Recortes en las autonomías y Estado del Bienestar

De fueros y huevos, una vez más. El huevo es el recorte, durísimo en algunos casos, como será el de Cospedal en Castilla-La Mancha, obligada a reducir su déficit (el de la Comunidad, se entiende, no el de su economía familiar, que va sobrada de sueldos), exactamente del 7% al 1,5%, en un contexto de recesión económica. Y el fuero se refiere a la identidad de un Estado fuertemente descentralizado y comprometido por ley con el bienestar de los ciudadanos.

Esas son las coordenadas del debate de ayer tarde en el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera (ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y consejeros del mismo negociado en las Comunidades Autónomas). El objetivo es el recorte del gasto autonómico de modo que, sumado al del resto de las administraciones y la Seguridad Social, permitan a Mariano Rajoy presumir en Bruselas de la España cumplidora al 5,8% de déficit público en 2012 y al 3% en 2013.

Ya cuenta con el asentimiento de todas las Comunidades excepto la de Andalucía, que votó en contra de asumir el tope del 1,5% de déficit al finalizar el año. Canarias y Cataluña se abstuvieron a la espera de que el Gobierno cierre los Presupuestos de 2012 y puedan tomarse como referencia. Pero nos seguimos preguntando: ¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?

¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?

La pregunta no es retórica. Hace unos días tuve ocasión de charlar informalmente con José Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso) y expresó su preocupación porque la lucha contra el déficit público se convierta en un pretexto para desvirtuar la descentralización del poder proclamada en la Constitución. Por ejemplo, mediante la reversión de competencias.

Mucho menos retórico es el temor de la izquierda a que el compromiso contraído por los consejeros autonómicos, salvo la mencionada insumisión andaluza y el tiempo muerto pedido por canarios y catalanes, acabe afectando a la prestación de los servicios públicos que conforman el llamado Estado del Bienestar. Unos servicios que, como Educación y la Sanidad, están a cargo de las Comunidades Autónomas y se llevan la parte del león en sus respectivos presupuestos anuales.

El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, ya ha dicho en muchas ocasiones que esa línea roja no debe cruzarse en los programas de austeridad y recortes, por duros que éstos sean. Y los dirigentes socialistas andaluces, en línea con la insumisión del consejero de la Junta en la votación de ayer (estaba cantado, por la proximidad de las elecciones regionales), ya han dicho con toda claridad que el Gobierno del PP pretende la “expropiación del Estado del Bienestar” (Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz).

En cuanto al Gobierno de Rajoy tenemos su compromiso de que la austeridad no afecte a la prestación de servicios sociales y la declaración del ministro Montoro al terminar la reunión con los consejeros autonómicos: “Las comunidades saben lo que tienen que hacer en su casa, cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades”. O sea, que de momento, y a falta de mayores precisiones sobre el uso de la tijera en las distintas Autonomías, anunciar que los servicios sociales no se van a resentir es una cuestión de fe.