El ruido de la calle se mete en el debate político

Que Aznar, Cospedal, Esperanza Aguirre, Federico Trillo, Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Arias Cañete y otros dirigentes del PP se manifiesten en la calle contra el matrimonio gay (18 de junio de 2005) o contra el aborto (18 de octubre de 2009) es tan normal como encontrar a dirigentes del PSOE en una marcha contra la reforma laboral del Gobierno del PP. Lógico, normal y, por supuesto, absolutamente legítimo. ¿A qué viene escandalizarse por la adhesión socialista a las movilizaciones sindicales de ayer, las del pasado 19 y las convocadas para los próximos 8 y 11 de marzo, que no deben confundirse con las algaradas estudiantiles de ayer?

Se entiende que el Gobierno Rajoy se sienta ahora tan contrariado como antaño se sentía el Gobierno Aznar por las manifestaciones contra la guerra del Irak. O tan contrariado como se sentía el anterior Gobierno socialista al ver al PP apoyando, convocando o participando en las manifestaciones contra la política antiterrorista de Zapatero (al menos diez, en la etapa con menos víctimas de ETA). En todos los casos, el argumento de la parte contrariada fue el mismo: “Quieren ganar en la calle lo que no ganaron en las urnas”. Los tics del poder no cambian. Aunque cambie el inquilino de Moncloa, el argumento se repite como si se acabara de descubrir el Mediterráneo.

“Quieren ganar en la calle lo que no ganaron en las urnas”. Los tics del poder no cambian. Aunque cambie el inquilino de Moncloa, el argumento se repite como si se acabara de descubrir el Mediterráneo

Vaya descubrimiento. Naturalmente que el PSOE se frota las manos con las movilizaciones callejeras contra la reforma laboral. El motivo de la protesta (despido fácil y recorte de derechos, a su parecer) encaja en sus presupuestos políticos e ideológicos. Le da la ocasión de diferenciarse como alternativa de poder. Le sirve para reconciliarse con los sindicatos y empezar a recuperar a sus desalentados seguidores. De paso, trata de desgastar al adversario en el poder. Por tanto, lo raro hubiera sido optar por la neutralidad ante esa estrategia definida por Candido Méndez y Fernández Toxo como “movilización creciente y sostenida”.

El Gobierno Rajoy siempre podrá reprochar a los socialistas, como el Gobierno Zapatero reprochaba al PP con los papeles cambiados, que no arriman el hombro, que se desentienden del futuro del país o que hacen una oposición irresponsable. Pero el argumento se desinfla ante el apoyo al Gobierno de la Nación en los grandes asuntos del Estado (Defensa, Exteriores, Terrorismo y funcionamiento institucional), recientemente comprometido por el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Menos aún se sostiene esa enormidad que atribuye a los sindicatos y la izquierda política la intención de “quemar” la calle y “helenizar” la protesta contra la reforma del mercado de trabajo. Más allá de incidentes promovidos por minorías radicales, como los de ayer en Barcelona, rechazadas por los propios sindicatos, ni de lejos puede compararse con la dureza de la revuelta social griega. Insisto: no confundamos los condenables brotes de vandalismo de ayer en Barcelona con las protestas contra la reforma laboral convocadas por sindicatos y apoyadas por el PSOE

Aquí y ahora la calle no es un ámbito ajeno o incompatible con el ejercicio de la oposición en el Parlamento. Tampoco es ajeno a los usos y costumbres de una democracia reconocible en los derechos de manifestación, expresión, reunión y asociación. Todo eso está reglado. Y por eso carece de sentido acusar al PSOE de querer ganar en la calle lo que no puede ganar en las urnas. Calle y urnas son compatibles. También puede ocurrir que el mal uso de la calle le cierre a un partido la victoria en las urnas. En ese caso, el adversario debería estar encantado.