La sombra del conflicto de los jueces sobre las urnas vascas y gallegas

Al ponerse en la foto junto al padre de Mari Luz Cortés y camuflarse entre los millones de ciudadanos escandalizados por la escasa sanción corporativa al juez Tirado, el Gobierno decidió invertir políticamente en el caso. Ahora los jueces le hacen el juego. Aceptan el reto y, al tiempo, aprovechan la coyuntura para presionar a Moncloa en el logro de sus reivindicaciones, porque supongo que habrán reparado ustedes en la fecha elegida por las asociaciones judiciales para su jornada de “preaviso”. El 18 de febrero cae en plena campaña electoral para las autonómicas vascas y gallegas del 1 de marzo.

Es un elemento contaminante del enfrentamiento. Hemos de contar con él para no dejar cabos sueltos en el análisis. De momento nos invita a conceder un plus de credibilidad a Zapatero cuando ayer, en Onda Cero, se mostraba tan dispuesto a dialogar con los profesionales de la Judicatura sobre sus principales demandas. Por la cuenta que le trae. No le conviene la sombra de un conflicto institucional sobre las urnas gallegas y vascas, salvo mayor torpeza de los jueces en la comunicación y defensa de sus demandas ante la opinión pública. Si no afinan, pueden hacer muy impopular su causa. Por si eso ocurriese, el PP quiere quedar del lado del Gobierno. Rajoy no apuesta por los jueces y Zapatero califica de “sensata” la posición de su principal adversario electoral.

Las demandas se refieren a modernización, carga de trabajo, conciliación con la vida familiar y subida de sueldos, pero el presidente pasó de largo en su intervención radiofónica de ayer. Se las arregló para darnos a entender que los jueces están corporativamente dolidos por la sanción al juez Rafael Tirado y sólo les preocupa la cuestión retributiva. Aunque no lo dijo de forma tan explícita, se le entendió todo.

Quiere pensar -eso dice, “quiero pensar”-, que el malestar de los jueces no proviene de la sanción al juez Tirado, que al Gobierno siempre le pareció escasa, pero no deja de señalar que el propio juez Tirado está animando a la huelga y que sólo después de ser sancionado éste, las asociaciones judiciales se han destapado con sus quejas por el exceso de trabajo y su inesperada sed de medios en la Administración de Justicia ¿Está Zapatero tratando de desacreditar a los jueces, ya bastante mal vistos en las escalas de valoración ciudadana, en vez de tomarse en serio la puesta al día de los servicios judiciales? ¿Hay cálculo electoral en la guerra de Moncloa contra los jueces?

Eso parece. Se vio venir en su rasgado de vestiduras por la escasa sanción corporativa al juez Tirado (sólo “grave”, en lugar de “muy grave”, como quería el Gobierno). “El Gobierno cree que interpreta la voluntad de los ciudadanos”, dijo entonces Zapatero, conectando con la sensibilidad herida de los millones de ciudadanos que lloraron la muerte de Mari Luz porque su asesino estaba libre cuando debía estar en la cárcel, de no haber sido por la desidia de un juez y una secretaria judicial.

Por un lado, la causa de la niña Mari Luz (castigo ejemplar para el juez Tirado). Por otro, la modernización pendiente de la Justicia. No es difícil saber de qué lado cae la tentación populista. Como ya tengo escrito con anterioridad, el Gobierno podía haber aunado las dos causas y explicarlas a la opinión pública sin caer en la demagogia, pues las dos son respetables. Pero no lo ha hecho. Ha preferido apostar por una e ignorar la otra.