La necesaria pedagogía económica

En los últimos meses son miles las familias españolas que han tenido que reducir su nivel de gastos y, por tanto, su nivel de vida alcanzado en los años de bonanza. Esta situación afecta no sólo a familias donde algún miembro ha perdido su empleo, sino incluso aquellas cuyos integrantes han conseguido mantener su puesto de trabajo. La menor capacidad adquisitiva de las familias se debe a un doble efecto: menores ingresos brutos, el sueldo es menor, y a un considerable alza de los impuestos, tanto directos como indirectos.

Ante esta situación, un diligente cabeza de familia realiza un examen de todos los gastos de su unidad familiar, prioriza aquellos gastos ineludibles, suprime los superfluos y recorta en todo aquello que no sea estrictamente necesario. Acto seguido, reúne a todos los miembros de la familia con uso de razón y les expone la necesidad de realizar ajustes en el nivel de vida mantenido hasta la fecha. El nivel de ingresos existente en los años de bonanza tardará en volver. Además, las repetidas subidas de impuestos impiden mantener el nivel de gastos anterior. El ajuste de gasto familiar es inevitable y requiere de la colaboración de todos los integrantes de la familia.

Si algún cabeza de familia, pese a ser consciente de no poder mantener el ritmo de vida anterior, no se atreve a transmitir a sus familiares la realidad de la situación, y no reduce su nivel de gastos, la cruda realidad acabará por imponerse. Más pronto que tarde le será imposible gastar más de lo que ingresa.

La situación en las Administraciones Públicas es análoga a la de las familias. Los ingresos públicos están lejos del nivel alcanzado en la época del ‘boom’ inmobiliario y económico, siendo en 2011 un 13% inferior a 2007. Pretender mantener el nivel ingresos públicos del pico de la burbuja inmobiliaria, aumentando impuestos una y otra vez, sólo logrará ahogar la economía y empobrecer a las familias. Por otro lado, la consideración de los ingresos públicos provenientes del ‘boom’ inmobiliario como ingresos “permanentes”, llevó a aumentar el nivel de gastos estructurales de las AAPP. En los últimos diez años el gasto público ha aumentado un 65%. Incluso desde 2007, con una reducción de los ingresos del 13%, los gastos se han incrementado en un 13,5% provocando un desfase de 90.000 millones de euros anuales entre gastos e ingresos.

Las AAPP se encuentran en una situación en la que sus ingresos se han reducido pese a la subida de impuestos y algunas de las partidas principales de gastos, como el pago de intereses de la deuda o el pago de prestaciones por desempleo, se han disparado. Adicionalmente, los inversores que hasta ahora habían estado dispuestos a financiar año tras año el exceso de gastos sobre los ingresos (déficit) y a refinanciar los vencimientos de nuestra deuda, se muestran reticentes a poner un euro más en nuestra economía. Ante la imposibilidad de poder financiar incrementos del déficit necesariamente habrá que reducir las restantes partidas de gasto, aunque duela. La alternativa es impagar a nuestros acreedores con desastrosas consecuencias para el bienestar futuro de los españoles.

Afortunadamente, nuestros socios europeos, a través del BCE y de los fondos de rescate creados (FEEF y MEDE), se muestran dispuestos a ayudarnos financieramente a cambio de que reconduzcamos el equilibrio entre los ingresos y gastos públicos.

Lo mismo que un diligente cabeza de familia mentaliza a todos los miembros de la unidad familiar sobre la gravedad de la situación y la necesidad de adecuar los gastos a la nueva coyuntura, sería deseable una pedagogía económica por parte de los responsables políticos exponiendo la realidad de la situación, sin tapujos y sin suavizar la gravedad del momento.

Lamentablemente, los mensajes recibidos, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, parecen evitar transmitir al conjunto de la sociedad española la inviabilidad de mantener el nivel de gasto público existente. No obstante, la cruda realidad acaba imponiéndose.

Con la reestructuración de los gastos de las AAPP sucederá lo mismo que con la reforma de las cajas de ahorros. Ante la falta de voluntad política para afrontar su reestructuración hace más de tres años, se perdió el tiempo con la creación de entes absurdos como los SIP (Sistema Institucional de Protección), dilatando en el tiempo el ajuste e incrementando los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Como resultado de la inacción pasada, la mayoría de las cajas han pasado a ser historia. Cuanto antes se acometa el ajuste de los gastos de las AAPP menor será el coste.

Bienvenida sea la asistencia financiera o rescate si sirve para enderezar las cuentas públicas, aunque se echa de menos una necesaria pedagogía económica imprescindible para que la sociedad en su conjunto sea capaz de asumir los ajustes que vienen. Sólo hay que imitar a los diligentes cabezas de familia.