Los indignados del 15-M y su difícil relación con la ley

El fin de semana español en la prensa internacional no fue el cuarto intento de reforma financiera firmado por el Gobierno, la subida de temperaturas, los congresos regionales del PP, la lucha por la Champions o por evitar el descenso en la Liga de Fútbol, la nacionalización de Bankia o las declaraciones de Rajoy sobre su angustioso desajuste entre lo que hace y lo que le gustaría hacer, sino la imagen de una Puerta del Sol madrileña abarrotada de pacíficos ciudadanos manifestándose contra la presentida sociedad del sálvese quien pueda.

Suficiente para tomarse en serio la vigencia de este movimiento social instintivo, y por tanto desorientado, que celebra estos días su primer aniversario. Hoy, tercera jornada de movilizaciones en la geografía urbana de nuestro país, con especial atención a las grandes concentraciones de ‘indignados’ en Madrid y Barcelona. Sin que la proverbial diferencia de criterio entre manifestantes y responsables del orden público haya generado nada de lo que unos y otros tuvieran que arrepentirse. Mejor así.

Sin embargo, a esa temida colisión entre seguidores del 15-M y guardianes de la ley parece haber quedado reducida la importancia del movimiento iniciado hace ahora un año. Como si el único límite de su razón de ser fuese el cumplimiento o el incumplimiento de la ley a la hora de hacerse ver y oír. Son la prueba viva del malestar social. Decirlo, expresarlo, gritarlo, era su prioridad hace un año. Y lo sigue siendo.

El tono mayoritariamente pacífico de las concentraciones del fin de semana, a pesar de los detenidos en el desalojo policial de la noche del sábado en Madrid, demuestra que convocantes y organizadores no están por el desorden público

No se les puede juzgar únicamente por la supuesta intención provocadora que algunos les atribuyen en relación con el marco legal. El tono mayoritariamente pacífico de las concentraciones del fin de semana, a pesar de los detenidos en los desalojos policiales de las dos últimas noches en Madrid, demuestra que convocantes y organizadores no están por el desorden público. Pero si en la expresión de su malestar la ley sale malparada no van a perder el sueño quienes precisamente están protestando contra un orden legal y moral radicalmente injusto. Entre otras cosas porque saben ellos y sabemos nosotros que los gobernantes tienen más medios para hacer cumplir la ley que los insumisos para burlarla.

En este contexto, a los indignados no se les debería dejar reducidos al imperativo legal como límite sagrado de sus concentraciones, sus asambleas, sus lemas. Están obligados a cumplir la ley, como todo hijo de vecino, pero esa exigencia no debería ser utilizada contra ellos como elemento paralizante de su fundamentada indignación. No sin que el recurso al diálogo se haya practicado hasta la extenuación.