Embutido, jamón y solomillo: la amenaza viene de las agencias internacionales

La reciente decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la carne procesada y roja plantea tres cuestiones de gran calado relacionadas entre sí:

En primer lugar, la deficiente política de información y comunicación de los reguladores en materia de salud y la consecuente necesidad urgente de cambiarla, adaptándola a los tiempos que corren;

En segundo lugar, y como consecuencia de la alarma social que se genera, la extrema vulnerabilidad de los sectores económicos afectados, hecho éste agravado por la inexistencia de vías directa de interlocución y recurso en manos de las empresas;

Por último, la necesidad de un lobbying preventivo ante dichos reguladores para evitar que llorar por la leche derramada sea el único recurso disponible.

Intentaré avanzar algunas reflexiones y conclusiones fruto de mi experiencia profesional de casi treinta años lidiando con asuntos regulatorios de la UE y agencias internacionales como la OMS.

Innecesaria alarma social

Vivimos atrapados en un doble deseo que, en realidad, es una paradoja: por un lado, nuestro deseo legítimo de máxima transparencia informativa y por otro, la urgencia del conocimiento en tiempo real, casi inmediato, que no siempre es compatible con el rigor intelectual y de la que son fiel testimonio las redes sociales. Pero información y conocimiento no son la misma cosa.

Precisamente para que la información dé paso al conocimiento, la transparencia informativa que deben tutelar los poderes públicos necesita del máximo rigor y espíritu didáctico por parte de los organismos reguladores (extensible a los llamados formadores de opinión, es decir, los medios) a través de un esfuerzo de banalización científica y técnica que permita acceder a las claves en asuntos que, como en el caso de la salud, afectan al más común de los mortales.

Por último, los destinatarios de la información (los consumidores en este caso, o sea, todos nosotros) debemos esforzarnos en conocer adecuadamente el alcance de las noticias. Y ahí radica uno de los principales problemas y fuentes de confusión: pretender conocer en un abrir y cerrar de ojos -como se estila en esta sociedad del parpadeo, la 'blink society' (1) en la que vivimos-, es imposible. La consecuencia es que acaban imponiéndose los elementos emocionales frente al rigor intelectual y caemos innecesariamente en las redes del alarmismo tras el anuncio de decisiones como la recientemente emitida por la OMS.

Por ello, debemos abrir una reflexión sobre el modo de informar y comunicar cuestiones que afectan a bienes tan sensibles como nuestra vida o salud y, por extensión, a otros bienes colectivos en auge como el medio ambiente y el bienestar animal. En contra de quienes ven perdida la batalla, yo creo que ser riguroso y didáctico no está peleado con la twitterización de la comunicación. Está en juego el futuro de miles de sectores económicos y puestos de trabajo.

Vulnerabilidad de las empresas

Como sucede ahora en el sector cárnico (que no es el primero ni será el último), decisiones como la de la OMS generan un perjuicio indiscutible al conllevar confusión y alarmismo en el consumidor por las razones que venimos señalando. El resultado no es sólo la caída en las ventas de productos considerados como cancerígenos sino, lo que es más grave, un menoscabo de la imagen y reputación de productos que llevamos consumiendo siglos y que forman parte de nuestra cultura y tradición europeas, lo que tiene peor reparación.

Por otro lado, situaciones como esta ponen de manifiesto la existencia de una terra incognita en la que reguladores, amparados por una autoridad no sólo científica sino casi moral, determinan cada vez más el futuro de miles de sectores económicos y puestos de trabajo al intervenir con decisiones que tienen efectos directos en los mercados sin que este mandato figure en su carta fundacional ni en sus estatutos.

Las declaraciones de representantes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -el sanedrín del cáncer a escala mundial- llamando a elegir entre “creerles a ellos o la industria” no contribuyen precisamente a restablecer la confianza y el sentido común en temas tan sensibles. Frente a las organizaciones internacionales, en particular las de la familia onusiana, los sectores económicos se ven además abocados a remar en un limbo jurídico ya que, a parte del lobbying preventivo al que me referiré más adelante, no existen vías formales directas de interlocución y recurso ante este tipo de decisiones. La misión, las funciones y la praxis de agencias como la OMS no parecen ser compatibles con ello.

Lobbying preventivo

La representación y defensa de intereses ante estos reguladores internacionales no es remedio infalible pero, al menos, permite oír y ser oído, anticipar decisiones y limitar el daño.

