Para una parte de la economía, la financiación procedente de los bancos no sólo no escasea, sino que se incrementa mes tras mes y año tras año. Por supuesto, no estamos hablando de financiación a empresas y familias, que se ha reducido en 273.000 millones de euros desde enero de 2011, sino de la financiación al sector público. Las Administraciones Públicas han logrado que, en el periodo mencionado, las entidades financieras incrementaran su financiación en una cuantía casi idéntica a la restricción crediticia al sector privado: 279.000 millones de euros.

Así, en la composición de los balances bancarios españoles va teniendo cada vez más peso la financiación a las Administraciones Públicas, frente a la financiación a empresas y familias. En apenas dos años y tres meses, la financiación de los bancos a las AAPP se ha incrementado un 43%, alcanzando ya el 32% del saldo total de financiación de las entidades bancarias a los sectores no financieros de la economía.

El efecto expulsión o crowding out, es innegable. La financiación del sector público desplaza e impide la financiación del sector privado, tal y como se visualiza en el gráfico siguiente.

La financiación otorgada por los bancos a las Administraciones Públicas se produce principalmente por dos vías:

- adquisición de emisiones de deuda pública (bonos, letras, y otros valores mobiliarios)

- por la concesión de préstamos

En los tres últimos años, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha triplicado el saldo de préstamos bancarios, pasando de 106.000 a 328.000 millones de euros. Cabe suponer que la gran mayoría habrán sido concedidos por entidades financieras españolas.

El aumento de la financiación bancaria a las AAPP, en detrimento de la financiación a familias y empresas, no es casual. Las normas contables y los criterios aplicados por el Banco de España y el BCE incentivan la financiación del sector público en detrimento del sector privado.

- A los bancos se les obliga a incrementar el porcentaje de recursos propios respecto al volumen total de activos, ponderados estos por el riesgo asignado a cada uno de ellos. Así, el riesgo asignado a la adquisición de deuda pública (emitida por el Estado, CCAA o entidades locales) es cero, mientras que el riesgo asociado a la financiación de empresas y familias sí consume capital. Por tanto, los bancos se ven incentivados a financiar a las AAPP en lugar de financiar al sector privado de la economía. De esta forma necesitan menos capital.

- El BCE exige garantía o colaterales como contrapartida a la financiación concedida a los bancos. Los activos más aceptados y con menor descuento son los bonos públicos. La financiación otorgada al sector privado, directamente vía préstamo, o vía adquisición de valores emitidos, sólo es aceptada como garantía ante el BCE bajo determinadas condiciones y siempre con un mayor descuento que en el caso de aportar bonos públicos.

- De acuerdo con la normativa, los préstamos a las AAPP no se pueden provisionar ni considerar de dudoso cobro. Por tanto, contablemente, aunque se produzcan retrasos en el pago de los intereses o incluso de devolución del principal, no afectará al beneficio del ejercicio del banco en cuestión, como sí lo hace la mora del sector privado. 

Los recursos de los bancos para financiar la economía son limitados. La parte de dicha financiación que absorba el sector público no se destinará al sector privado. Es obvio. Además, si los préstamos concedidos a las Administraciones Públicas se destinan, en gran parte, a satisfacer gasto corriente y no inversión, difícilmente se devolverán en plazo. Al no poder considerarse como préstamos morosos sujetos a la dotación por insolvencia, al llegar su vencimiento se renovarán, convirtiéndose en un activo de escasa rotación en el activo bancario. Ninguno de estos préstamos entra dentro del epígrafe de préstamos refinanciados.

Sorprende que en los múltiples análisis y debates sobre la escasez de financiación al sector privado de la economía, familias y empresas, y sobre la denostada austeridad, se ignore la creciente financiación absorbida por las Administraciones Públicas en detrimento de empresas y familias  La reducción de las necesidades de financiación del sector público es clave para mejorar la financiación bancaria de las empresas españolas.