocracia como filosofía substitutiva del criterio de partitocracia.

Sexto: se reformará por ley la financiación de partidos políticos, forzando la transparencia y regulación de sus ingresos y gastos. Sus cuentas deberán ser auditadas y públicas, accesibles en la web de cada partido. 

Séptimo: Cualquier administración pública estará obligada a publicar en Internet el destino último de cada euro que paga un contribuyente, sin agruparse en partidas opacas.  También se publicará el volumen de deuda asumido por cada entidad, así como la garantizada en empresas no consolidadas, de forma que cada contribuyente pueda analizar no sólo el resultado de una gestión (como una obra pública) sino la deuda dejada tras de sí.

Octavo: Una misma persona no podrá ocupar el mismo cargo público durante más de ocho años por precepto legal.

Hace 200 años España vivía otra situación catastrófica que amenazaba su propia existencia. A pesar de semejante crisis que atenazaba a toda la clase dirigente, sumida en la inacción y en la inutilidad, unas palabras escritas por el alcalde de Móstoles sirvieron para movilizar al pueblo y dinamizar las energías necesarias para que se recuperara la soberanía nacional y se presentara batalla a la descomposición. Ojalá que hoy en día suceda algo similar y tanto pueblo como partidos, ante la gravedad de la situación, asuman que el bien común es una entidad sagrada muy superior a los cortijos de poder. 

Esas palabras fueron: “Vuestra patria está en peligro, acudid a salvarla”.