Está a punto de cerrarse el acuerdo, que amenaza con marcar una pauta en el seno de la Unión Europea pese a tratarse, de momento, de un convenio bilateral. Reino Unido y Suiza anunciarán a finales de este mes que los ciudadanos británicos con dinero depositado en las arcas de bancos de la nación helvética pasen a tributar por el mismo. Los tipos impositivos de los que se habla son como para quitar el hipo: hasta el 50% de sus ganancias de capital, recargos por ejercicios vencidos y no prescritos aparte. Un pastizal para los evasores, vaya. Como no podía ser de otra manera, la iniciativa quedará sujeta a la aprobación en referéndum por parte de los votantes suizos antes del final de este año.

En efecto, según informaba ayer Financial Times, la medida es una vuelta de tuerca más en el proceso de lucha contra los paraísos fiscales que se inició tras la crisis de 2008, comenzó con la pugna por levantar el secreto bancario y continuó con el escarnio público de los potenciales defraudadores. Lo que ahora finalmente se consigue es que los fondos allí presentes rindan cuentas al fisco de la nación de origen. De hecho, Reino Unido espera recaudar hasta 3.000 millones de libras en los próximos cuatro años al calor de esta medida (aproximadamente 3.300 millones de euros), una gota más en el océano del saneamiento de su delicada posición presupuestaria.

Se trata de un movimiento, cuando menos, sorprendente ya que son las autoridades suizas las que regularizan y gravan los capitales en nombre del gobierno británico, de modo tal que la tarea del mismo se limita a poner la mano y esperar el cheque. Se trata de un giro copernicano en la política de la Administración de las Islas pues hace apenas dos años cerró un acuerdo con Liechtenstein en el que se ofrecía inmunidad, lo contrario que en este momento, a quien aflorara y retornara su patrimonio oculto en el Principado. Laboristas de derechas y conservadores de izquierdas, convergencia ideológica en cualquier caso. Como en España.

Sea como fuere, parece querer primar el pacto individual frente al castigo colectivo como vía para lograr repatriar el dinero guardado por los ciudadanos de Reino Unido en el extranjero. Solo así se puede entender esa polémica parte de su clausulado que permite mantener oculta la identidad de los “afectados” por esta medida. Una propuesta que es considerada por los expertos como discriminación positiva frente a otros delincuentes tributarios que sí figuran en boletines públicos, cuestiones de transparencia aparte.

Pero también supone un cambio sustancial en la actitud de los suizos que hasta ahora se negaban a suministrar automáticamente información fiscal a otros gobiernos. De hecho solo se entiende por razones de reciprocidad no tanto en términos de ingresos públicos como de libertad de operativa bancaria. Algo similar a lo que Suiza acordara en su momento con Alemania y que busca compensar, a través de nuevas facilidades de negocio, el quebranto que proposiciones de este tipo pueden causar a sus bancos locales. La portada de la edición europea del WSJ de ayer advertía, precisamente, de un endurecimiento en el trato por parte del supervisor británico a las firmas foráneas que este convenio podría ayudar a soslayar.

Sea como fuere, ya saben: cuando los barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Especialmente si la nación en la que desarrollas tu actividad tiene problema para cuadrar las cuentas públicas un año sí y otro también. Lo importante no es tanto la medida concreta cuanto el cambio de actitud de los gobernantes helvéticos que saltan de la causa, lugar donde se encuentra el dinero, al efecto, la tributación efectiva del mismo, fórmula que, de generalizarse, terminaría de un plumazo con los escondites financieros. Importa poco que el gato sea blanco o negro mientras cace ratones, ¿no? Pues eso.

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