Mucho se está hablando en estos días del problema eléctrico, donde el Don Quijote José Manuel Soria ha decidido tomar lanza en ristre y lanzarse desbocado contra un gigantesco déficit de tarifa que pretende corregir en apenas dos años. No cabe imaginar para el ministro un desenlace mejor del que disfrutó el hidalgo caballero en la novela de Cervantes, vista la imposibilidad práctica de la tarea sin destrozar la industria. Sin embargo, ahí le tienen, en un nuevo ejemplo práctico de voluntarismo que padece del mismo defecto en el que incurrieron sus predecesores en el cargo: poner parches al problema en lugar de afrontar una reforma estructural del sector, que es lo que necesita de manera urgente. Claro que esto requiere de independencia política y voluntad ejecutiva. Y eso, en los tiempos que corren, se ha convertido en 'mucho pedir'.

La realidad es escalofriante. Desde 1997, fecha de la última Ley del Sector Eléctrico -esa promovida por los populares y mantenida por los socialistas que consagró legislativamente el 'déficit de tarifa'- se han publicado en España más de 300 disposiciones con modificaciones normativas sobre la materia. La falta de criterio y el deseo de contentar a unos y a otros ha provocado aberraciones jurídicas como la fijación de primas renovables absurdas y su posterior retroactividad, los 'pagos por capacidad' (considerados innecesarios por la CNE) o el 'coste de interrumpibilidad' cuando sobra generación en España, por citar solo tres ejemplos. El efecto que esta volubilidad regulatoria ha tenido y está teniendo sobre los inversores locales y extranjeros es brutal, perjudicando aún más la marca España.

Pero no se trata únicamente de un  problema normativo. De las conversaciones con unos y con otros, y de la lectura detallada de la imprescindible la ponencia pronunciada por alguien tan poco sospechoso como Jaime Terceiro el pasado 19 de junio en la Academia de Ciencias Morales, Crecimiento y Energía en la Economía Española (leer a partir de la página 10), se deduce que ha fallado también...

1. la planificación, tanto en términos de dimensión de las necesidades de generación como en la definición de su mix. Crecimientos irracionales cuando ya se había estabilizado la demanda pico están en la base de buena parte de los problemas actuales con, por ejemplo, la fotovoltaica o el ciclo combinado de gas.
2. que no se ha producido una verdadera liberalización del mercado, al menos, en el caso de la distribución donde los grandes disfrutan de un 98% de cuota de mercado pese a existir cerca de 300 operadores.
3. que se ha dado un uso populista a los precios de la electricidad, desincentivador de la eficiencia económica. De hecho desde 1995 la intensidad energética, consumo energía sobre PIB, apenas se ha reducido en España un 5% frente al 40% de media de la UE. En un país tan dependiente en esta materia como el nuestro, supone un auténtico tiro en el pié nacional.
4. que sigan en vigor contratos de suministro bajo la fórmula de take or pay, que desligan consumo de coste económico del aprovisionamiento del gas.
5. que el mecanismo de fijación de precios en origen o pool es imperfecto ya que no discrimina en función del coste real de generación y aplica una referencia marginal uniforme a todas las fuentes, dando lugar a la aparición de los llamados windfall profits en hidroeléctrica y nuclear cuyo coste variable de producción es prácticamente cero. Una realidad de la que también participan las renovables que, además, son subvencionadas vía primas.
6. que además el pool permite anomalías como las derivadas de las 'restricciones técnicas', mecanismo que faculta que haya productores que vierten energía a la red por encima de los 1.300 euros/megawatio por garantizar determinado suministro, como ha ocurrido el pasado mes de junio de acuerdo con datos de REE. El precio medio del pool desde 2005 ronda los 50 euros. Echen cuentas.
7. la arbitraria estructuración de las ayudas públicas entre coste (caso del carbón) y precio final (como ocurre con las renovables) lo que choca con el más mínimo requisito de transparencia y faculta la existencia de subvenciones cruzadas.
8. que aún hoy son más de 30 los sumandos que determinan el coste del sistema eléctrico y que, de éste, el 50% entra dentro de la categoría de “regulado”, esto es: dependiente del criterio del Estado (la Administración es arte y parte, y de qué manera, de este desaguisado).
9. que no se ha abordado una auditoría verdadera de los costes de producción eléctrica y de la velocidad de amortización de sus activos. No solo eso, los sucesivos gobiernos se han dejado guiar por las estimaciones dadas por las propias compañías lo que ha provocado que una parte del déficit de tarifa sea fruto de 'costes reconocidos' por ellas de concreción real incierta. Una opacidad que contrasta con la exigencia de datos detallados de la CMT a las firmas de telecomunicaciones ante cualquier denuncia de la posible existencia por parte de un competidor de un 'operador dominante'. La CNE a por las patatas.
10. que aún hoy las grandes, y otros operadores financieros, obtienen suculentos beneficios en las subastas trimestrales OTC del Cesur que, sorprendentemente, siempre dan referencias por encima del precio diario de mercado, lo que distorsiona el valor de la Tarifa de Último Recurso al ser elemento clave en su determinación.
11. que, de acuerdo con Eurostat, solo Chipre y Malta tienen precios minoristas de la electricidad por encima de los de España una vez eliminado el efecto impositivo (que oscila entre el 130% en Dinamarca, el 80% de Alemania, el 42% de Italia y el 22% en nuestro país), ocurriendo algo similar en el ámbito industrial.
12. que no se ha sabido adaptar la prima de la fotovoltaica a su mejora de eficiencia ni se ha facilitado un proceso de concentración que permitiera vincularla a una cierta evolución operativa lo que, unido al incumplimiento de las proyecciones iniciales, ha disparado el importe afecto a este tipo de generación.

Imprimir

Enviar

6

3

0

7