¿Garzón, prevaricador?: nuevo intento para sacarle del campo

Tanto sus compañeros de la Audiencia Nacional como el Fiscal invocaron en su día la falta de competencia del juez Garzón para investigar los crímenes del franquismo. El propio juez acabó asumiendo esas tesis con su renuncia en favor de los juzgados territoriales (noviembre 2008). Pero ni al Fiscal ni a sus compañeros se les pasó por la cabeza denunciar una supuesta conducta prevaricadora del polémico titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional.

 

Lo que no se les ocurrió a ellos se le ocurrió después al ex dirigente de Fuerza Nueva, Miguel Bernard, en nombre del llamado sindicato “Manos Limpias”. También se le había ocurrido al PP, al estallar el “caso Gürtel”. Entonces vino la sala segunda del Tribunal Supremo, en un auto perfectamente razonado (primeros de abril de este año), a decirnos que Garzón ni había prevaricado ni había filtrado. Hubo pronunciamientos similares del CGPJ, la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo. Así les pararon los pies al PP y otros actores sindicados para sacar al juez del terreno de juego con notorio desprecio de su función jurisdiccional. Aunque ayer, al saber que el Supremo admitía a trámite la querella contra Garzón, se declararon incurables fans del Estado de Derecho.

Ahora se les presenta una nueva oportunidad de acabar con Garzón gracias a la iniciativa de este ex dirigente de la ultraderecha española que tiene montada una verdadera industria de la querella, como es público y notorio. Dicho sea por afán de poner todos los datos sobre la mesa. También el más importante de todos: el derecho a la tutela judicial efectiva, la reclame el tal Miguel Bernard o su porquero, si en su lucha por el saneamiento de la vida pública (¿?) tienen sospechas fundadas de que el juez que quiso sentar en el banquillo a los 45 fiambres de la élite franquista es un prevaricador.

Están en su derecho. Como los dirigentes del PP que se muestran felices con el funcionamiento del Estado de Derecho si el imputado es Garzón, pero no tanto si el imputado es Francisco Camps u otros dirigentes de su partido. También en este punto todos deberían asumir el mismo respeto institucional ante las imputaciones por cohecho que ante las imputaciones por prevaricación, caigan sobre quienes caigan, siempre que estén dictadas por el órgano jurisdiccional competente. Y nunca en función de intereses de partido o de nuestra insoportable manía de procesar las intenciones ajenas, incluidas las de un juez, o las de un tribunal.

El respeto a las decisiones judiciales es una institución muy devaluada. Y por mucho que haya perdido significado y significante, es lo que toca reivindicar aquí y ahora. Respeto y acatamiento de las decisiones de un juez, o de un tribunal, aunque no nos gusten. El propio Estado de Derecho tiene sus mecanismos para poner a cada cual en su sitio. Ya nos dirá el alto tribunal si Garzón prevaricó o no en su intento de causa general contra el franquismo. Ya nos lo dijo en el caso Gürtel al rechazar una querella del PP, también por una cuestión de competencia, aunque no recuerdo ninguna disculpa de Trillo ni de quienes pusieron en duda la honorabilidad del magistrado.

De momento, sabemos que Garzón piensa recurrir la decisión del Tribunal Supremo. Todos iguales antes la ley. Por supuesto. El propio magistrado invocó ese principio cuando ayer le pusieron delante un micrófono.