Financiación sanitaria, ¿quién asfixia a quién?

Durante los últimos gobiernos socialistas, el PP acuñó un mantra que repetía viniera a cuento o no. Fue tal el empeño que hasta una ponencia económica de este partido, ‘Ideas para la acción’, desarrolló a su modo esa teoría, según la cual Zapatero asfixiaba a la comunidad autónoma correspondiente gobernada por el Partido Popular. La tesis sostenía, entre datos interpretados de un modo muy particular, que no se tenían en cuenta factores demográficos y, en consecuencia, tampoco los servicios adicionales que se debían prestar a la ciudadanía. Como bien sostenía el filósofo alemán Schopenhauer, “cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa”. Este carácter selectivo tiene mucho que ver en la inacción del anterior Gobierno ante los desequilibrios y déficits de financiación a las comunidades autónomas. La ocasión de rectificar no puede ser más idónea que la que ofrece la Conferencia de Presidentes del próximo martes.

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Carlos Sánchez

Será en ese foro donde el Gobierno del cambio de la Generalitat valenciana deje claro, una vez más, que el Ejecutivo central no cumple con sus obligaciones. En materia sanitaria tienen nombre, apellidos y cuantificación económica. Se llaman financiación de los tratamientos de hepatitis C y atención a pacientes desplazados nacionales y a turistas extranjeros en una comunidad en la que la afluencia es masiva. Los números no están en ninguna ponencia de partido sino apuntados en los balances financieros. Así, la Generalitat, a través de su Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, administró a 5.031 personas la medicación innovadora contra la hepatitis C. El coste ascendió a 141,32 millones de euros. Frente a esta cifra, el Fondo de Liquidez Autonómica específico para estos casos solo alcanzó los 114 millones. Casi 28 millones que se reclamarán al Ministerio de Hacienda por el gasto devengado en 2015.

Los déficits no acaban aquí. En 2012, el Ministerio de Sanidad aprobó el decreto que establecía un mecanismo de compensación entre autonomías denominado Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Con él se pretendía lo que tampoco se ha logrado. No era otra cosa que responder al gasto adicional de ciertas comunidades que acogen altos flujos de turistas. Pues bien, se añaden 66 millones anuales de coste en concepto de tratamientos a turistas nacionales. Entre los años 2012 y 2015, se han acumulado 264 millones pendientes de liquidar más 38,6 millones en el mismo caso y en el mismo periodo para turistas extranjeros. Las matemáticas no engañan: 302,6 millones de euros que la Comunitat Valenciana ha dejado de ingresar por los incumplimientos del Gobierno del PP. ¿Quién asfixia a quién?

El modelo sanitario con el Gobierno del cambio es tan firme como lo será reclamar lo que corresponde a las valencianas y a los valencianos. La universalidad de la atención sanitaria, la igualdad efectiva y la equidad en el acceso a los servicios, sin tener en cuenta la renta, lugar de residencia, sexo o cualquier otra condición, son los pilares de su política y su gestión. Para ello, se necesitan recursos. En los dos Presupuestos aprobados, el aumento en las partidas destinadas a sanidad ha superado los 500 millones. Esa misma cantidad, pero en recortes, fue la que detrajo el PP en el mismo periodo. No es casual. Son formas diametralmente opuestas de gobernar y fijar prioridades.

Para seguir en ese camino, del que nada nos apartará, se precisa un sistema de salud adecuadamente financiado. Una financiación que garantice la calidad de la prestación en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades (en algunos casos, nos separan hasta 800 euros por paciente y año). Una financiación que sea solidaria con la carga económica que supone atender como atendemos al millón de personas, en términos de consumo sanitario, que visitan nuestra comunidad.

En este contexto, es una necesidad absoluta que el Gobierno central priorice la financiación idónea de la atención sanitaria en términos de equidad a través de fondos de cohesión autonómica, del FOGA, de fondos específicos para programas innovadores o a través del apoyo a las redes asistenciales. La Conferencia de Presidentes debería ser un punto de partida inmejorable, pero es un pésimo indicio que no se haya incluido ningún asunto específico de sanidad cuando esta partida absorbe en las comunidades en torno al 30% de su presupuesto total.

*Carmen Montón es 'consellera' de Sanitat Universal i Salut Pública en la Comunidad Valenciana.