Hay que cerrar el Senado

En una cena hace unos años, Miquel Roca comentó que había recibido una llamada muy molesta del entonces presidente del Senado, quien le recriminó que hubiera afirmado

En una cena hace unos años, Miquel Roca comentó que había recibido una llamada muy molesta del entonces presidente del Senado, quien le recriminó que hubiera afirmado en un medio que “el Senado no valía para nada”. En la llamada, el presidente convino en que, efectivamente, el Senado no servía para nada, pero le dijo que era mejor no decirlo públicamente.

Hace dos semanas, ya en España, tras descubrirse una cuenta suya en Suiza, Francisco Granados dimitió de su cargo de senador, cargo que compatibilizaba con el también retribuido de legislador autonómico en la Asamblea madrileña, afirmando que “llevo dos años apretando un botón según los dedos que me indican”, haciendo referencia a nuestro particular parlamentarismo, en el que el senador o diputado vota no en conciencia con lo mejor para sus electores o por el país, sino lo que le ordena mediante un gesto manipular el líder parlamentario, cuestionando la utilidad del gasto en legisladores. 

En un contexto en el que nuestra nación ha hecho enormes sacrificios para adecuarnos a la triste herencia recibida por el patético modelo de milagro económico español desarrollado por PP y por PSOE desde los años 90, y luego imitado por los chinos con parecido éxito, cabe preguntarse por el esfuerzo realizado por la clase política para dar ejemplo a los gobernados. El Senado, con un presupuesto de unos 51 millones de euros, no representa un gran porcentaje del déficit, pero es un símbolo clarísimo de la ineficiencia e inoperancia de la clase política a la hora de aplicarse reformas que pregonan para los demás. 

El Senado, con un presupuesto de unos 51 millones de euros, no representa un gran porcentaje del déficit, pero es un símbolo clarísimo de la ineficiencia e inoperancia de la clase política a la hora de aplicarse reformas que pregonan para los demás

La Constitución deja claro que la cámara legislativa preponderante es el Congreso de los Diputados, que tiene siempre la última palabra en la legislación, limitándose el Senado a actuar como cámara para arreglar parches, proceso que dilata aún más las reformas legislativas. Desde hace ya muchos años, el mundo académico y el político se preguntan por la validez del Senado y se realizan ejercicios sobre su reforma. Hasta ahora, nada se ha avanzado. 

El Senado se ha convertido desde hace mucho en un cementerio de elefantes (se acumulan ya siete expresidentes autonómicos), donde los partidos apoltronan a políticos que ven completar sus sueldos (de expresidentes, de alcaldes, de diputados autonómicos…) con una retribución adicional como senadores por un trabajo cuestionable, sin dedicación exclusiva y “apretando botones según los dedos levantados” por el gerifalte del partido en cuestión.

Ejemplos como el de Luis Bárcenas, que percibía una retribución como tesorero de su partido de 200.000 euros anuales (a pesar de que el partido se financia en más de un 90% con fondos públicos, imaginen a una ONG financiada por dinero público que hiciera lo propio) fue también nombrado senador por Cantabria (?), lo que le permitía acumular otros 60.000 euros anuales. Similares ejemplos se han vivido con Leire Pajín, que proviene del mundo de la ONG solidaria y que pudo llegar con 32 años a acumular tres sueldos (exsecretaria de Estado, secretaria de organización del PSOE y senadora) por un total de 291.000 euros, lo que provocó una oleada mediática que acabó con la renuncia de emolumentos.

El colmo de la hipocresía reside en que la supuesta elección de los senadores no se designa por las comunidades autónomas; se realiza mediante un sistema de listas abiertas donde los electores pueden tachar libremente los nombres de los políticos elegidos, en un proceso tan bochornoso como el del referéndum de Crimea o los congresos regionales de los partidos, espejos históricos de los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. También sorprende que la meritocracia, institución básica para nuestro éxito como sociedad, en esta Cámara como en otras, sorprenda por sus ironías.  Que responsables directos de la práctica situación de insolvencia de Cataluña, Castilla-La Mancha, o Andalucía (tres comunidades rescatadas por el Fondo de Liquidez Autonómica –FLA–, o sea, deuda para nuestros descendientes), José Montilla, José María Barreda o Manuel Chaves, sean mantenidos con fondos públicos en una cámara inútil es una insultante paradoja del destino. Es como si Mario Conde continuara cobrando de Banesto como consultor.

El Senado se ha convertido desde hace mucho en un cementerio de elefantes donde los partidos apoltronan a políticos que ven completar sus sueldos con una retribución adicional como senadores por un trabajo cuestionable, sin dedicación exclusiva y 'apretando botones según los dedos levantados' por el gerifalte del partido en cuestión.

La pasada semana, el nuevo primer ministro italiano propuso un plan de reformas que incluía el cierre del Senado italiano tal y como está estructurado hoy. A futuro, este pasará a ser una cámara de representación territorial de coste cero, ya que sus nuevos miembros, representantes de regiones y alcaldes, no devengarán un sueldo adicional al que ya perciben por su cargo. La reforma cuenta con el apoyo del espectro político, aunque la duda es si el actual Senado primará el interés nacional sobre el particular y ratificará dicha reforma. A modo de curiosidad, un legislador italiano cobra más que un representante de los Estados Unidos, a pesar de tener un ratio de legisladores sobre legislados diez veces superior.

En un escenario de tragedia nacional, con el desempleo al 26%, con el paro juvenil en más de un 50%, una reducción fortísima de salarios privados, de reducción del gasto social en educación y en sanidad, de una deuda pública de casi un billón de euros que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, la clase política ha de dar un ejemplo. 

Hay que cerrar el Senado.  

Para ello se requiere honestidad intelectual. La pregunta es si los decisores tienen un mínimo de ambas.

El Observatorio del IE

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