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¿Y por qué Susana Díaz no privatiza las universidades?
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Juan Ramón Rallo

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¿Y por qué Susana Díaz no privatiza las universidades?

La promesa de Díaz tiene poco de liberal y mucho de socialdemócrata: lo que busca es que el Estado gaste mucho más dinero que ahora y exponga a mucho mayor riesgo a los contribuyentes

Foto: La aspirante a la secretaría general del PSOE y presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)
La aspirante a la secretaría general del PSOE y presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, ha propuesto —cómo no— crear una nueva partida de gasto en los Presupuestos Generales del Estado: otorgar 24.000 euros a todos aquellos jóvenes que se hallen al final de su vida académica y que deseen prolongar sus estudios o lanzarse a crear una empresa. Lo novedoso de la medida no es que un socialista quiera engordar el tamaño y las competencias de Estado —que es algo que va de suyo— sino la modalidad con la que ha sugerido financiarlo: cuando esos jóvenes perceptores de la ayuda pública disfruten en el futuro de ingresos superiores al mínimo exento dentro del IRPF, la irán reintegrando poco a poco con cargo a su propio IRPF. O dicho de otro modo, más que ante una transferencia definitiva y ‘gratuita’ del Estado, se trata de un crédito público blando, a un tipo de interés del 0% y con una condicionalidad extremadamente laxa.

"Me sorprende que Susana Díaz presente un programa de corte liberal, con préstamos a jóvenes para estudiar", ha denunciado Pedro Sánchez. Oh, anatema. Una 'socialista neoliberal' proponiendo que el Estado no regale totalmente el dinero del contribuyente, sino que tan solo socialice el riesgo de esta nueva partida de gasto: una 'socialista neoliberal' proponiendo que si un estudiante supera en el futuro un cierto nivel de renta, haga frente a la obligación de ir devolviendo los fondos que previamente ha recibido. Intolerable: redistribución con una cierta responsabilidad hacia los sufridos contribuyentes.

En realidad, la promesa de Susana Díaz tiene poco de liberal y sí mucho de socialdemócrata: lo que busca justamente es que el Estado gaste mucho más dinero que ahora y exponga a mucho mayor riesgo a los contribuyentes. Si esta medida es liberal, entonces la banca pública o incluso el 'derecho al crédito' de Podemos serían ocurrencias liberales cuando evidentemente no es así. Que el Estado subvencione el endeudamiento, e incluso esté dispuesto a condonarlo acríticamente bajo determinadas circunstancias, tiene todas las características de medida típicamente socialdemócrata.

La versión de la socialdemocracia de Sánchez solo es compatible con regalar incondicionalmente a algunos ciudadanos el dinero de otros ciudadanos

Sin embargo, también es cierto que la propuesta no es todo lo antiliberal que podría llegar a ser: del mismo modo que los trabajos forzosos son más contrarios a la libertad individual que los impuestos, los impuestos también son más contrarios a la libertad individual que los créditos blandos otorgados por el Estado. Cuando Pedro Sánchez crítica a Susana Díaz por ser poco socialista, lo que nos está diciendo es que su versión de la socialdemocracia solo es compatible con regalar incondicionalmente a algunos ciudadanos el dinero de otros ciudadanos. ¿Hasta qué edad —y qué nivel formativo— cree Pedro Sánchez que debería el Estado financiar la educación? ¿Indefinidamente? Y si no es indefinidamente, ¿considera Pedro Sánchez que el Estado debe ofrecer créditos blandos para aquellas edades o etapas formativas que ya no cubra el Estado?

Lo mismo cabe plantear con la aportación para crear una empresa: ¿cuánto capital considera Pedro Sánchez que debe regalarle el Estado a un ciudadano para que monte una empresa? ¿10.000, 100.000, 1.000.000 de euros? Y una vez alcanzado el límite máximo de esa ayuda, ¿cree que es preferible que el Estado aporte adicionalmente financiación en forma de un crédito blando o, en cambio, es preferible que no preste nada? Si Pedro Sánchez abandona el terreno de la simplona demagogia del 'paguitas para todos', no queda muy clara cuál es su objeción de fondo al plan de Susana Díaz.

¿A qué viene entonces tanto miedo a clarificar cuánto le ha aportado la sociedad a un individuo y cuánto tiene este que devolver a la sociedad?

