El corto-placismo humano, causa de la crisis ... ¿tiene solución?

De inicio, ya adelanto que creo que no. Y el argumento puede sorprender a alguno. Mucho se ha dicho ya sobre las causas de la crisis, pudiendo resumirse que el sistema fomentó la asunción excesiva de riesgos por parte de los bancos, de modo que la visión corto-placista de sus directivos desembocó en dicho mal. Su razonamiento era lógico desde un punto de vista humano: “Si crezco mucho ahora, gano un bonus enorme y además evito riesgos de despido por perder cuota frente a competidores. Si dentro de unos años explota la burbuja, ya habré ganado varios bonuses desorbitados y además, como la crisis será general, tendré excusa para no perder el puesto”.

¿Y los supervisores, supuestos garantes del correcto funcionamiento del sistema financiero? Podían pensar: “¿Voy a ser yo el aguafiestas que prive al país del fuerte crecimiento vía endeudamiento? Si paro la fiesta y ésta sigue en otros países unos años más, igual hasta pierdo mi puesto, pero si no la paro y finalmente estalla, tengo la excusa de que todos fallaron”. Muy humano.

En un momento en el que los Estados están asumiendo porcentajes crecientes de las economías, cabe preguntarse: ¿Son los políticos tan corto-placistas como los directivos? Y si así es, ¿Por qué? A lo mejor la respuesta duele.

Imaginemos un país con un problema estructural de competitividad por cuanto es incapaz de hacer crecer sus exportaciones a un ritmo acorde al observado en sus importaciones. Llevada esta tendencia al infinito implicaría la quiebra, por cuanto supondría un aumento continuo del endeudamiento del país para financiar déficits externos y en un momento dado no se encontrarían inversores dispuestos a financiarlos. Llegado ese momento, sería obligatorio transformar los déficits en superávits, de tal modo que al ser imposible discrecionalmente aumentar las exportaciones, la vía utilizada sería la reducción de importaciones, o sea, del consumo interno. Esto generaría una contracción de la inversión empresarial y por ende, un acusado incremento del desempleo. Este hecho incidiría en mayor contracción del consumo, menor inversión y mayor desempleo (círculo vicioso que se retroalimenta). Conclusión: una acusada debilidad competitiva, si no se soluciona, puede derivar en una fuerte crisis que afectará negativamente donde más duele: en el continuo aumento del desempleo. Y lo más doloroso no es ser despedido, sino mantenerse así un largo periodo de tiempo.

Por lo tanto, para evitar esa posibilidad, parece evidente que la política económica debería ir encaminada a aumentar la competitividad. Pero aquí nos encontramos con el des-alineamiento de plazos entre la generación de rentabilidad “social” de las políticas de aumento de productividad del país (largo plazo), y las necesidades de sensación de niveles mínimos de bienestar de la población (corto plazo marcado en general por altas dosis de impaciencia cuando se considera que dichos mínimos no se alcanzan). Estas últimas necesidades son las que siempre tratarán de satisfacer los políticos por cuanto su horizonte temporal es más similar (corto plazo) al exigido por la población en cuanto a la consecución de su bienestar mínimo.

Una solución ante la falta de competitividad sería mejorarla intentando competir en precio en mejores condiciones. Podría mecanizarse devaluando la moneda o reduciendo los salarios cuando no pueda devaluarse por tener tipos fijos de cambio (políticamente imposible). Pero mucho más sostenible sería la mejora de competitividad vía aumentos de productividad. Aquí entran las políticas largo-placistas en generación de “rendimiento social” como la inversión en formación o I+D. Una correcta formación aporta una mente estructurada, o sea, capacidad de resolver problemas, aportación de mejoras a procesos, ... Una fortaleza en I+D contribuye a descubrir mejoras en procesos productivos, productos, técnicas de gestión, ...  Invertir en estos conceptos para alcanzar un elevado stock de capital intelectual y tecnológico será altamente rentable a largo plazo para un país. Permitirá conseguir una ventaja competitiva sostenible frente a otros países, por la dificultad de replicarla. Permitirá producir con los mismos costes mayor número de productos o de mayor calidad. Los aumentos de productividad se trasladarán a incrementos salariales y de márgenes empresariales, lo que derivará en aumentos de consumo e inversión que se retroalimentan (ahora, círculo virtuoso), generando una capacidad recaudatoria fiscal elevada y sostenible para financiar ambiciosos programas de gasto público social y productivo. 

¿Cuál es entonces el problema? Como se ha mencionado, alcanzar la posición idílica antes descrita implica dos cosas: elevada inversión pública y tardanza de generación de beneficios sociales (¿5, 6 años ...?). Dicho de otro modo, exigiría que la población sacrificara dosis razonables de calidad de vida durante varios años para mejorar sustancialmente la misma de manera sostenible a partir de un momento indeterminado del futuro. La pérdida de dicha calidad de vida se produciría porque para invertir agresivamente en formación e I+D habría que retraer recursos referidos a gasto social (pensiones, prestaciones, ...) y aumentar impuestos a determinados sustratos de la población (teóricamente recuperables si inciden en una economía más competitiva). Esto implicaría para muchas familias una reducción de sus niveles de gasto y por ende de calidad de vida, pero siempre que se alcanzaran niveles mínimos aceptables, sería un sacrifico temporal.

Aquí llega la cuestión clave. ¿Qué le ocurriría al Gobierno de un país débil en competitividad si se atreviera a proponer reducir significativamente el nivel de vida de la población durante 5-6 años, prometiendo que a partir de entonces aumentaría sobremanera el bienestar de manera sostenible? ¿Ganaría las Elecciones Generales? La respuesta más probable es que no. De hecho, la oposición aprovecharía para poner en evidencia la “teórica impotencia” de un Gobierno incapaz de mejorar la calidad de vida en menos de ... ¡¡¡6 años!!!. Por lo tanto, ¿Algún Gobierno realizaría reformas estructurales de calado? En mi opinión la respuesta es que no. ¿Y si a esto se añade una crisis financiera y real, una ingente cantidad de deuda, imposibilidad de devaluar la moneda, previsible aumento significativo de desempleo en el corto plazo,...?  Entonces la respuesta es que no, que no y que no. Así pues, ¿quién es el culpable de que no se acometan reformas estructurales ambiciosas en un país escasamente competitivo? El ser humano, el corto-placismo del mismo, la población en general, todos nosotros...

Leopoldo Torralba, analista de Ahorro Corporación