Fraude fiscal y economía sumergida: no sabemos lo que no sabemos

Quizás hayan visto ustedes la película La noche más oscura –Zero Dark Thirty en versión original– sobre la investigación que llevó a la CIA a encontrar a Osama bin Laden y acabar con su vida en una operación encubierta. Si la han visto, quizás recuerden la secuencia en la que la protagonista –Maya, interpretada por Jessica Chastain–, el agente Dan –Jason Clarke– y el jefe de la agencia en Islamabad discuten la verosimilitud del hecho de haber localizado el escondite del jefe de Al Qaeda en Pakistán. En aquella escena se pronuncia la frase “no sabemos los que no sabemos”, que resulta muy aplicable a los intentos de cuantificar la economía sumergida y el fraude fiscal que periódicamente suelen aparecer publicados en los medios de comunicación.

Como es el caso del informe firmado por Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada, y Domingo Carbajo, inspector de Hacienda, del que se ha hecho eco El Confidencial. No sé si ustedes se habrán planteado alguna vez cómo es posible calcular los efectos de un fenómeno económico que, por definición, está oculto. Pues, evidentemente, se trata de hechos que no quedan registrados y, por lo tanto, no se pueden medir, sino tan sólo estimar. Sin embargo, parece como si el hecho de emplear complejos modelos econométricos que arrojan resultados con decimales, le otorgara un carácter más científico a una cifra que no deja de ser arbitraria como veremos.

Y es que los propios autores reconocen que no existe acuerdo teórico, estadístico, ni económico sobre las variables a medir y el contenido de las mismas. Sin embargo, como si nadie quisiera alejarse del consenso, no deja de ser llamativo que se dé una cierta convergencia en las valoraciones del peso que representan sobre el PIB, tanto la economía sumergida –entre el 20 y el 25%–, como el fraude fiscal –entre un 6 y un 8%–. Fenómenos ambos, por cierto, que tienden erróneamente a mezclarse y que los autores acertadamente abogan por diferenciar conceptualmente. Pues ni toda la economía sumergida representa necesariamente fraude fiscal ni toda la evasión de tributos se realiza en los circuitos de la llamada economía informal.

En general, las estimaciones de la economía sumergida se realizan indirectamente a partir de datos teóricamente conocidos, como puede ser, entre otros indicadores, la circulación del efectivo y, en particular, de los billetes de alta denominación –sobre todo, los de 500 euros, hasta hace poco también conocidos como binladens–. Pero estas metodologías adolecen de un defecto insalvable, que es la falta de una referencia con la que comparar. Dado que, por definición, no es posible disponer de una muestra blanca, sin actividad sumergida, que permita contrastar la bondad del modelo econométrico, suelen caer en la referencia circular, comparando un periodo con otro, en el que se asume que la economía se comportaba de forma conocida.

Algo similar ocurre con los cálculos estimativos del fraude fiscal, que suelen partir de la base –dicho de forma muy simplificada– de que si la recaudación teórica para un nivel de PIB debería ser X, cualquier cantidad inferior a esa X no puede ser otra cosa que evasión de impuestos. La trampa de esta aproximación es que se toma esa X como si fuera una constante universal como las que se dan en física, cuando en realidad esa magnitud está sujeta a una multitud de factores. Tengan en cuenta de que en economía no se pueden realizar experimentos de laboratorio aislando variables, y que el recurso teórico al ceteris paribus está vedado en toda aproximación empírica a las ciencias sociales. Es más, en economía no existe ninguna constante.

Sin embargo, este tipo de estudios sirven de coartada a todos aquellos partidarios de la intromisión de los poderes públicos en nuestras vidas. No en vano, apenas se ven informes que relacionen la economía sumergida y el fraude fiscal con el nivel de presión recaudatoria. Lo cual, si lo piensan, es lógico. Sólo aquellos que reclaman un control más estrecho del Estado para que nadie se escape de que les meta mano en el bolsillo tienen incentivo para dedicar horas y esfuerzo en la realización de modelos que justifiquen la represión de la libertad individual. Como reconocen los propios Ruesga y Carbajo, “en las sociedades modernas, lo que no se mide o contrasta, no existe en la realidad social y no se pueden adoptar medidas para manejarlo”. Para intervenir, has de medir.

Este afán por fiscalizar todos los aspectos de la vida personal se materializa de forma clara en la animadversión hacia la utilización del dinero en efectivo –no digamos de las monedas virtuales descentralizadas y privadas tipo bitcoin–. De alguna forma, a todo aquello que se escapa del control estatal se le presupone un origen turbio e ilícito mientras no se demuestre lo contrario –presunción de ilegalidad–. Si guardan ustedes billetes de 500 euros en su cartera o en el colchón, sepan que pesa sobre ustedes la duda razonable de si no estarán cometiendo un “atentado contra la democracia social” (sic). Es más, todos somos sospechosos de conducta antisocial en cuanto nos dejan libres. Por ese mismo motivo, cada movimiento nuestro ha de ser controlado por Hacienda.

Para ello, qué mejor que obligarnos a todos a utilizar “fórmulas de pago que permitan el control telemático, online y directo por parte de la Administración Tributaria”. En este mundo orwelliano que propugnan los autores del informe y muchos defensores de la abolición o limitación del uso del efectivo, “la generalización de la factura electrónica y la contabilidad automatizada con directo acceso a la misma por las Bases de Datos de la AEAT, etc.” supondría “un impulso a la economía de mercado”. Es como si nos prohibieran comunicarnos verbalmente, obligándonos a hacerlo por escrito y convenientemente conectados a los sistemas del Ministerio del Interior, y encima nos vendieran que eso supone un impulso a nuestra libertad de expresión.

Es sintomático, además, que para desprestigiar el uso libre del efectivo, aparte de asociar su utilización al uso que hacen mafias, bandas organizadas y otros malhechores en sus transacciones, se mencionan otros argumentos relacionados con los costes sociales o externalidades negativas. Y lo hacen de forma nada casual, apoyándose en informes realizados por proveedores de medios de pago electrónicos y obviando los costes asociados a tales medios –infraestructura de comunicaciones para la capilaridad necesaria, comisiones bancarias, costes de indisponibilidad de las redes, tiempos de transacción, fraude, clonación de tarjetas, etc.– Desconozco si estos costes son mayores o menores, pero se echa de menos alguna referencia en aras del rigor, ¿no creen?

Volviendo a la frase inicial, no sabemos lo que no sabemos, es imposible determinar el nivel de economía sumergida y de fraude fiscal en una sociedad y, mucho menos, inferir con un modelo matemático la relación exacta entre esos fenómenos y la circulación de dinero en efectivo –que puede responder a muchas causas–. Pero sí sabemos lo que sabemos y, aunque resulte una obviedad, sabemos que a mayor presión recaudatoria, mayores serán los intentos por escapar a ella. Por tanto, el coste social del atosigamiento fiscal es doble: menos renta disponible de aquellos que no quieren o no pueden escaparse al fisco y desaparición de los ingresos tributarios de aquellos que se ven sumergidos ante el aumento del nivel recaudatorio.