Como tampoco queda muy claro, por cierto, por qué los principios de mayor responsabilidad hacia los contribuyentes que súbitamente ha abrazado Susana Díaz no resultan extensibles a otros ámbitos de las políticas públicas: por ejemplo, los estudios universitarios. Si es legítimo, lógico y razonable que un ciudadano reintegre finalistamente a las arcas públicas —siempre que sus ingresos recurrentes lo habiliten a ello— el coste de aquella inversión finalista que ha recibido a costa del resto de contribuyentes, ¿por qué no extender ese mismo criterio a la educación superior no obligatoria? ¿Por qué, en lugar de pagar a fondo perdido cerca del 80% del coste de la universidad pública, no se extiende un crédito blando a los estudiantes y se permite a cada uno de ellos que, merced a ese crédito blando, escoja la universidad —pública o privada— que mejor encaje con sus preferencias?

No en vano, el típico argumento que emplean los socialistas cuando justifican los impuestos elevados sobre las rentas altas, es que toca “devolver a la sociedad aquello que la sociedad previamente les ha dado”. ¿A qué viene entonces tanto miedo a clarificar —y cuantificar— cuánto le ha aportado la sociedad a un individuo y cuánto tiene ese individuo que devolverle a la sociedad? ¿A qué viene —desde una perspectiva estrictamente socialdemócrata— tanto rechazo a que un individuo pueda financiar parte de las inversiones vitales con un saldo crediticio extendido por el Estado?

Ni hay razón para que Sánchez se cierre en banda , ni hay razón para que Díaz restrinja la financiación vía créditos blandos solo a estudios de posgrado

La oposición que muestra Pedro Sánchez a este más sano principio de finanzas públicas tiene absolutamente todo que ver con la necesidad de mantener la ficción de que las personas tenemos derechos sin contrapartidas frente al Estado. Y no es así desde el momento en el que existe la obligación tributaria: el Estado no le da al conjunto de la sociedad nada que previamente no le haya quitado. En muchos casos, de hecho, no le da a un mismo individuo nada que previamente no le haya quitado a él mismo (gran parte del gasto público es solo redistribución intertemporal para una misma persona: adelantarle renta que reintegrará más adelante o detraerle renta que le será devuelta en el futuro). Por tanto, vayamos un poco más allá de las apariencias: ¿por qué el Estado sí le paga a un joven de 18 años unos estudios universitarios con un coste superior a 40.000 euros (educación universitaria pública) pero, en cambio, no le entrega ese mismo capital en forma de inversión inicial a un joven que no quiere estudiar pero sí emprender? ¿Y por qué esos jóvenes, en caso de tener éxitos con su inversión en capital humano o capital empresarial, han de verse exentos de devolver a los contribuyentes aquella financiación que les ha permitido alcanzar una situación económica holgada?

Ni hay razón para que Pedro Sánchez se cierre en banda a la propuesta, ni hay razón para que Susana Díaz restrinja la financiación vía créditos blandos solo a los estudios de posgrado. El propio sentido común socialdemócrata debería conducir a, primero, financiar cada vez más servicios públicos a través de créditos blandos en favor de sus beneficiarios y, segundo, reconocer mucha más autonomía a los ciudadanos para decidir si quieren gastar el saldo de esos créditos blandos en servicios sociales ofertados y gestionados por la burocracia estatal o, en cambio, prefieren gastarlo en servicios sociales ofertados y gestionados por el sector privado. Avancemos hacia algo más de libertad y de responsabilidad… aunque sea dentro de un programa económico radicalmente socialdemócrata.

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, ha propuesto —cómo no— crear una nueva partida de gasto en los Presupuestos Generales del Estado: otorgar 24.000 euros a todos aquellos jóvenes que se hallen al final de su vida académica y que deseen prolongar sus estudios o lanzarse a crear una empresa. Lo novedoso de la medida no es que un socialista quiera engordar el tamaño y las competencias de Estado —que es algo que va de suyo— sino la modalidad con la que ha sugerido financiarlo: cuando esos jóvenes perceptores de la ayuda pública disfruten en el futuro de ingresos superiores al mínimo exento dentro del IRPF, la irán reintegrando poco a poco con cargo a su propio IRPF. O dicho de otro modo, más que ante una transferencia definitiva y ‘gratuita’ del Estado, se trata de un crédito público blando, a un tipo de interés del 0% y con una condicionalidad extremadamente laxa.

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