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Soraya, las tarjetas 'black' y la mentira de la transparencia
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Alberto Artero

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Soraya, las tarjetas 'black' y la mentira de la transparencia

Hizo bien la súper competente Vicepresidenta primera, segunda y tercera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en reconocer el viernes la ‘indignación’ del ejecutivo ante el

Hizo bien la supercompetente vicepresidenta primera, segunda y tercera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en reconocer el viernes la "indignación" del Ejecutivo ante el escándalo de las tarjetas opacas de Bankia. Indignación, ni más ni menos. Caramba, qué barbaridad, lo que da de sí el sustantivo. Casi como el personaje. Para que luego digan que el PP no quiere alentar a Podemos: descontextualizando la frase de marras, alguien podría concluir hasta que están en el mismo bando. Indígnate, que algo queda. Al menos en política.

Sin embargo, se equivocó viniéndose arriba a continuación y afirmar que, si esto había salido a la luz, era gracias a que desde su gabinete se ha alentado, a lo largo de la legislatura, el establecimiento de medidas de ‘transparencia y control’ que permiten que se conozcan hechos como ese.

Vaya por Dios, medallita para la pechera de Rajoy.

¿De verdad? No, no, no.

Verán por qué yerra la omnipotente pucelana.

Al menos en el caso de los trapicheos de Bankia –y los que pueden estar por descubrirse en Catalunya Banc o NCG Banco, entre otros– la toma de propiedad pública, primero, y el conocimiento de los hechos delictivos, después, ha supuesto un desembolso para las arcas del Estado cercano a los 45.000 millones de euros que pagamos usted, querido lector, y un servidor. Sólo faltaba que tal dispendio no viniera acompañado de una fiscalización detallada de las causas que llevaron a las entidades a esa situación, la correspondiente atribución de responsabilidades y el consecuente castigo para los culpables.

Sin embargo, hasta ahora ha aflorado únicamente la anécdota, la punta del iceberg como señalamos hace un par de lunes. Una pena. Imagínense si se dedicara sólo el 1% de ese pastizal, 450 kiletes, a contratar equipos especializados en delitos económicos, fiscales o contables. España reactivaría su obra civil a través de las nuevas infraestructuras carcelarias necesarias para enchironar tanto delincuente de guante blanco, privado y…

Además, se pasa de frenada porque, lo cierto y verdad, que diría cualquier tertuliano iletrado, es que, más allá del oportunismo de la expresión de marras hay poca voluntad real en la clase dirigente para mejorar el conocimiento de su actividad por parte de los ciudadanos, especialmente en algunas Administraciones, como la local.

El propio Partido Popular llevaba en su ‘programa electoral’ –su grado de cumplimiento justifica sin duda el entrecomillado simple, eufemismo con el que justifican el libre albedrío–, página 152, la propuesta de exigir la realización de auditorías obligatorias a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Pues bien, ¿han oído ustedes la más mínima sugerencia legislativa en tal sentido? Servidor tampoco. Y eso que por el camino ha aprobado una rimbombante Ley de Transparencia que sigue, aún hoy, pendiente de desarrollo técnico y reglamentario y cuyos "Siete pecados capitales" fueron enumerados por el director de la Fundación Compromiso y Transparencia, Javier Martín Cavanna, en El Confidencial.

No será porque no se han descubierto facturas en los cajones al calor de los planes de pago a proveedores, más dinero a costa del erario.

Ha dado igual.

Sólo un 5% del total de las corporaciones municipales someten sus cuentas al escrutinio de un tercero, las más de las veces forzadas por necesidades de financiación. No sólo eso: hasta un 50% –muchas de ellas de menos tamaño, cierto es– directamente no las presentan detalladas -sí en grandes partidas- en formatos legibles, porcentaje que se ha incrementado desde el 30% en los últimos años. Algo fácil de comprobar.

¿Cómo lo ven?

Ahora, si quieren, van y lo tuitean. Pero incluyendo a los alcaldes opacos de sus respectivas poblaciones, a ver si se dan por enterados.

Porque, indignados, como se imaginarán, seguro que ya están.

Faltaría más.

Buena semana a todos.

Hizo bien la supercompetente vicepresidenta primera, segunda y tercera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en reconocer el viernes la "indignación" del Ejecutivo ante el escándalo de las tarjetas opacas de Bankia. Indignación, ni más ni menos. Caramba, qué barbaridad, lo que da de sí el sustantivo. Casi como el personaje. Para que luego digan que el PP no quiere alentar a Podemos: descontextualizando la frase de marras, alguien podría concluir hasta que están en el mismo bando. Indígnate, que algo queda. Al menos en política.

Soraya Sáenz de Santamaría Ayuntamientos