Montoro, la SEPI y la extraña venta que nunca llega

Andan con la mosca detrás de la oreja en el sector asegurador con lo que está sucediendo con la venta, mejor dicho, con la no venta de CESCE, la sociedad de crédito a la exportación con mayoría de capital público. El proceso lleva empantanado más de ocho meses y buena parte de los posibles adquirentes tienen paralizados sus planes en esta área de negocio a la espera de saber si pueden arrimar el ascua de esta compañía a su sardina. Parece claro que en España, sin la espada de Damocles de una intervención sobre la cabeza que ponga en marcha la rotativa de los reales decretos y las prisas vendedoras, todo se ralentiza para exasperación de extraños que, a los propios, igual les da. O eso parece.

Pongámonos primero en antecedentes. El pasado 14 de septiembre, el Gobierno autorizó la privatización del 50,25% del capital de CESCE en poder de Patrimonio del Estado. La operación se encomendó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que fue designada como ‘agente gestor’ de la misma. La decisión vino precedida de la eliminación de la restricción legal por mor de la cual el Estado estaba obligado a ser el socio mayoritario de la firma. Dicho cambio se realizó en el marco del Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad. Toda una declaración de intenciones.

Sin embargo, ha sido en el paso de las musas al teatro cuando la cosa se ha torcido. Al ser la tarea esencial de CESCE el garantizar, "por cuenta del estado, las obligaciones económicas derivadas de garantías prestadas por terceros", con la correspondiente responsabilidad económica en caso de incumplimiento de estos, era necesario conciliar el paso de la compañía a manos privadas "más eficientes", en palabras del propio ejecutivo, con el necesario control público sobre su actividad. Quedó delegado el nuevo desarrollo legislativo a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco de una consideración más amplia sobre el conjunto de los avales estatales. 

Hasta hoy.

De hecho, resulta curioso cómo en el área de la web de la Secretaría dedicada al crédito a la exportación ni siquiera aparece el cambio legislativo dentro de las disposiciones reguladoras. Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, se mantiene a la espera mientras que la SEPI, tal y como anunció en octubre del año pasado, ha seguido el procedimiento previsto y designado a los asesores jurídico y financiero de la transacción el pasado 23 de enero, siendo Perez-Llorca y PwC, respectivamente, los elegidos. No osbtante, los interesados siguen sin noticias de Gurb, tanto aquellos que persiguen hacerse con Informa, la parte de gestión de datos comerciales de CESCE, como los competidores que desean meter en su perímetro de consolidación el negocio core de la aseguradora.

Puede parecer un tema menor, pero no lo es. Pone de manifiesto un estado de parálisis permanente en algunas áreas de la Administración del Estado que siguen percibiendo al sector privado más como un enemigo que como un aliado que le ha de ayudar a sacar las castañas del fuego. Una cautela que lleva a todo tipo de prevenciones injustificadas y, por ende, de dilaciones innecesarias. Mientras tanto, ni se muere padre (no hay ingresos para las arcas públicas), ni cenamos (no hay desarrollo adicional del crédito a la exportación). Y, como suele ser habitual, el perjudicado será el contribuyente, usted y yo vaya, al que le tocará cubrir el déficit recaudatorio pagando pese a Aznar más impuestos y verá perjudicada su actividad comercial foránea por la ausencia de estas garantías administrativas.

Incomprensible o, peor aún, inaceptable.