Una solución a la crisis financiera y de deuda

Imagínense por un momento que un economista de prestigio les propone una reforma del sistema financiero para acabar de una vez por todas con los problemas de solvencia de nuestros bancos y cajas -que tienen ahogados a familias y empresas- y, de paso, aligera significativamente la losa de la deuda pública. Supongan además que la solución propuesta no sólo no le supone coste alguno al contribuyente -ni en términos de impuestos ni en términos de inflación- sino que además ayuda a reducir el déficit del estado. ¿Creen que dicha reforma merecería ser llevada y, al menos, discutida en el Congreso de los Diputados?

Pues bien, una solución así fue propuesta por el catedrático Jesús Huerta de Soto en su Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* y ha sido puesta de nuevo sobre la mesa durante la conferencia que impartió el pasado jueves 19 de abril en la Fundación Rafael del Pino, “Crisis financiera, reforma bancaria y el futuro del capitalismo” -la conferencia, que les recomiendo escuchar, está grabada en vídeo y pueden acceder desde aquí-.

Trataré de resumirles a continuación el contenido de la reforma propuesta, que iría encaminada a atajar el problema de solvencia estructural que aqueja a las entidades financieras de nuestro país. Esto es así porque que si todos los depositantes acudiéramos en tropel a retirar nuestro dinero, con los aproximadamente 6.800 millones de euros que, según el Banco de España, tienen los bancos contabilizados en caja, no tienen ni para empezar para hacer frente a los algo más de 260.000 millones de euros que tenemos depositados en cuentas a la vista -es decir, que pueden ser reclamados por sus dueños en cualquier momento-.

¿Y dónde está el dinero? Donde ustedes se imaginan. Por obra y gracia de la reserva fraccionaria está enterrado en créditos a promotores y empresas, en hipotecas y préstamos a particulares y en deuda pública.

Pues bien, la reforma propuesta consiste en que, para restituir el estado de solvencia, el banco central imprima y entregue a los bancos tantos billetes como sean necesarios para igualar el importe total de los depósitos a la vista y equivalentes. Es decir, por una vez y sin que sirva de precedente, se crearían de la nada unos 260.000 millones de euros para dárselos a los bancos. Ustedes dirán, ¿economistas austriacos pidiendo que se imprima dinero? ¿Se han golpeado la cabeza y se han convertido al keynesianismo? ¿Ya no les importa la inflación? ¿Y los rescates públicos a la banca que tanto han criticado?

Pues no, porque la propuesta de reforma incluye una medida esencial sin la cual no tendría sentido. Y es que, a la vez, se eleve el coeficiente de caja al 100%, acabando con la reserva fraccionaria. De esta manera, los bancos pasarían a estar legalmente obligados a “bloquear” la cantidad recibida y mantenerla siempre en idéntica proporción a los depósitos a la vista de sus clientes.

Así, todo ese dinero creado de la nada quedaría inmediatamente “esterilizado” y no generaría inflación. Para ustedes y para mí, no cambia el dinero que consideramos como efectivo líquido. Y para el banco tampoco se incrementaría la cantidad que tienen disponible para prestar y expandir el crédito, dado que no puede tocar es nuevo dinero salvo para devolvérnoslo como reintegro parcial o total de nuestros depósitos.

De este modo, queda resuelto el problema de insolvencia del sistema financiero -cuestión aparte es la de las tensiones de liquidez derivadas del descalce de plazos-. A partir de este momento, una entidad a la que le vaya mal en su negocio de banca de inversión, podrá quebrar y ser liquidada, pero el dinero de sus depositantes estaría a salvo y les sería devuelto hasta el último céntimo. Esto nos permitiría replantearnos el Fondo de Garantía de Depósitos al ser menos necesario y, desde luego, pensarnos si desmantelar el FROB- y de paso liberar un dinero que le vendría muy bien a las cuentas públicas.

Pero protestarán ustedes, y con razón, pues le estaríamos “regalando” una millonada a los bancos -adicional a lo que ya le hemos dado desde que arrancó la crisis. Ya que, de alguna forma, todos los préstamos concedidos a empresas, particulares y administraciones públicas por las entidades financieras pasarían a ser una todo plusvalía, beneficio puro -imagínense los bonus de los directivos. Y eso no es de recibo.

Para evitar la injusticia -por no decir inmoralidad- que eso supondría, la solución propuesta por el profesor Huerta de Soto sería, de forma muy simplificada, utilizar parte de esos activos -valorados a precios reales de mercado- para cancelar la deuda pública en manos de los bancos españoles. Es decir, el estado les permitiría quedarse con ellos a cambio de renunciar a los Bonos del Tesoro en su poder, lo que supondría un importantísimo alivio a las cuentas públicas españolas.

Imagínense, de esta forma, unos 212.000 millones de euros de deuda pública -aproximadamente un tercio del total- que están en manos de instituciones financieras nacionales  podrían borrarse de un plumazo. Y con ello matamos dos pájaros de un tiro: solvencia y deuda pública. O tres, pues el alivio sobre el déficit de los menores intereses a pagar no sería en absoluto despreciable.

¿Y los 48.000 millones de euros que quedan hasta los 260.000? ¿Qué hacemos con ellos? Podríamos emplearlos en cubrir otras obligaciones del Estado, como por ejemplo la deuda de las pensiones de la Seguridad Social. El fondo de reserva de la Seguridad Social dispone de unos 65.000 millones, de los cuales, el 90% está invertido en deuda pública nacional. Pues bien, podría canjearse esa deuda pública por otra parte de los activos -de similar calidad-, que pasarían al fondo de reserva. Los títulos de deuda pública, ya en manos de los bancos, podrían cancelarse como contrapartida de los fondos de nueva creación. Con lo que el efecto sería doblemente beneficioso para la sociedad.

Evidentemente, para que la reforma fuera efectiva y, sobre todo, definitiva, debería asegurarse el mantenimiento del coeficiente de caja del 100%. O, lo que es lo mismo, los bancos -y con ellos los políticos- no podrían aprovechar en cuanto nos demos la vuelta para volver a conceder préstamos y expandir artificialmente el crédito. Los banqueros tendrían que despedirse de los beneficios estratosféricos que históricamente han cosechado de crear dinero de la nada, mientras que los políticos tendrían que renunciar a los efectos electoralistas de la expansión crediticia en épocas de auge.

Volviendo a la pregunta inicial, ¿no creen que dicha reforma merecería ser al menos planteada y debatida en las Cortes? ¿Creen que tenemos políticos en España capaces de elevar el debate político a esos niveles y plantear en el Parlamento una propuesta así?

Pues bien, sepan que una propuesta similar fue llevada a la Cámara de los Comunes británica en septiembre de 2010 por los diputados tories Douglas Carswell y Steve Baker. Y en España, ¿cuándo?

*Jesús Huerta de Soto, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Unión Editorial.