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Fin del culebrón: Garzón expulsado de la carrera
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Antonio Casado

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Fin del culebrón: Garzón expulsado de la carrera

Hace casi dos meses, cuando ni siquiera habían comenzado los juicios, me arriesgué a anticipar en este mismo rincón diario de El Confidencial que el juez

Hace casi dos meses, cuando ni siquiera habían comenzado los juicios, me arriesgué a anticipar en este mismo rincón diario de El Confidencial que el juez Baltasar Garzón sería condenado por las escuchas a los abogados de Gürtel y absuelto por investigar los crímenes del franquismo (“La patada a Garzón no será por su celo antifranquista”, 2 febrero 2012). Era la simple referencia a un comentario generalizado entre jueces y magistrados, incluidos los que habrían de juzgarle en las dos causas abiertas por presunta prevaricación. Es decir, en los dos únicos procedimientos penales que podían cancelar su carrera profesional tras una eventual condena de inhabilitación.

Si lo recuerdo ahora es por reafirmarme en la tesis, que siempre defendí, de que el colegio cardenalicio de la Judicatura primero decidió expulsar a Garzón de la carrera y después buscar las excusas. Las excusas fueron tres, las tres por prevaricación (una de ellas se quedó en cohecho impropio por el camino  y luego archivada), y las tres en un periodo de tiempo inusualmente breve, lo cual no dejaba de ser sorprendente después de treinta y tantos años de oficio.

No menos sorprendente ha resultado que su alejamiento de la función judicial se produjera, ya hace casi dos años (14 mayo 2010), por una causa de la que ayer fue absuelto. Dice la sentencia del Tribunal Supremo que Garzón cometió errores al pretender depurar responsabilidades penales por los crímenes del franquismo, pero no cometió prevaricación.Dicho sea todo ello con el consabido acatamiento (acatar no supone compartir, ojo) a las tres sentencias dictadas contra Garzón: una le condena, otra le absuelve y una tercera archiva la causa. Como en el corrido mexicano, solo una de las tres heridas fue de muerte.

O sea, por esta causa nunca hubiera sido expulsado de la carrera. Sin embargo, por esta causa ya había sido expulsado de forma provisional. Ahora resulta que no había razón técnica. Da igual. La hubo después, hace apenas unos días, por el asunto de las escuchas a los abogados de una trama de sinvergüenzas. La expulsión ya es definitiva. De eso se trataba.

Nunca me cayó especialmente simpático Baltasar Garzón. Pero creo que ha sido objeto de una represalia corporativa, con el inequívoco apoyo de la derecha política y sus terminales mediáticas. Y desde el punto de vista técnico, solo en el caso de las escuchas (violación del derecho de defensa) encajaban las pruebas objetivas de su culpabilidad, aunque el fiscal y otros dos jueces las apoyasen –las escuchas-. Los otros dos estuvieron dominados por los procesos de intención y las aportaciones de la gente que le tenía ganas. Demasiada.

Dicho sea todo ello con el consabido acatamiento (acatar no supone compartir, ojo) de las tres sentencias dictadas contra Garzón: una le condena, otra le absuelve y una tercera archiva la causa. Como en el corrido mexicano, solo una de las tres heridas fue de muerte. Suficiente. Y de paso nos ahorramos el escándalo internacional por una eventual condena del juez que quiso investigar los crímenes del franquismo. La Justicia española le dice al mundo que la intención de Garzón era subsanar la desigualdad objetiva en el trato recibido por las víctimas de uno y otro bando de la Guerra Civil. El mundo puede estar tranquilo: no hay ‘revival’ franquista. Pero Garzón queda fuera de la Judicatura. Fin del culebrón.

Hace casi dos meses, cuando ni siquiera habían comenzado los juicios, me arriesgué a anticipar en este mismo rincón diario de El Confidencial que el juez Baltasar Garzón sería condenado por las escuchas a los abogados de Gürtel y absuelto por investigar los crímenes del franquismo (“La patada a Garzón no será por su celo antifranquista”, 2 febrero 2012). Era la simple referencia a un comentario generalizado entre jueces y magistrados, incluidos los que habrían de juzgarle en las dos causas abiertas por presunta prevaricación. Es decir, en los dos únicos procedimientos penales que podían cancelar su carrera profesional tras una eventual condena de inhabilitación.