Hoy me van a permitir que les adjunte un artículo publicado en El País el pasado ocho de agosto y que va firmado por Javier Benavente Barrón, a la sazón Presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona o AESP. Una organización hasta esta lectura veraniega desconocida para un servidor y que engloba a todas aquellas empresas que se dedican a suministrar servicios de servicio doméstico, docencia o asistenciales de distinto tipo a las familias dentro o fuera del hogar. Un contenido bien descrito por el autor al inicio de su tribuna.

En él se incluye una propuesta que se hace casi imprescindible en el incierto entorno económico actual: la regulación de este tipo de actividades. Un hecho que, de materializarse de modo adecuado, podría implicar según el autor la creación en España de un millón de puestos de trabajo de aquí a 2015, casi una cuarta parte del paro registrado en la actualidad (Francia, con una medida similar consiguió crear 500.000 en tres años). Una iniciativa con enormes implicaciones económicas para los miembros de la AESP pese a la ausencia de ánimo de lucro que la define estatutariamente. Pero oportuna en cualquier caso.

Dado que desde estas mismas líneas hemos defendido de modo recurrente la prioridad en la lucha contra el fraude frente a aumentos en cuantía o amplitud de los impuestos y mejor gasto público (e invertir dinero en esta iniciativa estaría muy bien empleado) frente a más dispendio administrativo, parecía casi un pecado no someter al debate de los lectores esta solicitud. A ello dedico es post de hoy, que queda abierto.

Les dejo con un extracto del texto. Ya me cuentan en los comentarios:

“… las medidas que se deben adoptar en la lucha contra el paro tienen que estar basadas en políticas activas de empleo que fomenten la recuperación del mercado laboral y, por tanto, las arcas del Estado (…) Además, dado que una buena parte de los parados en nuestro país está trabajando en la economía sumergida, un objetivo primordial de la Administración debería ser lograr aflorar el mayor número posible de los trabajadores empleados irregularmente.

(…) En este sentido, los servicios a la persona (SAP), un sector de actividad omnipresente en el devenir diario de la totalidad de los hogares de nuestro país, tienen un potencial de creación de hasta un millón de puestos de trabajo regulados que en la actualidad se están prestando en su inmensa mayoría desde la economía sumergida (…) a un coste cero para las arcas del Estado.

(…) Y es que la realidad es que la práctica totalidad de la población necesita personal externo para que le preste uno o varios de estos servicios. Lo malo es que, por lo general, en más de un 90% de los casos se hace a través de la economía informal, que es más asequible económicamente y está disponible en cualquier rincón del país. Por tanto, queda claro que el sector necesita de la adopción de medidas que universalicen el acceso regulado a unos servicios a la persona de calidad para que sean accesibles a toda la población independientemente de la ubicación geográfica, y además con precios equiparados a los de la economía sumergida.

Para que el sector se desarrolle plenamente es necesario que la Administración tome medidas. En mi opinión, el primer paso es la creación de una Agencia Nacional de Servicios a la Persona (…) encargada de promover una modificación especial de la normativa laboral y fiscal del sector que permita mejorar las condiciones generales de los asalariados y su formación.

(…) En efecto. Para lograr la equiparación de los precios con los de la economía sumergida, se deben adoptar una serie de medidas fiscales y laborales que, además de permitir la reducción de las cifras de desempleo y mejorar la calidad de los servicios prestados, no supongan ningún coste para la Administración y mejoren la competitividad de las empresas. Entre otras, será necesario la aplicación de un IVA muy reducido para las actividades del sector, la incorporación de deducciones en el IRPF para los particulares que contraten de forma regulada estos servicios, la disminución de cotizaciones sociales para los empleadores del sector y deducciones en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que aporten a sus empleados estos servicios como medio de conciliación laboral. El saldo neto en las cuentas del Estado a nivel presupuestario deberá ser neutro, equiparándose los ingresos adicionales en nuevas cotizaciones e impuestos con las deducciones aplicables a particulares y empresas por la utilización de estos servicios de forma legal.

Todas estas medidas tienen que ir acompañadas de sistemas de pago transparentes de los servicios que incorporen automáticamente todas las retenciones fiscales correspondientes y permitan a la Administración mantener el control sobre la actividad realizada.

Las ventajas para la sociedad son múltiples: se reduce el desempleo entre las capas de la población más desfavorecidas y con mayor dificultad para incorporarse al mercado de trabajo (mujeres, los inmigrantes y las personas con un nivel menor de estudios); se disminuyen las prestaciones por desempleo que tiene que sufragar el Estado; se aumentan los ingresos del Estado por cotizaciones; se reduce la precariedad del empleo sumergido; las familias podrán disponer de servicios a la persona de forma sencilla, transparente, profesional y con todas las garantías en la asistencia, y el empleo creado sería estable y localizado, ya que la prestación de los servicios no se puede trasladar a otras ubicaciones.

En Francia se percataron hace cinco años de los beneficios que les reportaría el desarrollo del sector y, mediante la aprobación de la denominada Ley Borloo, en 2005, decidieron apostar por un desarrollo regulado de los servicios a la persona que les permitió crear medio millón de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad en los primeros tres años de aplicación de la ley. Allí comenzaron con un número reducido de actividades reguladas como servicios a la persona, tales como el cuidado de los niños y dependientes, los servicios de limpieza a domicilio o las clases particulares. Tras constatar el éxito y la viabilidad de las medidas adoptadas, han ido incrementando el catálogo, incluyendo otros servicios como el cuidado de jardines, la asistencia informática a particulares o el servicio de peluquería en el domicilio (…)”.

Más en http://twitter.com/albertoartero y en la cuenta de Alberto Artero en Facebook.

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