Corrupción en Andalucía: otro caso para la vergüenza

En el caso Invercaria se apunta a un fraude de cuarenta millones de euros. Hasta cierto punto eso es secundario. No es lo malo por sí mismo el montante de dinero público distraído en los casos de corrupción política, que también, por supuesto. Lo malo es, una vez más, la desprotección del ciudadano frente a las corruptelas asociadas al comportamiento personal de un gobernante o, peor todavía, a un método de actuación pensado para burlar la norma y, en consecuencia, perpetrar la arbitrariedad.

Precisamente lo que revela la conversación robada de la entonces presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, con un directivo de esta sociedad dependiente de la Junta de Andalucía, Cristóbal Cantos, es un sistema de funcionamiento irregular cuyo diseño ya ha previsto la forma de escapar a cualquier control administrativo o político. De hecho son las prisas por blanquear las sospechas de la Cámara de Cuentas de Andalucía (una especie de Tribunal de Cuentas a escala autonómica) lo que motiva la conversación filtrada ayer a ciertos medios informativos.

“Todos los que están por encima de míi saben lo que hay en Invercaria”, le dijo Gómiz a Cristobal Cantos

La Junta de Andalucía y el PSOE han reaccionado como reaccionaba el Gobierno valenciano de Camps ante un nuevo dato sobre la trama Gürtel: un montaje del adversario político. Pero la presunta intencionalidad política de la filtración no puede hacernos olvidar la corruptela en sí misma. Así que, a falta de mejores excusas y por muy manipulada que esté la grabación, hay dos pasajes que desvelan con meridiana claridad la existencia de un tinglado clientelar amparado en una supuesta “contribución al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región”.

Con esa credencial administrativa acabó en el boletín oficial de la Comunidad esta empresa pública dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Destinada a la inversión y gestión de capital riesgo que, dicho sea de paso, no sé qué demonios pinta una sociedad de esta naturaleza en la agenda pública de un Gobierno autonómico. Raro, raro, raro, que diría aquel. No me extraña que ante la dificultad de encajar en la legalidad (a posteriori, claro) ciertas operaciones denunciadas en enero por la Cámara de Cuentas de la Comunidad, la citada Laura Gómiz, le dijera a su interlocutor que el modus operandi de Invertaria no respondía a ningún procedimiento administrativo porque “no había ningún procedimiento”. Por tanto, tampoco había criterios previos para fijar el destino de los fondos. O sea,  vía libre para el ejercicio de la discrecionalidad a la hora de distribuir las ayudas o las participaciones empresariales que, de ese modo, podían acabar favoreciendo al amigo, el familiar, el compañero de partido o el vecino de la escalera, si se daban la maña de hacerse los encontradizos.

Ese es uno de los dos pasajes más reveladores de la grabación. El otro es demoledor para José Antonio Griñán, el candidato socialista a repetir como presidente de la Junta en las elecciones del próximo día 25: “Todos los que están por encima de míi saben lo que hay en Invercaria”, le dijo Gómiz a Cristobal Cantos, entonces director de Promoción de Invertaria y hoy ya despedido. Lógico.