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Cien días de la Ley de la Cadena Alimentaria
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Cien días de la Ley de la Cadena Alimentaria

Superados los cien días de la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria (LCA), parece oportuno realizar un pequeño análisis de una

Superados los cien días de la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria (LCA), parece oportuno realizar un pequeño análisis de una norma que ha pasado desapercibida fuera del sector agroalimentario pero que tiene potencial para cambiar todo el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La LCA es una demanda histórica del sector productor español, al que se ha sumado en los últimos años la industria, empujada por el creciente poder de la distribución moderna, e incluso algunas organizaciones de consumidores, preocupadas por el efecto negativo que pueden tener las prácticas comerciales de la distribución sobre los proveedores y los propios consumidores. Efectivamente, la cadena alimentaria es, como su nombre indica, una cadena en la que diversos eslabones deben contribuir a su funcionamiento eficiente. Sin embargo, en los últimos años, los diversos eslabones han evolucionado de forma diversa y se ha generado una estructura de mercado que se asemeja a un cuello de botella competitivo.

En la parte más honda se encuentran miles de productores y cooperativas agrarias, muy atomizados y sin las ventajas que genera la economía de escala y de costes. En la parte intermedia se halla la industria agroalimentaria, con actores de diverso tamaño, desde pequeñas empresas familiares hasta multinacionales. En la parte más estrecha, se encuentran los distribuidores, un número reducido de operadores cuyas tiendas son la puerta de acceso a los consumidores. Entrar en ellas es para los consumidores una rutina diaria, pero para los fabricantes puede suponer una odisea y la diferencia entre la vida y la muerte en términos empresariales.

Esta estructura desequilibrada ha ido generando prácticas abusivas de abajo (desde los compradores) hacia arriba (hacia sus proveedores). Estas prácticas no son ajenas a otros sectores en los que existen desequilibrios negociadores entre las partes (las tensiones entre los fabricantes y distribuidores de coches son noticia a menudo), pero en ningún otro han sido tan 'silenciosas'. La explicación a esta excepcionalidad es sencilla: nadie se atreve a denunciar o a dejar de vender a sus clientes cuando su negocio depende de ellos.

La Agencia ya está plenamente operativa, se han presentado algunas denuncias y las empresas, generalmente con la ayuda de sus asociaciones que les facilitan el anonimato, han sido capaces de poner freno amistosamente a abusos que antes hubieran quedado impunes

Esta problemática se da en todos los países de nuestro entorno y en algunos de ellos ya han empezado a regularla. En el ámbito de la UE, la Comisión Europea publicó en enero de 2013 un Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la distribución alimentaria y no alimentaria. La LCA viene a poner fin a esta situación en España, tantas veces denunciada por el sector. De hecho, si usamos como ‘prueba del algodón’ el Libro Verde, puede observarse que la LCA recoge muchas de las ideas planteadas por la Comisión Europea y puede ser un referente legislativo en nuestro entorno.

Ciertamente, la LCA ha adoptado diversos instrumentos de actuación que se complementan. En primer lugar, impone los contratos escritos en algunos casos, especialmente para proteger a los productores primarios y las pymes. En segundo lugar, regula una serie de prácticas comerciales abusivas: las subastas electrónicas no transparentes, las modificaciones unilaterales de los contratos, los pagos comerciales al distribuidor salvo en dos supuestos específicos, el uso por los distribuidores de la información comercialmente sensible de las marcas de fabricante en beneficio de su propia marca por parte de los distribuidores y la copia de envases y presentaciones de las marcas de fabricante.

Asimismo, recuerda que los distribuidores deben gestionar las marcas de fabricante y sus marcas con respeto a las normas de defensa de la competencia y competencia desleal. Este recordatorio es quizás el único punto débil de la LCA. Las discriminaciones son un problema especialmente grave en España y tarde o temprano será necesario actuar sobre ellas.

En tercer lugar, se crea un Observatorio que reunirá a las Administraciones, la CNMC, agentes del sector y consumidores y ayudará a interpretar, aplicar y, en su caso, mejorar la ley. En cuarto lugar, se crea una Agencia estatal (en realidad, se amplían las competencias y se renombra la Agencia del Aceite) para hacer cumplir la LCA, con amplios poderes de investigación que pueden desembocar en sanciones económicas, poderes que las comunidades autónomas pueden replicar en su ámbito competencial. Por último, la LCA esboza un Código de Conducta voluntario que debe profundizar y ampliar las prácticas abusivas reguladas en la ley, sometiéndolas a un sistema de resolución de conflictos eficaz.

En estos más de cien días transcurridos, la Agencia ya está plenamente operativa, se han presentado algunas denuncias y las empresas, generalmente con la ayuda de sus asociaciones que les facilitan el anonimato, han sido capaces de poner freno amistosamente a abusos que antes hubieran quedado impunes. Cuando el Código de Conducta esté operativo, es de esperar que numerosas empresas se adhieran a él, sobre todo si se tiene en cuenta que las asociaciones representativas de la industria y la distribución alimentaria europea ya han firmado un Código de Conducta, por lo que el marco de protección de la LCA aumentaría significativamente.

En suma, si bien cien días es un espacio temporal limitado para apreciar todo el potencial de la LCA, creemos que ha cumplido con creces las expectativas generadas y debemos mostrar nuestro reconocimiento al Gobierno y especialmente a todo el equipo del MAGRAMA por haberla impulsado y a prácticamente todo el arco parlamentario por avalarla. Este sector requería consenso, y el resultado ha sido muy satisfactorio.    

*Ignacio Larracoechea es presidente de Promarca

Superados los cien días de la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria (LCA), parece oportuno realizar un pequeño análisis de una norma que ha pasado desapercibida fuera del sector agroalimentario pero que tiene potencial para cambiar todo el funcionamiento de la cadena alimentaria.