Chipre necesita 17.000 millones de euros, cantidad equivalente al 100% de su PIB, fundamentalmente para recapitalizar su sistema bancario. Las autoridades europeas han acordado otorgar un rescate de “solo” 10.000 millones de euros, mil de ellos aportados por el FMI. Chipre se compromete a recaudar el resto mediante la aplicación de diversas medidas. El gobierno chipriota podía haber optado por realizar un proceso de reestructuración bancaria imponiendo pérdidas a los accionistas, a todos los acreedores de los bancos, incluidos los tenedores de bonos y, en último lugar, a los depósitos de más de 100.000 euros. En lugar de eso, Chipre ha decidido aplicar un impuesto extraordinario progresivo sobre todos los depósitos que permitirá recaudar 5.800 millones de euros (pendiente de aprobación por su parlamento).

Haber dejado exento del impuesto a los depositantes por debajo de 100.000 euros, aplicando una tasa mucho más elevada a los depositantes con mayores importes, habría perjudicado a los depositantes no residentes, principalmente rusos y británicos. Chipre tiene pendiente la renegociación de un préstamo de 2.500 millones de euros con Rusia, hecho que habrá pesado a la hora de descartar esta opción.

Distribución de los depósitos entre residentes y no residentes

Lecciones del rescate a Chipre:

- Se acabaron los rescates financiados al 100% por los contribuyentes europeos. Otorgar préstamos en cantidades ingentes a países que no van a ser capaz de devolver la totalidad del préstamo sólo es una forma de posponer la solución de los problemas: véase el caso griego. Si los 17.000 millones de euros se otorgaran vía préstamos, como en el resto de los rescates a países llevados a cabo hasta la fecha (Grecia, Irlanda, Portugal), la deuda pública de Chipre se situaría en el 140% del PIB: nivel insostenible a medio plazo.

- Cuando el problema es el exceso de deuda, las quitas son inevitables. La forma de materializar las mismas y la terminología utilizada, intentarán evitar a toda costa la utilización de la palabra QUITA. En el caso chipriota, no hay “quita” sobre los depósitos, sino la aplicación de un impuesto sobre los depósitos. El efecto económico para los depositantes es el mismo, pero las consecuencias de calificación son relevantes.

- Vía impuestos todo se puede gravar. Los depósitos siguen garantizados en Chipre ante la insolvencia de los bancos, pero ello no impide que se les aplique un impuesto extraordinario de una sola vez de hasta el 12,5% del importe de los mismos. Técnicamente, no se puede hablar de quita.

- No todos los acreedores de los bancos sufrirán pérdidas. Al no ser técnicamente una quita sobre los depósitos, los tenedores de los bonos (senior) de los bancos no se ven afectados. No hay una reestructuración de los acreedores de la banca.

- El Fondo de Garantía de Depósitos garantiza los mismos hasta cierta cuantía en caso de insolvencia de un banco, pero no impide que impuestos de nueva creación graven los depósitos. Hay que recordar que en determinadas Comunidades Autónomas españolas ya se aplica un impuesto sobre los depósitos, aunque los tipos de gravamen sean muy reducidos en comparación con el impuesto aplicado a los depósitos chipriotas.

- A diferencia de lo acontecido en Grecia, los bonos soberanos chipriotas no sufrirán ninguna quita.

- La discrecionalidad se impone en los distintos rescates. Decidir quién asume parte de las pérdidas y quién queda al margen se ha convertido en una discrecionalidad que depende de los intereses de los negociadores políticos en cada momento. En el caso chipriota claramente se ha preferido salvaguardar los intereses de los tenedores de los bonos bancarios y de los bonos soberanos chipriotas frente a los de los propios pequeños ahorradores.

Los depositantes de los bancos españoles pueden estar tranquilos. España tras solicitar el rescate bancario firmó un Memorando de Entendimiento con Europa que recogía quién asumía las pérdidas de la banca: los bonistas (senior) y los depositantes quedaban al margen de cualquier quita.

Lo más preocupante del rescate a Chipre es la demostración de la capacidad de las autoridades de crear figuras impositivas nuevas con ánimo recaudatorio. A modo de ejemplo cabe mencionar: impuestos sobre la generación eléctrica; impuesto catalán sobre bebidas azucaradas; impuesto sobre los depósitos en varias CCAA.

En caso de necesidad de recursos, la imaginación en pro de la voracidad fiscal no tiene límites. Lo mismo que se ha creado un impuesto sobre los depósitos en Chipre, no es descartable que en situaciones extremos se crearan impuestos sobre cualquier tipo de activo, incluso sobre el patrimonio sacado de un determinado país a través de su banco central. El mayor riesgo actual no es el de insolvencia de los bancos, sino el riesgo de “represión fiscal” sobre los contribuyentes, sean estos depositantes o no.