Nos preguntamos a diario cuándo pondremos fin a esta angustiosa secuencia de recortes en las prestaciones sociales e incrementos impositivos. Conversamos sobre las dificultades para mantener un puesto de trabajo o la actividad de una pyme. Nos esforzamos por identificar alguna luz en el horizonte de esta recesión generalmente individualizada.

No encuentro explicación a la inacción de los poderes estatales en la venta de activos públicos patrimoniales destinada a la reducción de deuda. Reconozcamos que las prioridades marcan las agendas de los gobernantes. Parece lógico centrarse, en primer término, en la reducción de gastos y en la reordenación de las partidas presupuestarias. Lógico parece, también, maximizar las diferentes vías de ingresos ordinarios. Pero no todo -y no siempre- se ha de cargar sobre el contribuyente, porque los mayores ingresos impositivos de hoy pueden tornarse en menor crecimiento futuro.

Tengo envidia de la resistencia irlandesa ante las continuas demandas de la Unión Europea para incrementar el impuesto de sociedades. Se jugaba su modelo de generación de ingresos futuros. Por el contrario, nuestro IVA ha caído al primer soplo comunitario, ejemplificando el desconocimiento de nuestra estructura productiva. Las particularidades impositivas han de ser justificables en el ámbito europeo, pero las grandes naciones las defienden si en ello se juegan su futuro.

Esperaba, sin embargo, un plan de privatizaciones que garantizase el cash flow destinado a soportar las inversiones de nuestro modelo económico. Pero no ha sido así y lo lamento por cuanto ejemplifica una concepción de las actividades públicas continuista. España necesita abrirse más al exterior, recuperar su modelo de expansión eficiente, huir del intervencionismo apolillado.

Cuando a una familia le aprieta la necesidad vende sus muebles, el trastero, el coche y todo cuanto sea necesario para alimentar y dar cobijo a quienes componen aquella unidad familiar. Y, como vemos en estos días, si resulta necesario, se acaba vendiendo la misma vivienda. Se comienza de nuevo, guste o no, y se azuza el ingenio.

En las empresas sucede lo mismo. Se venden unidades de negocio, filiales, inmuebles y cuanto pueda favorecer la continuidad de las actividades principales. No sólo en las grandes corporaciones empresariales, también en las pymes, porque el sentido común acaba en idénticas consecuencias.

Podremos otear el final de estos continuos sobresaltos cuando conozcamos planes concretos y amplios para vender patrimonio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales. Los ingresos procedentes de esas ventas permitirán reducir la carga de la deuda. Pero, ante todo, harán posible la generación de ingresos impositivos recurrentes, fruto de las actividades empresariales puestas en manos de nuevos propietarios.

Saldremos de estrecheces no sólo como consecuencia de los recortes de gastos y el incremento de impuestos. Es cierto que para explicar a la sociedad estas propuestas es precisa una concepción del Estado. ¿Por qué hemos de pagar vía impuestos, tasas y cánones lo que se puede conseguir con la venta del patrimonio que nosotros mismos hemos generado para el conjunto de la nación con nuestros impuestos pasados? El patrimonio de todos no es estático, como no lo es en la familia o en la empresa.

Se dice que con la venta nos privaríamos de los ingresos futuros derivados de la actividad privatizada. Sin embargo, la experiencia es bien elocuente: las actividades privatizadas han reportado mayores ingresos a las arcas públicas. Los impuestos provenientes de las empresas que estuvieron en manos del Estado han superado las expectativas, al tiempo que han generado empleo, impulsado las exportaciones, la presencia exterior de nuestro tejido empresarial y la marca España.

No se trata de ‘poner en valor’ las joyas de la corona. Las ventas patrimoniales sólo reportarían ingresos futuros en la medida en que un ambicioso plan de privatizaciones permita a las Administraciones Públicas actuar como garantes de las actividades cedidas a terceros, ya sea mediante venta o concesión.

La privatización de Repsol permitió el nacimiento de un grupo energético multinacional. La protección de la competencia obligó a las compañías eléctricas a hacer las maletas en busca de nuevos mercados mientras nuestros vecinos protegían sus empresas nacionales con nacionalizaciones más o menos encubiertas. Asistimos a la creación de redes modélicas –Corporación Logística, Red Eléctrica, Enagás- con origen en patrimonios públicos y privados. Ejemplos sobrados de privatizaciones que han generado beneficios sociales y económicos. Eso sí es crear valor para una nación.

Con mayor motivo, estaremos de acuerdo en que los poderes públicos no han de poner trabas a la entrada de nuevos accionistas en empresas privadas por muy grandes y reconocidas que sean. Muy al contrario, han de facilitarlo, sin envolverse en banderas nacionalistas trasnochadas. Eso sí: han de protegerse las normas básicas de competencia. Refuercen las instancias judiciales y los organismos de supervisión.

Empresas participadas por entes públicos, recintos feriales, camposantos, redes de abastecimiento y depuración de agua, recogida de residuos, transporte urbano, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos, mercados, teatros y salas de conciertos, … Un interminable abanico de actividades que intervienen en la prestación de servicios locales, regionales o estatales y ven frenado su crecimiento por el intervencionismo pretenciosamente protector. El mismo intervencionismo generador de desempleo, ya probado, y al que hemos de poner fecha de caducidad.