Guerra ciudadana en las pensiones: la revolución ha comenzado

Soplan aires de cambio en los sistemas de pensiones públicas del mundo desarrollado. En aquellos lugares regidos por un esquema puro de reparto -dinero que entra de los trabajadores, dinero que sale para los jubilados, Ponzi redivivo- las altas tasas de paro y la inversión de la pirámide poblacional auguran un desequilibrio entre aportaciones y prestaciones que amenaza con colapsar las finanzas de las respectivas Seguridades Sociales más antes que después. En los que, por el contrario, prima el modelo de capitalización –las entregas a cuenta son individuales y se recuperan vía capital o renta cuando la jubilación, caso de determinados colectivos- la baja rentabilidad de los activos y el aumento progresivo de los beneficiados del pago multiplica exponencialmente el desfase entre los activos bajo gestión y las obligaciones hacia los aportantes, especialmente cuando se ha asegurado un rendimiento. Algo que también afecta a los planes de pensiones privados que comparten esta característica (312.000 millones de libras es el palme no realizado en UK). Un panorama preocupante sobre el que, hasta ahora, actuaban solo los gobiernos. Con mayor o menor originalidad, eso sí. 

Por ejemplo, más allá de regular edades o niveles de percepción como sugieren distintos organismos internacionales, el gabinete conservador de David Cameron, en su presentación de presupuestos allá por el pasado mes de marzo, decidió congelar en algunos casos y minorar en otros los mínimos exentos de tributación de las rentas de los pensionistas británicos, eliminando la segmentación por razón de la edad y manteniendo, sin embargo, las reducciones en función de la renta. Una medida -que gira más sobre la tributación que sobre la percepción- con la que espera ahorrar 1.000 millones de libras al año a partir de 2015, esto es: unos 1.250 millones de euros anuales. La propuesta ha generado no poca controversia ya que viene acompañada del anuncio de una disminución de los tipos marginales para las rentas más altas del 50% al 45% bajo el argumento de que desincentiva la actividad, Laffer dixit. Una justificación objetiva que, sin embargo, deviene falaz en la medida en que no traslada el cambio al resto de la escala del tributo. Sea como fuere, primacía del contribuyente actual frente al pasado.

Sin embargo, en Estados Unidos se acaba de producir un salto cualitativo brutal. Apenas ha tenido repercusión lo ocurrido en California, en los condados de San José y San Diego en concreto. Allí el pasado cinco de junio se sometió a referéndum ciudadano un recorte de las prestaciones a cobrar por los funcionarios públicos llegada la hora de su jubilación, tanto las consolidadas como las futuras. El ejecutivo propone y el votante dispone. Pues bien, frente a la alternativa de una subida de impuestos para afrontar el coste de los servicios locales, los habitantes de esos municipios han optado mayoritariamente por aprobar un ajuste de esta partida. Hoy por mi, mañana por mi. La aprobación se ha visto respaldada por republicanos y demócratas a lo largo del país. Pensiones congeladas, mayores aportaciones o retraso de la edad de jubilación son parte de las medidas ratificadas por la población, democracia pura. También la sustitución de la gestión profesional por la personal de los fondos de pensiones lo que, de generalizarse, afectará a CalPERS, una de las mayores gestoras del mundo y cuyo agujero entre assets y liabilities suponía, ya en 2010, 500.000 millones de dólares.

Tal y como están evolucionando los acontecimientos ahí fuera, y pronto en nuestra querida España, da la sensación de que esto tiene mucho más recorrido de lo que puede parecer a primera vista, Kramer contra Kramer. Y nos lleva a un apasionante triple debate: sobre los límites del estado del bienestar cuando este afecta al bienestar del estado, concepto de derecho fundamental frente a derecho de ‘imposición', que se sufraga con impuestos; sobre la gestión eficiente de los recursos de los ciudadanos en el ámbito administrativo si este no es capaz de garantizar el cumplimiento de sus compromisos, asignación eficiente del ahorro; y, el menos extendido de todos, sobre la cuestión  de la justicia intergeneracional o el porqué la siguiente generación ha de sostener a la anterior, rompiendo el curso natural de las cosas y condenando su futuro, frente a los que postulan que es la justa contraprestación a todo su desembolso dinerario o de conocimiento anterior (imprescindible este Europe´s Pension Crisis Yet to Come of Age del Heard of the Street-WSJ, 07-06-2012, como resumen de todo lo anterior). 

Tres preguntas apasionantes que darían para tres debates apasionados. Queda en sus manos. 

Se abre el foro.