Las aguas vuelven a su cauce en el consenso PSOE-PP contra ETA y sus amigos

Ayer en el Senado, y anteayer en el Congreso, volvió a sobrevolar el fantasma del desencuentro PSOE-PP (83,8% del electorado, 92% de los escaños) en los caminos a seguir para lograr el común objetivo de acabar con ETA. Desde que Rajoy y Zapatero acordaron bajar los brazos en una absurda pelea electoral por cuenta de la política antiterrorista, ambos habían hablado prácticamente con el mismo lenguaje para celebrar los éxitos policiales y la unidad de los demócratas. Pero algunos y algunas han tenido estos días la tentación de despertar a la fiera. Por la información de la que dispongo, no lo van a conseguir.

La altura de la pedrada del Gobierno (“Cuando ustedes tienen problemas echan mano del terrorismo”) no rebasó la del diputado Antonio Hernando, mientras que la “bajada de pantalones” del PSOE ante el PNV en vísperas de las elecciones vascas (marzo de 2009), de la que ayer hablaba Mariano Rajoy, solo afecta al debate presupuestario.

Las posibilidades de aplicar la vía rápida (artículo 61 de la Ley de Régimen Local) para la disolución de Ayuntamientos gobernados por ANV (amigos de ETA) se agotaron en los debates del martes y miércoles y en el informe jurídico que el ministro Rubalcaba ha trasladado a la dirección del PP. Y la venenosa especie de una nueva ronda negociadora del Gobierno con ETA ha sido desautorizada por Rajoy.

El diputado Federico Trillo, mirando hacia sus propias filas, lo deja claro: “No vemos ningún indicio que desmienta las afirmaciones del Gobierno, que han sido explícitas”, ha dicho el ex ministro, en referencia a declaraciones recientes de Zapatero, Rubalcaba y Blanco.

Por tanto, entre el final dialogado de ayer y la ETA acorralada de hoy, no podemos hablar de vuelta a las andadas, aunque se haya corrido el riesgo en estos últimos días. Al menos por ahora, el PP deja a Zapatero fuera de toda sospecha dando por buena su rectificación en política antiterrorista. Del mismo modo, el Gobierno da por buena la “bajada del monte” del PP y mantiene un buen nivel de comunicación en el día a día de esa política de Estado. De cara a las elecciones vascas de marzo, Rajoy apuesta por “un lehendakari que defienda la Constitución Española como alternativa al PNV” y Zapatero lo firma, aunque aquel piense en Basagoiti y éste en Patxi López.

Respecto a lo inmediato, han fallado los intentos del PP por disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. El principio de legalidad no casa con los métodos de tierra quemada. Disolver una Corporación para que los amigos de ETA salgan de los ayuntamientos vascos lesionaría derechos fundamentales de quienes forman parte de la Corporación sin ser amigos de ETA ¿Cómo disolver el Ayuntamiento de Azpeitia, por ejemplo, cuando acaba de repudiar a ETA y sus métodos?

El partido (ANV) es una cosa y la institución (Ayuntamiento) es otra. Procede actuar contra el primero y dejar en paz a la segunda mientras ésta, como tal, no actúe de forma “grave y reiterada” en apoyo de los terroristas, lo cual ha de demostrarse con pruebas y no con soflamas. Además se puede y se debe hacer lo posible por echar de los Ayuntamientos a los amigos de ETA, tanto por la vía política (mociones de censura donde gobiernan) como por la vía legal, sabiendo que los supuestos de disolución contemplados en la Ley de Régimen Local se han revelado insuficientes en casos previos, como el de Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya), mucho más descarados que el de Azpeitia. Hoy por hoy, el mejor resorte para pararles los pies es la ilegalización, a la luz de la Ley de Partidos.

Una vez ilegalizado, un partido no podrá presentarse a las elecciones y, por tanto, no gobernará ni estará representado en las instituciones. ANV fue ilegalizado, pero después de haber entrado legalmente en las instituciones. Consecuencia: quedó disuelto el grupo como tal, pero no hubo pérdida de la condición de concejal aplicada a cada uno de sus representantes municipales. Ahí estamos.