Así es el tiro al Blanco en plena campaña

No me escandalizaría si se llegara a demostrar que el ministro portavoz del Gobierno y número dos del PSOE hubiera cometido algún delito o incurrido en una mala práctica. Los que ya tenemos percebes en los sobacos descontamos nuestra particular cura de espanto a ese respecto. Lo chocante es decretar el tiro al Blanco porque cierto empresario gallego, con el asesoramiento de un abogado enredador y la colaboración de un medio informativo, haya decidido unilateralmente ponerlo bajo sospecha sin otras pruebas que su palabra de imputado por alzamiento de bienes (meter la mano en la caja), falsedad documental (mentiroso) y fraude fiscal (quedarse con el dinero de todos). O sea, la palabra de quien fue encarcelado por ser un presunto ladrón, un presunto mentiroso y un presunto defraudador, contra la palabra de un ministro que, naturalmente, lo niega todo.

Pare usted el carro, señor Casado, me dirán ustedes creyendo que olvido el testimonio documental de la juez de Lugo ante el Tribunal Supremo. Ha enviado al alto tribunal la correspondiente “exposición razonada”. Se abstiene de investigar a un aforado y se remite al ámbito de quienes tienen la competencia para hacerlo porque la descripción de los hechos relatados por el empresario, Jorge Dorribo, encajan en dos figuras penales: cohecho y tráfico de influencias (el empresario habría hecho llegar al bolsillo de José Blanco, a través de su primo, la cantidad de 400.000 euros a cambio de ciertas gestiones).

Cierto. Pero del celo investigador de 'El Mundo' no se desprende que la juez haya dictado diligencias indagatorias que refuercen las acusaciones del tal Dorribo. Por tanto, la base de las sospechas sobre la conducta de Blanco nos sigue remitiendo a la palabra de Dorribo y a los recortes de un periódico de aversión acreditada al PSOE y a su candidato, Pérez Rubalcaba.

La base de las sospechas sobre la conducta de Blanco nos sigue remitiendo a la palabra de Dorribo y a los recortes de un periódico de aversión acreditada al PSOE y a su candidato, Pérez Rubalcaba

Lo único que ha hecho la juez hasta ahora es tomar declaración a un preso preventivo (por falsedad, fraude y alzamiento de bienes), ponerle luego en libertad y, posteriormente, ya en plena campaña electoral, trasladar al Tribunal Supremo las acusaciones que figuran en la deposición del tal Dorribo porque en ellas aparece un aforado. Esas acusaciones, formalizadas en un sumario judicial declarado “secreto”, se han convertido en interesada aportación del acusador y su abogado al “periodismo de investigación”.  Lo demás, han sido balones centrados por 'El Mundo' para que los fueran rematando los dirigentes del PP.

Esos son los contenidos de una sucia operación contra José Blanco, que judicialmente no está acusado de nada y nadie le ha comunicado nada. Solo por la prensa sabe, y sabemos todos, que ahora el Tribunal Supremo, previo pronunciamiento del fiscal, debe decidir si admite a trámite o no la exposición razonada de la juez Estela San José. De momento, contra José Blanco solo hay lo que el tal Dorribo dice que hay. Cuando haya algo más, hablaremos. Y si eso se desinfla al día siguiente de las elecciones, hablaremos también, como hablamos cuando parecía que el presidente del Congreso, José Bono, era un pozo de ilegalidades y malas prácticas. No servirá de nada, pero eso es otro asunto.

Mientras tanto, un poco de sentido común. Unas cuantas empresas farmacéuticas piden licencias para elaborar monodosis y todas las consiguen, excepto la de Dorribo, por no reunir los requisitos exigidos. ¿No es absurdo que pague a un ministro a cambio de nada? Lo que causa esguince de cerebro es imaginar que se paga el cohecho en una gasolinera, con dinero en metálico, primo mediante, en uno de los lugares más concurridos de Lugo, con los escoltas policiales por testigos y con la Guardia Civil pendiente del coche oficial para abrirle paso, ya con Dorribo dentro, camino de un almuerzo con empresarios.

(Cuando la práctica del periodismo se subordina a la ubicación en las relaciones de poder, estas cosas nunca vienen solas. Sobre todo en campaña electoral. Lo último es presentar como tráfico de influencias las gestiones de un ministro para agilizar un trámite administrativo sometido a expediente público, abierto y transparente. Pero dejemos eso para otro día).