Algunas lecciones de la crisis financiera

Recientemente el Banco de España ha presentado su 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España', haciendo balance del impacto de la crisis en nuestro sistema financiero. El informe condensa algunas enseñanzas significativas, pero también olvida otras muy relevantes. Entre las lecciones que olvida el regulador, y que convendría tener presentes para el futuro y para las decisiones de política económica que están por tomar, conviene destacar cinco:

Primera lección: una década después de la quiebra del Northern Rock, la crisis aún no ha terminado, como demuestra el reciente colapso del Banco Popular. La estrategia de ocultar y enmascarar los activos tóxicos en los balances bancarios ha prolongado innecesariamente la crisis.

Segunda lección: en contra de lo que sostiene el interesado discurso liberal, no han sido solo las cajas de ahorros las que han sufrido la crisis. De hecho, las cajas supuestamente más 'politizadas' (las tres vascas, BBK, Vital Kutxa y Kutxa, o la catalana La Caixa) han sobrellevado mucho mejor que otras las tensiones de este periodo, sin requerir ayudas públicas. La razón de la crisis radicó en la sobreexposición de las entidades —tanto públicas como privadas— al crédito inmobiliario, y no en su titularidad. Recordemos que el Banco Popular, en vísperas de su quiebra, acumulaba 36.000 millones de euros en activos inmobiliarios tóxicos.

Tercera lección: los mecanismos de supervisión financiera no funcionaron antes de la crisis, y tampoco lo han hecho 'a posteriori'. El Banco Popular superó los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea en 2014, lo que evidencia que los procedimientos de evaluación de activos no han mejorado. La laxitud de la regulación, la opacidad y en muchas ocasiones el fraude continúan siendo la tónica en nuestro sistema financiero. Nadie podrá sorprenderse por tanto de los futuros episodios de inestabilidad financiera que estén por venir.

Cuarta lección: las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras no se han circunscrito, como suele señalarse, a las antiguas cajas de ahorros. También los grandes bancos privados han recibido importantes ayudas del Estado.

Por un lado, los grandes bancos han adquirido en el proceso de reestructuración —y a precios de saldo— entidades que han recibido sustanciales inyecciones de dinero público. El BBVA adquirió Unnim y Catalunya Banc, que habían recibido casi 22.000 millones de euros en ayudas; igualmente, el Banco Sabadell absorbió entidades que acumulaban más de 27.500 millones en ayudas públicas (la CAM y el Banco Gallego). Las pérdidas se socializaron al tiempo que los beneficios se privatizaron.

Pero, además, con el Real Decreto Ley 14/2013, el Gobierno de Rajoy consolidó otro mecanismo de ayudas indirectas a los bancos privados, al modificar el tratamiento de los activos fiscales diferidos (pérdidas de un ejercicio pasado que se pueden compensar tributariamente en ejercicios futuros). Y son precisamente los dos grandes bancos del país, Santander y BBVA, quienes acumulan el 76% de los activos fiscales diferidos (más de 25.000 millones de euros).

La conversión de estos activos fiscales en créditos exigibles (monetizables) ante la Administración Tributaria ha permitido una suerte de recapitalización indirecta de los bancos privados con cargo al erario público, incrementándose los ratios de solvencia de estas entidades a costa de menores impuestos en el futuro.

Quinta lección: la banca española es, en el contexto de la UE, la que más rápidamente se ha concentrado durante el periodo de crisis. Las cinco mayores entidades de nuestro país controlaban el 42% del mercado en 2008, cifra que ha pasado al 62% en 2016. El Santander se ha convertido además en un 'megabanco', que detenta activos por un valor superior al 40% del PIB de la economía española. Este proceso ha tenido lugar a pesar de que la crisis nos enseñó que un sistema financiero estable no puede permitirse entidades cuyo tamaño suponga un riesgo sistémico para el conjunto del sistema ('too big to fail'). Este tipo de entidades, sabedoras de que son demasiado grandes para que el Estado las deje caer en caso de problemas, tienen una preocupante tendencia a incurrir en comportamientos de riesgo moral.

Estas cinco lecciones deben hacernos reflexionar. Hacer como si no hubiese pasado nada, favoreciendo la concentración y una regulación laxa, no hará sino agravar los problemas en el futuro. Asimismo, es fundamental empezar a resarcir a los contribuyentes de los enormes costes que ha tenido la crisis.

La crisis del Banco Popular podría haber sido un buen momento para comenzar a gestionar la reestructuración bancaria en beneficio de la mayoría social: ¿en base a qué criterios opacos se ha vendido este banco al Santander, y no a otra entidad? ¿Acaso Bankia no estaba en disposición de asumir también la compra? Si la resolución del Banco Popular y su venta por un euro ha sido un buen negocio para el Santander, también lo habría sido para la banca pública, y a medio plazo esto habría permitido amortiguar parte del coste de la factura para el contribuyente.

Es necesario en todo caso avanzar, legislando que las entidades financieras devuelvan al Estado las ayudas públicas puestas a su disposición durante la última década. La creación de un impuesto de solidaridad, con un tipo impositivo del 10% sobre los beneficios de las entidades, permitiría recuperar progresivamente las ayudas que se han otorgado hasta la fecha, y reequilibrar con ello la factura de la crisis. Las lecciones aprendidas durante esta década deben servir para algo más que para editar informes que adornen librerías.

*Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos.