CTO, el fichaje que necesita España S.A.

Ha habido interpretaciones para todos los gustos al dato de déficit público detallado por el Gobierno el pasado lunes. Sin embargo, con mayores o menores matizaciones, es imposible no coincidir en que ha sido el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas el que ha permitido su magra corrección del 6,84% al 6,62% en 2013 –dando por buena la falacia de excluir las ayudas a la banca que, siendo desembolso efectivo se excluyen contablemente, al revés que en la vida real–, toda vez que el gasto no sólo no se ha mantenido estable, sino que ha repuntado un 0,2%. Si querían un motivo para encenderse de buena mañana, aquí lo tienen.

Lo curioso es que existe el convencimiento entre los muros de Moncloa de que están haciendo lo imposible para que no sea así.

Olvidan, tal vez, que el sistema de prestaciones públicas es demográfica y financieramente insostenible y que, mientras no cojan el toro de las pensiones, el desempleo, la educación o la sanidad por los cuernos, en los distintos ámbitos geográficos de competencia, lo demás será superfluo.

No tienen en cuenta, quizás, que eliminando duplicidades administrativas y concentrando entes públicos y semipúblicos, cosa que la endogamia política y el amor al sillón impiden, el impacto positivo en las cuentas financieras de la Administración sería sustancial, lo que convierte este proceso, por ende, en imprescindible numéricamente y socialmente necesario.

Se les escapa, me temo, que el debate no es de ‘menos’, que en muchos ámbitos también, sino de ‘mejor’ en términos de eficiencia: eficacia para el ciudadano y coste para el erario, lo que implica tamaño óptimo, procesos simples, información unificada y control y monitorización permanente para evitar ‘fugas’.

Ignoran, es un suponer, que, de hecho, minimizar operativamente la estructura puede ser un error si esta no está siendo adecuadamente gestionada.

El elemento transversal que puede facilitar todo esto, salvo las decisiones vinculadas a la elefantiasis de la estructura de Estado, comunidades autónomas, Mancomunidades, Diputaciones, Cabildos o Ayuntamientos, es la tecnología. Urge más que nunca la incorporación de un CTO o chief technology officer al staff de Mariano Rajoy con poderes casi plenipotenciarios. Una figura similar a la que contrató Barack Obama en Estados Unidos, en parte por el valor en términos electorales de la decisión, en parte por la presión de los distintos gigantes de la consultoría informática radicados en la primera potencia del mundo, sobre todo por la precaria situación presupuestaria que le aflige.

Alguien que cuente con un equipo suficiente como para llevar a cabo la transformación que la parte en manos no privadas de nuestro país necesita. Y que pueda hacerlo de una manera transversal, en coordinación con los distintos centros de gobierno locales y regionales. Con ello se conseguirían no sólo notables ahorros materiales, la excusa, sino avanzar en un elemento tan básico para asegurarnos tanto la viabilidad futura como nacióncomo la unidad de mercado, el objetivo. Bien entrado el siglo XXI queda casi todo por hacer en ámbitos tan relevantes como el sanitario, el judicial y, lo que es peor aún, buena parte de los intentos por avanzar en esta materia se han hecho de manera descoordinada en cada uno de los reinos de taifas que la incierta deriva autonómica ha consolidado. Una multiplicidad que supone un obstáculo más en el, se anticipa, lento proceso patrio de recuperación económica.

Hasta ahora buena parte de las decisiones sobre esta materia, las urgencias del directo, han ido centradas a reducir servicios y a primar el aspecto precio sobre cualquier otro considerando. Es hora de adoptar una visión más de largo plazo que permita inversiones plurianuales con un objetivo financiero concreto. La experiencia prueba que delegar su ejecución en el mismo que se juega el voto en la siguiente elección es inviable. Hacen falta Eliots Ness de la vida que sobrevivan al ciclo de partidos. Propuestas no le van a faltar. Buena parte de los especialistas en los distintos segmentos que pueden afectar al día a día de la acción pública se mostrarían de acuerdo con mecanismos de remuneración basados en fees fijos bajos y compensación adicional en forma de porcentaje sobre los ahorros conseguidos si la Ley de Contratos del Estado lo admitiera. Algo que primaría a los que cuentan con la capacidad técnica y la escalabilidad suficiente como para dar la vuelta a áreas completas, ofreciendo soluciones integrales listas para quedarse.

¿A qué esperamos?

No nos podemos contentar, con todos mis respetos, con un funcionario de segundo rango elevado acategoría de subsecretario como el antiguo subdirector de informática de la Agencia Tributaria al que promocionaron a finales del año pasado para intentar paliar esa falta. El movimiento ha de ser necesariamente de fuera a dentro, de la sociedad y el mundo real, de la aplicación práctica y la cuenta de resultados al funcionarial y no al revés.Como ciudadanos y contribuyentes hemos ayudado demasiado con nuestro silencio a que la mediocridad que nos gobierna renuncie a nuestro futuro a cambio de asegurarse el suyo. En este tema, sin embargo, no cabe cesión alguna. No podremos ser nada sin la tecnología. Algo tan evidente en el ámbito privado hemos de exigir que se convierta en prioridad en el público. Si no, apañados vamos. Cualquier programa político que no haga de este issue prioridad máxima, úsenlo para limpiar cristales. Así de dramático es.