Las ‘preferentes inversas’, nueva fuente de suicidios

Está por llegar. Esperen a que se aclare un poco el panorama regulatorio y se encontrarán con determinados inversoresdesesperadoshasta unpunto tal que no dudarán en quitarse la vida tras perder casa, coche y demás patrimonio por avalar personalmente las deudas asociadas a un producto cuya rentabilidad no sólo era fácilmente calculable a priori, sino que, por si quedaba alguna duda, estaba garantizada por el Estado a través dedisposición legislativa.

Estamos hablando de los pequeños productores de fotovoltaica.

En efecto, las sucesivas normas destinadas a paliar un déficit de tarifa que ya en el arranque del año, por si alguien osare cuestionar su ineficacia, acumula 1.000 millones de euros de agujero adicional, han tenido varios y negativos efectos enel modelo financiero sobre el que estos propietarios acometieron un desarrollo energético que, gracias a ellas, ha devenido ruinoso.

Por una parte, se ha limitado la rentabilidad, sin duda excesiva, de esta fuente de energía. Pero se ha hecho a través de un ejercicio absurdo de arbitrariedad cuyo pecado original se encuentra en una mala regulación subsanada por otra aún peor –bastaba haber adecuado el retorno a la curva de experiencia de la industria en términos de eficiencia productiva–. En el punto medio está la virtud, salvo en determinados ministerios,

Sin embargo, siendo relevante esta reducción, si la cosa se hubiera quedado ahí, aún existiría un marco de operaciones sobre el que poder ajustar el resto de los factores determinantes parasu inversión.

No es el caso.

El Gobierno ha decidido unilateralmente el valor de cada uno de los activos de este tipo, con independencia del coste efectivamente pagado por su implantación. Una distinción que ha hecho en función del tamaño de las instalacionesy que, en este caso, no es tan lesivo para el minorista. Pero, además, ha imposibilitado el cálculo a priori de los flujos de caja del proyecto, al sujetar lamaterialización efectiva de los ingresos a determinados coeficientes de cobertura que se van concretando en el tiempo y no reconocer los tributos –gravámenesy tasas incluidos– sin alcance nacional. Adiós, ebitda, adiós. Menos precio para menos volumen. Sal a la herida.

Buena parte de los que promocionaron individualmente estos huertos solares –llamados así porque, para aprovecharse de la mayor remuneración, no debían superar individualmente los 100 kilovatios de potencia– lo hicieron de forma apalancada basándose en la irretroactividad tarifaria que incluía el real decreto que desarrolló su establecimiento original. Aquellos que pudieron agruparse bajo el paraguas de un operador especializado evitaron tener que responder personalmente de unas deudas que podían suponer entre el 60% y el 85% de la inversión. Los más, no tuvieron otra queaportargarantías;avalesque, al haberse lastradoel rendimiento de su explotación hasta un tercio de lo previsto, convirtiéndoseen inviable, les pueden ejecutar en cuanto comiencen los impagos, dejándoles con una mano delante y otra detrás.

No hay que olvidar que el agujero bancario por este concepto alcanza los 20.000 millones de euros, de los que 8.000 se hallan en el balance de entidades extranjeras.

No obstante, la banca no es culpable.

Lo es el Ejecutivo, convertido en ejecutor.

Estamos ante una suerte de preferentes inversas. Si en el producto esencialmente 'cajero' una mala comercialización ha exigido la intervención de las autoridades para poner orden y salvaguardar el interés de los ahorradores, en este caso ocurreal revés. Un desarrollo ajustado a la ley lleva a la ruina a los ahorradores y causa un roto a sus prestamistas –que veremos si no lo pagamos entre todos– por el uso del BOE en función de los intereses de corto plazo de la clase dirigente. Viva la seguridad jurídica marca España.

¿Cómo lo ven?

Cuando salte a la portada de los periódicos lo que muchos de estos pequeños productores han amenazado con hacer en las distintas asambleas de propietarios que se dan por toda España, ya no podrán decir que nadie sabía nada. Se masca la tragedia.Y todo por no escuchar, por creer unilateralmente desde los despachos de Moncloa que quien gana dinero es un especulador. Si la diferencia entre inversión y especulación es el plazo, en desarrollos como estos a 30años, ¿de verdad alguien cree que esa conceptuación es susceptible de aplicación?

Buena semana a todos.