Las constructoras se plantan... así es imposible invertir

Andan revueltas las aguas en el ámbito concesional español. La quiebra de las autopistas radiales ha generado no pocos quebrantos en aquellos promotores que apostaron por unas infraestructuras cuyo valor actual en sus balances es cero, tras hacer las provisiones oportunas. Y está causando no pocos dolores de cabeza a financiadores bancarios y Estado al calor de la llamada Responsabilidad Patrimonial del Estado o RPA, que es, en definitiva, el aval que necesitaban para la acción, los unos, y desembolsar el dinero, los otros. Cautelas como las fijadas por la Administración en reales decretos como el 1/2014 de 24 de enero, respecto al coste de las expropiaciones, han levantado no pocas ampollas.

Una norma que lo que hace es quitar de dicha garantía pública lo adeudado por las concesionarias a los dueños originales de los terrenos, importe del que jurisprudencialmente ha terminado siendo el erario responsable subsidiario. La filosofía que subyace a ese cambio es evitar que se pague dos veces por el mismo concepto con dinero de todos, lo cual es hasta razonable. Normalmente se trata de cantidades que no han sido satisfechas por las constructoras al encontrarse su caso en sede judicial debido a discrepancias de valoración entre adquirente y adquirido forzosos. Una disputa que, hasta ahora, los tribunales de justicia españoles han resuelto, la mayoría de los casos, a favor del vendedor basándose en los más variados argumentos.

Uno de los más sorprendentes es el que asocia el desarrollo de determinadas carreteras o vías ferroviarias al concepto “crear ciudad”, parámetro muy utilizado por los jueces en la Comunidad de Madrid para dirimir conflictos en favor de quienes exigían sobrevaloraciones disparatadas por suelos que tenían antes del proceso expropiatorio la calificación de rústicos. Terruños sobre cuyos cambios de propiedad, por cierto, andan investigando en el Registro algunos afectados, en la creencia, por no decir certeza, de que la información privilegiada y la connivencia con los distintos poderes del Estado han sido, en su perjuicio, el pan nuestro de cada día. ¿Corrupción en España? Pero, hombre, qué cosas tienes, McCoy (Valor Añadido, “Alerta en Fomento: los detectives entran en el caso Radiales”, 25-04-2014).

La figura de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa ha sido clave en toda esta locura, al contar sus resoluciones con presunción de acierto, esto es: la carga de la prueba pertenece al que no está de acuerdo con sus dictámenes, que es el que tiene que justificar la discrepancia. De locos. Pues bien, buena parte de esos 'veredictos' ha partido de la consideración genérica de que las infraestructuras que se sitúan cerca de una urbe –por ejemplo, la M-50 de Madrid– forman parte de la misma, lo que, automáticamente, cambia la calificación urbanística de la parcela sobre la que se construyen. No importan ni la realidad del mercado residencial o terciario ni la orografía o el potencial aprovechamiento. Es así, por el artículo 33. Unas decisiones que obvian peligrosamente el hecho de que, si al final el tema no funciona, como ha sido el caso de las radiales, el paganini es el Estado, esto es y entre otros, el mismo que firma el edicto, si se puede llamar así. ¿A quién defienden entonces?

Aunque buena parte de ese tipo de desarrollos se ha visto paralizado por la crisis, el problema sigue vivo por las llamadas retasaciones que se están reclamando al calor de ese criterio y que pueden afectar a algunas instalaciones y obras ya finalizadas. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Pero el panorama futuro es aún peor. La aplicación por las concesionarias de su tasa deseada de retorno a estos costes incrementales, como consecuencia de la aplicación extensiva de este criterio a lo largo y ancho de la geografía nacional –aunque cada región y pliego es un mundo, el ejemplo está ahí–, reducirá su capacidad para acometer unos proyectos sujetos, además y como consecuencia de las sucesivas regulaciones, algunas de ellas de carácter retroactivo, a enormes incertidumbres jurídicas. Algo que se nota poco ahora que no hay disponibilidad presupuestaria. Pero prepárense cuando llegue el momento.

Es una pena que el esfuerzo que todos y cada uno de los españoles están realizando para sacar este país adelante se vea tan perjudicado por un Gobierno para el que, como prueba su forma recurrente de legislar, todo es urgente y, por definición, irreflexivo; por unos organismos públicos que son incapaces de encontrar el equilibrio entre el interés privado y el público en aquellos casos en que el Estado es responsable subsidiario; y por unos órganos judiciales que han hecho buenos, en demasiadas ocasiones, los peregrinos argumentos de unos legisladores que, poniendo a determinados sectores estratégicos patas arriba de tanto en cuanto, nos condenan a todos a un futuro peor. Y, aún es más, dando como se da carta de naturaleza a opiniones tan controvertidas como ésta se sientan las bases para los pelotazos del siglo XXI. El conocimiento plevio de los planes públicos es más y no menos importante que antes.

A gusto que me he quedao, oigan.