Cumplimiento de la ley y abuso de autoridad en Valencia

Las cargas policiales del lunes en Valencia han tenido una enorme capacidad de convocatoria. Ni la imaginación más desbordada habrá sido capaz de ver una “marea roja” dispuesta a quemar la calle en los miles de españoles que ayer se manifestaron en solidaridad con los estudiantes y repulsa a la actuación policial. Sin embargo, aún quedará algún necio dispuesto a maliciarse una antesala de agitación a la griega. O algún manipulador empeñado en presentar los incidentes del lunes como una “batalla campal”. No hubo enfrentamiento, como sugiere el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, o el presidente valenciano, Alberto Fabra, sino carga de una parte sobre otra. Eso es puramente descriptivo, sin perjuicio de su discutible justificación ante los cortes de tráfico y la ocupación de la vía pública, y nos remite al cumplimiento de la ley como imperativo. Correcto. Pero el cumplimiento de la ley no puede ser la pantalla de una actuación desmedida. Ni debe utilizarse como burladero de unos responsables policiales y políticos que han incurrido en un caso de abuso de autoridad. Ahí estamos.

El cumplimiento de la ley no puede ser la pantalla de una actuación desmedida. Ni debe utilizarse como burladero de unos responsables policiales y políticos que han incurrido en un caso de abuso de autoridad

Con algunas excepciones dignas de pasar a la antología del disparate, como la de la alcaldesa, Rita Barberá, al denunciar una conspiración judeo-masónica de la izquierda, el Gobierno y los dirigentes del PP han reconocido que la respuesta policial fue desproporcionada, aunque hayan tenido que templar gaitas en las declaraciones oficiales. De acuerdo. No se trata de dejar a la Policía a los pies de los caballos. Eso no lo puede hacer ningún Gobierno, aunque haya un coste en términos de “imagen”, que es la lógica preocupación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según confesó ayer en Londres.

Pero, ojo con reducirlo todo a “algún exceso” o “alguna actuación desafortunada”, como si fueran hechos aislados, porque en los protocolos de actuación de las unidades antidisturbios no cabe hablar de actuaciones individuales de sus agentes. Y tampoco tiene sentido imputar a dichas unidades la responsabilidad de sus intervenciones, o las consecuencias de las mismas, pues se limitan a actuar según las órdenes recibidas y según sus protocolos de actuación. De modo que si las cargas fueron desproporcionadas, y lo fueron, según el documentadísimo sentir de la opinión pública (docenas de testimonios visuales y sonoros circularon ayer por la red y las redacciones), la responsabilidad es de quienes se lo ordenaron. En el plano técnico, el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, el que calificó de “enemigos” a los estudiantes. Y en el plano político, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

De ahí para arriba en la escala de mandos. Hasta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ayer cometió el error de admitir en público que “tal vez la carga fue excesiva” y que “tal vez hubo alguna actuación desafortunada por parte de algún policía”. La respuesta fue inmediata por parte del sindicato mayoritario de los profesionales de la Policía (SUP), que no se anduvo por las ramas al denunciar en un comunicado la “cobardía política y personal del ministro”.