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Judicializar la tecnología

Que un juzgado determine la autorización de nuevas actividades muestra cierto grado de dejación de funciones públicas cuando existen espacios para la negociación con las partes involucradas

Foto: Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

El debate sobre la adecuación a la legislación de tecnologías y negocios emergentes cada vez es más habitual que trascienda de la Administración y que haga partícipe a la ciudadanía.

No es raro conversar sobre cuestiones como las plataformas digitales y la desintermediación económica que permiten el uso de los drones, nuevas tecnologías en finanzas o energía, la automatización de la automoción o de ámbitos laborales diversos.

El debate sobre estas actividades no es abstracto, sino que está llevando al posicionamiento de autoridades de competencia como la CNMC o la Autoritat Catalana de Competencia a complejos litigios. Un ejemplo es el caso Blablacar, en el que un juzgado de Madrid ha tenido que decidir si bloquear la actividad de 3,5 millones de usuarios como consecuencia de una demanda de la patronal del autobús (la que en primera instancia ha sido claramente favorable para Blablacar). Otro caso, es la posición sancionadora del Ayuntamiento de Barcelona con plataformas como HomeAway o Airbnb para limitar la actividad de sus propios ciudadanos que alquilan sus viviendas y habitaciones.

Foto: Eliel y sus compañeros de Blablacar en una fotografía que compartieron por redes sociales

Estas fricciones muestran una compleja situación que genera incertidumbre e inseguridad jurídica a empresas y consumidores y, además, consolida una tendencia: la judicialización de la innovación y tecnología. Que sea práctica habitual que un juzgado determine la autorización de nuevas actividades muestra cierto grado de dejación de funciones públicas cuando existen espacios para el debate y negociación con las partes involucradas para definir reglas proporcionadas. Grupos de trabajo transversales, libros blancos, consultas públicas o subcomisiones parlamentarias, son una muestra de instrumentos ya existentes para lograr regulaciones eficientes.

La judicialización de la tecnología no solo tiene costes para sus partícipes, también los tiene para la Administración de Justicia y para la sociedad, principalmente por la ralentización en el aprovechamiento de los beneficios que supone su innovación.

Retomando el ejemplo anterior, las sanciones descritas desde el Ayuntamiento de Barcelona por servicios de alojamientos en viviendas, ¿resultan adecuadas para solventar el problema?, ¿llevar a procedimientos administrativos a cientos de ciudadanos puede lograr una solución ordenada o a un bloqueo institucional y económico?

Foto: Airbnb, sancionada con 30.000 euros por la Generalitat valenciana. (EFE)

Esta tendencia, en mi opinión, ilustra la necesidad de promover una mayor proactividad de la Administración y de los reguladores en su labor de ordenación de nuevas actividades y usos sociales facilitados por la tecnología. Planteamiento que no parte exclusivamente de la necesidad de que todo lo nuevo deba ser aceptado y facilitado, sino también porque es una reivindicación del sector público como agente fundamental para la sociedad. Precisamente, sobre estas temáticas se está trabajando en Govup, plataforma creada para promover la innovación pública y la mejora de la regulación.

Diversidad de expertos en regulación y política pública apuntan que una mejora de la regulación en España es uno de los cambios estructurales urgentes que deben abordarse, cuya adopción no implica reformas macroeconómicas o de política fiscal. Mejora que tendría un impacto positivo y directo en nuestra productividad y competitividad.

*Miguel Ferrer es Digital + Tech Policy Director en KREAB.

El equipo de Asuntos Públicos de Kreab impulsa, en colaboración con El Confidencial, este espacio bautizado 'Agenda Pública'. Pretende ser un lugar de reflexión informada, de análisis de la coyuntura sin prisas, en el que poder compartir con los lectores claves que nos ayuden a todos a interpretar una realidad política y regulatoria, marcada por la complejidad y la incertidumbre.

El debate sobre la adecuación a la legislación de tecnologías y negocios emergentes cada vez es más habitual que trascienda de la Administración y que haga partícipe a la ciudadanía.

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