S. McCoy
No son buenos tiempos para el funcionariado en España. Buena parte del pato de la elefantiasis pública la están pagando trabajadores de las distintas administraciones llegados a su puesto por oposición. Ajustes, plazas amortizadas, presión. Si a ello se une la mitificación más o menos razonable de su falta de desempeño -las generalizaciones son malas y hacen que paguen justos por pecadores- y la confusión, en muchos casos, de roles con el personal laboral nombrado a dedo y el interino reconvertido, el resultado es la percepción de sus malas noticias como buenas por una parte importante de la sociedad española. Será injusto pero es real.
El político de turno, no ajeno a las 'demandas' del votante y constreñido por la precariedad presupuestaria, está llevando a cabo un proceso de castigo recurrente a las condiciones laborales de los funcionarios, equiparando de este modo su realidad a la del sector privado donde los despidos y los recortes salariales están a la orden del día. La introducción de criterios profesionales en la evaluación del desempeño y el establecimiento de unos límites a la existencia sine die de todo lo deficitario -ya era hora- está afectando a un colectivo poco acostumbrado a los sobresaltos en el pasado más reciente. Adiós a la estabilidad y la seguridad.
Sin embargo la verdadera revolución en la que está trabajando el Gobierno para los trabajadores públicos -y que difícilmente verá la luz, al menos mientras la cuestión regional se encuentre en la enrevesada coyuntura actual- no afecta ni a los salarios, ni a las cuantías a percibir en caso de baja, ni al control del absentismo o la eliminación de los moscosos. Qué va. Tiene mucha más profundidad y alcance ya que busca equiparar las distintas categorías profesionales en todo el territorio nacional, con independencia del lugar donde el empleado realice su tarea, sea ayuntamiento, diputación, comunidad, estado u órgano administrativo perteneciente a cualquiera de ellos.
En definitiva se trataría de establecer una habilitación única para cada una de las funciones demandadas que viniera acompañada de una uniformidad salarial, de modo tal que un policía local de Pozuelo de Alarcón perciba el mismo esquema remuneratorio que otro de La Roda, Almería o Sallent de Gallego. Y así con cada colectivo público. De este modo, arguyen desde el gobierno, se les podría dotar de una flexibilidad inexistente hasta ahora que lleva a postergar determinadas decisiones de ahorro de gasto condicionadas a qué hacer con los funcionarios adscritos (caso de los parques móviles, por ejemplo: quitamos los coches y... ¿los chóferes? Otra cosa es que ese desempeño haya o no de ser funcionarial a partir de ahora). Y permitiría fomentar tanto la movilidad geográfica como funcional. Y es que uno de los problemas a los que actualmente se enfrentan los distintos Gobiernos a la hora de gestionar estas plantillas es que carecen de los resortes para poder destinar los recursos allá donde son necesarios, arguyen, lo que genera situaciones paradójicas de oferta y demanda excesivas a la vez.
Como tantas otras cosas en España suena a una idea de innegable bondad teórica pero de imposible ejecución práctica ya que obligaría a una renuncia de control de su personal de los distintos reinos de taifas nacionales, al cierre de un mecanismo de diferenciación salarial tradicionalmente usado como arma electoral, al establecimiento de una suerte de mercado único administrativo cuando el privado es una quimera, a unas oposiciones globales en las que nadie pueda meter mano y así sucesivamente. Eso por no hablar de la imposibilidad de planteamiento, en la tesitura actual, a vascos y catalanes, por citar los ejemplos más evidentes. Pero, dicho esto, siendo como es que se está caminando desde las más altas instancias en esta dirección, nadie puede negar que la reivindicación de dejar el tacticismo y poner las luces largas encuentra en esta propuesta su máxima expresión. Otra cosa es que llegue a algún lado, que va a ser que no. En fin, una pena. Otra más. con minúscula.
