Tras más de cuatro años desde el comienzo de la crisis es incomprensible que las agencias de rating sigan teniendo un enorme poder, otorgado por las propias autoridades europeas. No se han modificado las normas de valoración basadas en las calificaciones crediticias emitidas por estas entidades, ni se han regulado las actuaciones de las agencias de rating.

El propio Banco Central Europeo utiliza los rating emitidos por las agencias de calificación para determinar qué porcentaje de garantías o colateral han de depositar los bancos que acceden a su financiación. Cuanto menor sea la calificación crediticia, mayor será el porcentaje de garantías que habrá que depositar la entidad financiera correspondiente en el banco emisor como respaldo de la financiación recibida.

En caso de reducción de la calificación crediticia de las garantías aportadas, el propio BCE exigirá garantías adicionales. El BCE depende de las calificaciones crediticias de la agencias de rating: absurdo.

WSJ se hacía eco ayer de la ola de rebaja de rating que puede sufrir gran parte de la banca europea en las próximas semanas: 114 bancos de 16 países europeos. Curiosamente, el análisis de las agencias de rating para llevar a cabo dichos recortes se sustenta, en parte, en la dependencia de muchas entidades de la financiación otorgada por el BCE a través de las dos subastas LTRO de diciembre y enero. Con dichas subastas se solventó, al menos temporalmente, el problema de financiación de gran parte de las entidades financieras europeas, especialmente las españolas e italianas. Sin solucionar el problema de fondo al menos se ganaba tiempo.

La anunciada rebaja de rating de forma masiva puede provocar que el tiempo ganado sea muy inferior al previsto. El efecto inmediato de dichas rebajas de rating implicará que las entidades afectadas deberán incrementar el volumen de garantías depositadas en el BCE.

Una hipotética rebaja del rating de algún país de la zona euro tendría efectos todavía más perniciosos. Una rebaja del rating de España por debajo de “A-“ supondría una exigencia de garantías adicionales a depositar en el BCE de en torno a 78.000 millones de euros para los bancos españoles. La posibilidad de incumplimiento del objetivo de déficit público de 2012 comprometido por España es considerable. De materializarse, es previsible que las agencias de rating acaben bajando nuevamente el rating a España. El efecto inmediato sobre las entidades financieras sería notable, al tener que depositar garantías adicionales en el BCE.

Se podrá discutir sobre la fiabilidad de las agencias de rating y su grado de responsabilidad en el estallido de la crisis financiera, pero es absurdo e incomprensible que la propia normativa de garantías exigidas por el BCE sigue dependiendo del trabajo de unas empresas privadas sin que estén ni reguladas ni supervisadas.

El BCE debería cambiar su propia normativa cuanto antes, evitando depender de las agencias de rating.