A diferencia de la UE, que reconoce la actividad del lobbying y lo regula (a través de un registro, consultas públicas, acceso a documentos y control democrático de la Comisión Europea), las agencias internacionales como la OMS se encuentran aún en la prehistoria de la transparencia y la participación de la sociedad civil en sus decisiones, en parte, como resultado de una sobrerreacción a recientes acusaciones de connivencia con intereses privados, como ocurrió con el caso de las vacunas de las empresas farmacéuticas para la gripe aviar.

A título de ejemplo, la OMS se encuentra actualmente en una discusión interna (e interminable) sobre el estatuto de los llamados actores no estatales (Non State Actors) que consagra más tiempo a discusiones nominales y a cuestiones tan conceptuales como inútiles, tales como la delimitación ONG-industria, que en fijar las reglas de juego para trabajar con la sociedad civil organizada que, a través del lobbying hace llegar su voz y participa en las decisiones.

Informar mejor: peligro no significa riesgo

¿Qué significa clasificar un producto como cancerígeno? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Qué es, en realidad, el ránking de la OMS? ¿Qué relación existe entre peligro, riesgo y daño?

La política de comunicación de las agencias reguladoras en materia de salud, empezando por la OMS, es manifiestamente mejorable. Resulta inconcebible que nadie se haya planteado responder a estas cuestiones de forma simple y didáctica.

Por ejemplo, ¿sabía usted que el ránking de productos cancerígenos de la OMS se limita a identificar peligros o fuentes del mismo sin evaluar su riesgo -es decir- las posibilidades reales de que el peligro se traduzca en un daño para la salud?

¿Sabía que, junto a los embutidos, ya estaban en la lista de cancerígenos número uno -entre muchos otros agentes- la radiación solar y la sílice cristalina (presente en la arena de las playas), los ahumados o los anticonceptivos femeninos?

Identificar peligros es, pues, fundamental porque significa oficializar con datos científicos una luz ámbar de alerta. Pero no lo es todo. Los datos científicos epidemiológicos utilizados por la OMS en sus Monographs tan sólo sirven para colocar esas luces ámbar. Queda lo fundamental, que es evaluar el riesgo derivado de dichos peligros: las circunstancias concretas del consumo o la exposición a un agente o sustancia diferenciando, cuando proceda, los grupos de riesgo y factores clave tales como la frecuencia, la cantidad o volumen, la edad del individuo, su genética e higiene de vida, etc.

Y por último, está la gestión de dicho riesgo. Esto es, cómo reaccionan los poderes públicos. No todos los países reaccionan igual, como también varía considerablemente la tipología de medidas de gestión del riesgo frente a los agentes y sustancias del ránking número uno del IARC.

Cabe un abanico de medidas que van desde la mera información a la prohibición –total o parcial- pasando por la restricción regulatoria del producto o agente. Así, todas las fibras de amianto están prohibidas en algunos países; está prohibido fumar en lugares cerrados prácticamente en todo el mundo sin estar prohibida la venta del tabaco salvo que se tenga menos de 18 años y se soporten las terribles imágenes de las cajetillas; los ahumados y los platos orientales especiados campan por sus pagos en las cartas de los restaurantes sin advertencia alguna, y el uso de los anticonceptivos no está prohibido como tampoco lo está tomar el sol en la playa. Es allí donde suelen confluir dos agentes cancerígenos -las radiaciones solares y la sílice cristalina de la arena-, y ésta última no está regulada por ley en la UE sino que empresarios y trabajadores de las industrias donde está presente esta sustancia lidian con su riesgo mediante acuerdos voluntarios.

En el caso de los embutidos y la carne roja, tras la decisión tomada, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea deberían ser los primeros en mover ficha.

Diversidad en la naturaleza de los peligros, diversidad de factores que intervienen en la evaluación del riesgo y diversidad en las medidas que adoptan los poderes públicos… Frente a tanta diversidad deberían exigirse, en cambio, reglas básicas comunes (un código deontológico, por ejemplo) a la hora de comunicar el riesgo por parte de reguladores y medios de comunicación y un poco más de espíritu ilustrado por parte del consumidor para entender el verdadero alcance de las noticias. Ganarían no sólo los consumidores, sino la credibilidad de los reguladores y se evitaría el daño gratuito en la imagen de los sectores económicos.

Otra cosa son las redes sociales…

¿Algún voluntario para ir twitteando todo esto?

(1) Blink (inglés) significa parpadear. Conocer en un abrir y cerrar de ojos (o a golpe de clic en el ordenador). Teoría desarrollada desde principios del siglo XXI por autores como Malcolm Galdwell (“Blink: the power of thinking without thinking”, 2005).