Insoportable demagogia sobre la futura Ley del Aborto

En la calle gana terreno la polémica sobre la reforma del aborto propuesta por el Gobierno. No lo tiene fácil la ministra, Bibiana Aído, que hoy por la mañana responde en la radio a las preguntas de los oyentes. “El PSOE admite que algunos aspectos de la ley generen dudas”, decía ayer Leire Pajín en su habitual referencia a los asuntos tratados por la dirección del partido, donde, al parecer, algunos dirigentes lamentaron que no se explique bien el contenido del anteproyecto. Es posible. La comunicación no es la mejor cualidad de los equipos de Zapatero. Sin embargo, creo que cualquier explicación objetiva y honesta de la reforma está llamada a estrellarse contra quienes ya han decidido de antemano que los socialistas abrazan la “cultura de la muerte” y tratan mejor a los niños que a los linces.

 

Contra demagogia, sentido común. El aborto no es obligatorio. Y tampoco se puede prohibir a ninguna mujer que interrumpa un embarazo no deseado. Un embarazo no querido es accidental. El Estado no está a favor ni en contra, pero si el accidente se produce tendrá que ayudar al accidentado. Es un absurdo discutir sobre si el Estado debe prohibir o autorizar el aborto. Sería como prohibir o autorizar las fracturas de cadera por resbalarse en la ducha. Lo que si puede y debe hacer el Estado es poner todos los medios a su alcance para paliar el trauma.

Las cuestiones morales que aparecen cuando una mujer decide abortar pertenecen al ámbito privado. O el familiar. O el religioso, para los creyentes. También hay una moral civil para el Estado. Y está perfectamente tasada en la legislación y los protocolos nacionales e internacionales, en relación con el derecho a la vida y la protección jurídica del no nacido. Todo ello inspirado en la Declaración de Derechos Humanos, no en el Corán, la Biblia o los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia.

Sobre aquellas barandillas morales, las de rango civil, se apoya la normativa que será aprobada, o no, por los representantes de la soberanía nacional en las Cortes Generales. Según dichos protocolos y convenciones, vigentes en los países democráticos de nuestro entorno, no se da ningún supuesto de violación del derecho a la vida en la normativa que el Gobierno ha enviado a las Cortes para actualizar una legislación que se había quedado obsoleta y adaptarla a la que rige en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Lo último es rasgarse las vestiduras por rebajarse hasta los 16 años la edad de la autonomía de una mujer para interrumpir un embarazo indeseado. La derivada: podrá tomar la decisión en contra de la voluntad de sus padres e incluso sin consultarles. El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, declaraba ayer: “Me parece un error”. Puede ser. Pero ¿de quién? Se insinúa que del Estado, o del legislador, si llega a dar luz verde a este punto de la reforma, seguramente el más polémico. Y eso me parece absurdo, porque no se prohíbe ni se impide que la muchacha consulte con su familia, se deje arropar, aconsejar, e incluso persuadir, en la seguridad de que sus padres siempre querrán lo mejor para ella.

Pero las relaciones entre la muchacha y su familia pertenecen al ámbito privado. Ahí no puede, ni debe, ni quiere meterse el Estado, aunque sí puede fijar por ley que la última palabra la tenga la mujer, a partir de los 16 años. Una edad magnífica para que un ser humano empiece a conjugar el binomio moral de la existencia: libertad y responsabilidad. Es lo que a efectos jurídicos le reconocerá el Estado cuando la interrupción del embarazo, como se pretende, desaparezca como una de las excepciones contempladas en la Ley de Autonomía del Paciente para personas menores de 18 años.