Botín, FG y Fainé ante el juez, otra china para la marca España

Los tres mosqueteros de la banca española han sido llamados a declarar por el juez Fernando Andreu en calidad de testigos dentro de la pieza bautizada como ‘caso Bankia’, cuyo origen se encuentra en la querella presentada en su día por UPyD. En efecto, Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (La Caixa) y Francisco González (BBVA) tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 24 de mayo a fin de aclarar su participación en las decisiones que condujeron a la salida de Rodrigo Rato de la presidencia del banco, fusión de cajas, el lunes 7 de mayo de 2012, paso previo a la nacionalización de la entidad dos días después.

Una citación que nace al calor del reconocimiento por parte de Luis de Guindos de reuniones con los tres banqueros el fin de semana previo al cese, días en los que, por cierto, el dimisionario estuvo fuera de España hasta el mismo domingo por la tarde invitado por un banco internacional. De acuerdo con las versiones más o menos apócrifas que se han filtrado de esas 48 horas, el ministro buscó el respaldo de los principales bancos del país antes de decapitar a su exmentor, una decisión para la que contaba, aparentemente, con el beneplácito del Banco de España. Lo que Andreu perseguiría con las declaraciones de estos tres actores privilegiados del drama es delimitar responsabilidades ante el cruce de acusaciones entre Gobierno, supervisor, auditor y gestores.

Se trata de un error mayúsculo, más propio de ese perfil de jueces estrella del pasado más reciente que han terminado estrellados. Porque es evidente que estamos hablando de una llamada a consultas irrenunciable en la que los interpelados expondrían, como si lo estuviera viendo, el riesgo sistémico que, para España, suponía Bankia de seguir las cosas como estaban, más con las cuentas sin firmar por el auditor; la incapacidad del exdirector gerente del FMI, no de dar la vuelta a la firma como pretendía, sino incluso de gestionar su actividad corriente, carencias que se habían puesto de manifiesto en su año y medio al frente de la sociedad fusionada; la imposibilidad de ninguno de ellos de hacerse con este muerto sin una compensación estatal tan onerosa que dejaba como mejor opción la nacionalización; la equivocación que había supuesto, casi un año antes, la salida a bolsa de Bankia, proceso tutelado y auspiciado por el ministerio encabezado entonces por Elena Salgado, cuando todo el mundo sabía que la firma nacía quebrada. 

Mucha chicha pero pocas nueces a efectos de lo que al instructor interesa. Porque, si con su presencia se pretendiera profundizar sobre esos temas, todavía. No en vano, antes de la intervención el 'libro' de Bankia había pasado en no pocas ocasiones por las manos de los tres presidentes, especialmente por las de un FG sordo a los insinuantes cantos de sirena gubernamentales o por las de Fainé que, tras considerar seriamente la operación, sabía que serían necesarias ayudas por un mínimo de 15.000 millones de euros para que pudiera ser viable. En tal caso, la llamada al estrado estaría más que justificada. Pero no, parece circunscribirse únicamente a lo acaecido ese sábado y domingo, toda vez que Oliú (Sabadell) o Angel Ron (Popular), perfectos conocedores por interés propio y ajeno de la situación, han quedado excluidos de ella. Y ahí, en esa estrecha franja temporal, abundan los consejos vendo que para mi no tengo, y poco más. La decisión no fue de estos tres.

Desde ese punto de vista, será prácticamente imposible que sus versiones se alejen mucho de las manifestadas por el actual titular de economía cuando compareció ante el propio titular del juzgado y afirmó que analizó con ellos 'la situación del sistema financiero'. Se probarán, seguro, redundantes y, por tanto, innecesarias. Y, sin embargo, su paseíllo puede trasladar a la opinión pública, tanto nacional como internacional, un peligroso doble mensaje, por muy falso que resulte: primero, el caso Bankia no se circunscribe ni mucho menos a los culpables aparentes, sino que aquí está pringado todo el sistema y a ver en qué acaba esto (la existencia en instituciones señeras de CEO condenados y cesantes o de cambios estatutarios para retrasar la edad de jubilación pueden alimentar tal percepción); o, segundo, lo que de verdad hubo fue una conspiración que ha terminado por costar al país 23.000 millones de euros y que perseguía mantener el statu quo de unos pocos con el Banco de España a las patatas, actitud opuesta a la de etapas con gobernadores con redaños (algo fácilmente desmontable por la sucesivas normas Guindos que han crujido al sector desde que se tomó la decisión).

Un daño evitable en un momento en el que la prima de riesgo trata de relajarse, más por mérito de los bancos centrales que por virtudes propias, la reforma financiera –aun inconclusa- es una de las pocas muescas que el Gobierno Rajoy puede poner en su culata, la concentración bancaria y el proceso de saneamiento están razonablemente avanzados y hasta la propia Bankia se permite el lujo de dar más beneficios en nuestro territorio que la mayoría de sus competidores. Abrir el abanico de testigos para que ratifiquen, nunca mejor dicho, lo ya sabido: que fueron todos contra uno y ese uno era Rato parece, salvo por la gloria mediática del convocante, no sólo inconveniente sino hasta imprudente. El daño está ya hecho. Ay lo que le cuesta a la marca España satisfacer determinador egos…