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LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
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COMENTARIOS
68vixente 29/10/2012 | 12:05
Una preguntilla ¿por qué hay que tener consideración con el tipo que se ha aprendido de memoria 50 temas u 80 y con el que ha entrado ganándose el puesto a base de trabajo día a día hay que despedirlo de forma despiadada? En muchos hospitales los que el sr. Artero llama despectivamente interinos son los que hacen que funcione, gente que no ha tenido la suerte de estar en el mercado laboral a finales de los 80 o principios de los 90 donde había miles de plazas, ahora no existen esas plazas y no queda más remedio que dejarte las pelotas unos meses en la paz, otros en la princesa y otros en el San Carlos mientras los medicos y enfermeros con plaza fija van a sus consultas privadas. Me temo que el día que echen a todos los interinos y personal laboral y acaben con alguna empresa pública que hace el trabajo que los funcionarios de "oposición" no hacen se va a liar muy gorda.
67muccius 19/10/2012 | 18:07
#55 Las oposiciones a notarías publican, efectivamente, la estadística de los aprobados con familiares hasta el tercer grado con la profesión. La última, de 2010, no llegaba al 17%. Por otra parte, es absolutamente normal que los hijos [alguno, al menos] sigan la senda de su padre/es.. preguntamos cuántos hijos de médicos, profesores, abogados o farmacéuticos [que heredan la farmacia de papá] y demás hay? Me da a mí que superan con creces la estadística de las oposiciones. Hay mucho desconocimiento y envidia respecto a las oposiciones más difíciles de superar. Es normal, es la naturaleza humana, sobre todo la española.
66jcma 18/10/2012 | 22:43
Estupenda noticia de confirmarse. NO es lógico, normal ni justo que un funcionario de una diputación [que no deberían existir dada su total inutilidad y forma de acceso...] cobre el doble o el triple que un funcionario estatal, o que un funcionario de unas CCAA cobren el doble que los de otras, o que en los ayuntamientos existan unos sueldos desproporcionados, o que existan decenas de miles de asesores [enchufados sin oposición], etc, etc, etc
Habrá mucho jeta asustado, pero que metan mano de una P. vez en la administración pública, que es una verdadera verguenza.
Y sobre todo: que no la dirijan políticos, sino gente preparada. Los políticos sólo nos han traido ruina, hambre y enchufismo.
No nombro empresas públicas, senado, fundaciones, etc porque esas habría que eliminarlas directamente, al igual que las diputaciones
65jbbt 18/10/2012 | 22:38
#47 Jeb: no mientas en cosas que el foro desconoce. Se trata de defender al funcionariado en general y no a aquello que por falta de mérito, capacidad o ganas no han llegado a más, que por tanto estan donde les corresponde.
Los funcionarios, la gran mayoría, son necesarios y realizan una labor extraordinaria, fundamentalmente en la adinistración general del Estado. Garantizan imparcialidad y, a la vista está, tras lo que llevan sufrido, que son capaces de superar gravísimas dificultades con trabajo, tesón y orgullo, sin café, paseo ni cigarro.
64palindromo 18/10/2012 | 21:49
#28
Dice usted: 'y yo pregunto ¿estamos tranquilos si el médico que me visita está mirando por la eficiencia y me aplica el parche barato en lugar del adecuado? ¿Estamos tranquilos que la inscripción de turno o la apelación a un pleito se lo damos a un empleadillo que puede tener intereses espurios y pasa copia a sus contactos?'
Visto así, igual para usted es mejor gastarnos el dinero en garantizar que el que pone el parche mantenga su trabajo de por vida que en buscar el parche que resulte más eficiente.
O en hacer funcionario al 'empleadillo' que se encarga de tramitar la apelación de los pleitos, mientras por los pasillos de los juzgados pululan cientos de jueces 'sustitutos' y de cuarto turno nombrados a dedo.
Es cuestión de perspectiva.
Sólo que la mía es diferente.
Experto financiero que escribe Valor Añadido. Es un incisivo analista que despertó el interés de nuestros lectores con sus brillantes y didácticos artículos sobre empresas, sectores y tendencias del mercado.